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pronunciamiento institucional por la Paz en Colombia.
El paramilitarismo es hoy en día un fenómeno de enorme gravedad en Colombia. Su avance, sus cotidianas barbaridades –masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, hostigamientos, amenazas y masivos desplazamientos forzados- hacen necesarias una denuncia internacional de este fenómeno.
Los informes emitidos por Naciones Unidas en el año anterior (el de la Sra. Mary Robinson en Marzo y el de Sra. Hina Jilani en Octubre) recomiendan al gobierno colombiano medidas para el desmonte paramilitar y para desvincular al estado de esta estrategia de muerte.
Sin embargo ambos informes han sido hasta hoy desoídos, y lejos de ponerse en practica, lo que esta ocurriendo es una demencial carrera de terror mercenario.
El paramilitarismo en Colombia tiene un larga historia. Es muy anterior a las guerrillas. Las clases pudientes para perpetuarse en el poder político y económico han recurrido sistemáticamente a métodos ilegales y violentos siempre, cuando los métodos legales no alcanzaron para defender, extender y mantener sus privilegios. Así, la adquisición de extensos territorios ha sido en gran medida en forma violenta y los terratenientes han empleado pistoleros para lograr sus fines muchas veces camuflando sus verdaderos intereses detrás de justificaciones ideológicas y sabiéndose amparados por las estructuras estatales y sus medios. Además, está comprobado, el paramilitarismo fue una directriz del gobierno de los EE.UU. desde los años sesenta, para desarrollar estas décadas la guerra sucia contra la oposición y los sectores calificados de enemigos internos.
El señalamiento y denuncia de militares comprometidos en la violación de los DD.HH. a finales de la década del 70 principios del 80 implicó fuertes críticas al gobierno y posibles sanciones internacionales, lo que llevó al Estado a fortalecer el paramilitarismo como "un grupo al margen de la ley" continuando así su política de terror y de paso, intentando limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas.
El paramilitarismo reconoce emplear la violencia para esta finalidad, y estar además financiado y al servicio del narcotráfico.
El paramilitarismo convoca discursiva y articuladamente en la perspectiva de una intervención militar directa, en la línea de agudización de la crisis colombiana y su internacionalización, alegando la inviabilidad de una solución racional entre las partes contendientes, contribuyendo a una desestabilización al mejor postor, a cambio de impunidad y la detentación de poder económico.
Por ello esta Corporación se pronuncia:
Es un deber y un compromiso del Estado Colombiano -representado por el Gobierno
- desmantelar la estrategia paramilitar, perseguir a sus promotores, ejecutores
y encubridores, depurar las responsabilidades y promover el enjuiciamiento de
los responsables. Esto es indispensable si se quiere reconstruir la verdad,
la justicia y la reparación, un orden democrático y un Estado
de Derecho. Es no solamente una exigencia frente a los inalienables Derechos
Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, sino también una obligación
básica frente a las incontables víctimas.
El paramilitarismo debe ser denunciado por lo que ha sido históricamente
y es hoy día; lo que implica diariamente en realidad: masacres, desplazamiento
forzado, tortura, amenaza, exilio, estigmatización, aniquilamiento, la
negación de todos loS derechos civiles y políticos, calumnia,
tergiversación, mentira, sevicia y crueldad; y lo que implica a futuro:
chantaje e impunidad. Silenciarse frente a los crímenes en nada ayuda
a la Paz. Una verdadera Paz nunca se puede construir sobre la mentira, conservando
los mecanismos del crimen y de la impunidad.
La disolución de las organizaciones paramilitares y el corte de todos
los nexos entre ellas y el Estado es un deber indispensable para que éste
pueda recuperar su institucionalidad. No puede seguir tolerando que organizaciones
armadas, basándose en crímenes de lesa humanidad y en el terror,
actúen en su nombre.
Los derechos de las víctimas y de sus organizaciones a la verdad, la
justicia y la reparación deben ser reconocidos y exigidos como principios
fundamentales no negociables. Reafirmamos, lo que muchas ONG, personalidades
y políticos en la comunidad internacional han expresado en el "Manifiesto
por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia": "el perdón
solo podrá venir de las víctimas y nunca de los verdugos. El perdón
no se decreta. La capacidad de perdonar es inherente a la víctima y está
relacionada con la necesidad de saber la verdad y ver realizada la justicia.
Solo así el pasado será pasado aunque nunca olvido".
La comunidad internacional, las ONG internacionales, las instancias intergubernamentales,
los Estados, tienen que exigir del Estado colombiano el incondicional y absoluto
respeto de los Derechos Humanos, el acatamiento estricto al Derecho Internacional
Humanitario ya todos los convenios internacionales suscritos por el Estado de
Colombia y no más dilaciones para que se cumplan las responsabilidades
de un Estado de Derecho que reclama reconocimiento. Dentro de estas obligaciones
cabe como prioridad indiscutible el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares
y la sanción de los responsables materiales e intelectuales. Sólo
así hay condiciones de posibilidad para la reconstrucción del
país y andar los caminos de la paz con justicia social.
La disolución de estos grupos y el castigo de sus responsables es un requisito básico para el avance de cualquier proceso. El Estado colombiano debe dar pasos decididos para su desmantelamiento ya que el paramilitarismo con su accionar criminal amenaza seriamente cualquier solución política negociada del conflicto y se convierte en el mayor obstáculo para el logro de una Colombia con justicia, libertad y en paz.
Hacemos traslado de este pronunciamiento:
*a los ciudadanos y ciudadanas del Concejo.
*al gobierno de Asturias.
*al gobierno de España.
*al Parlamento Europeo.
*al gobierno de Colombia.
*A Naciones Unidas.
