DENUNCIA PUBLICA

La Corporación Regional para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos
-CREDHOS- hace publica su preocupación por una serie de hechos acaecidos en
la región del Magdalena Medio y Villavicencio, Meta, afectando gravemente a
la población civil.

En primera instancia registramos con suma preocupación los recurrentes
bloqueos viales de la semana pasada a la altura del sitio conocido como Mata
de Cacao vía autopista Barrancabermeja-Bucaramanga y sobre la troncal del
Magdalena Medio en inmediaciones de la vereda San Rafael de Payoa,
jurisdicción de Sabana de Torres en este ultimo bloqueo fueron asesinados
dos civiles identificados como Luis Francisco Mendoza Socarras y Deglis
Yesid Silvera Barrios, cuando se desplazaban en un bus intermunicipal que
cubría la ruta Cali-Cartagena. En el marco de estos hechos atribuidos por
las autoridades a insurgentes de las FARC, llama poderosamente la atención
que en una vía tan militarizada con retenes permanentes de la Fuerza Pública
ocurran estas acciones tan lamentables.

Igualmente, hacemos un enérgico repudio al atentado dinamitero acaecido en
la ciudad de Villavicencio el día sábado 6 de Abril que deja 12 personas
asesinadas y 67 heridos, según informes oficiales. Este hecho es igualmente
atribuido a las FARC por parte de las autoridades oficiales. Frente a esto
nos unimos al rechazo nacional, y seguimos llamando a las partes
involucradas en el conflicto armado a buscar salidas políticas negociadas,
ya que desde hace cuatro décadas vivimos esta confrontación que a enlutado
miles de hogares en Colombia.

También, denunciamos los crímenes cometidos contra la profesora Nelsy
Gabriela Cuesta Córdoba de 45 años, oriunda de Barrancabermeja, quien había
sido desaparecida el pasado 4 de Abril, cuando se desplazaba por carretera
hacia la vereda de Puerto Matilde del municipio de Yondó, Antioquia, donde
se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal. La mujer fue
bajada del automotor donde se desplazaba por un grupo armado. Su cadáver fue
hallado en la mañana de ayer flotando por el río Magdalena a la altura del
municipio de Puerto Wilches, Santander, registrando dos impactos de arma de
fuego a la altura del cráneo.

Así mismo, el pasado 5 de Abril fueron ultimados los señores José Fabio
Hernández Aguilar, técnico electricista, oriundo de Yondó (Antioquia) y
Rubén Darío Salazar Gutiérrez oriundo de Medellín, fueron interceptados en
uno de los sitios donde los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas
de Colombia-AUC- mantienen sus retenes ilegales entre Barrancabermeja y
Cuatro Bocas sobre el río Magdalena. Los cuerpos inertes de estos dos
hombres fueron hallados por sus familiares flotando en el río en medio de
una palizada y en avanzado estado de descomposición, siendo trasladados a
Barrancabermeja donde se les dará cristiana sepultura.

Estos tres asesinatos son atribuidos a los paramilitares de las AUC quienes
a finales del año anterior vienen adelantando una arremetida en esta zona
del Nordeste de Antioquia contra los campesinos acusándolos de ser
auxiliadores de la insurgencia. Lo extraño de la situación es que las
autoridades no se han pronunciado frente al hecho.

El recorrido de la muerte que vienen adelantando los paramilitares en la
región, se siente también en Barrancabermeja, donde en lo corrido del año,
han segado la vida de 30 personas, en su afán de ejercer el control total
sobre la ciudad.

Por todo lo anteriormente denunciado y en nuestro afán de persistir por los
Derechos Humanos, nuevamente nos preguntamos que pasa con la labor de
prevención y protección a la vida, bienes, honra de los ciudadanos y
ciudadanas por parte del Estado colombiano.

LLAMAMOS

§ A LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES (Guerrilleros y paramilitares) a respetar a
la población civil como lo manda y exige el Derecho Internacional
Humanitario gravemente infringido en los sucesos aquí denunciados.

§ AL ESTADO COLOMBIANO en sus diferentes instituciones y autoridades
adelantar una acción más pro-activa de defensa a la vida, bienes y honra de
la población civil colombiana.

§ A la Fiscalía, Ministerio Público y a los organismos control del Estado
colombiano que se esclarezca y castigue, a las personas involucradas en
estos hechos acaecidos en la región del Magdalena Medio y Villavicencio.

§ Al Gobierno local y regional para que recupere el control de
Barrancabermeja que hoy tienen los actores armados al margen de la ley,
asegurando y respondiendo por la vida, honra y bienes de todos sus
pobladores y de la región, como lo establece la Constitución Política de
Colombia y los Pactos Internacionales.

§ A la comunidad internacional, oficina de Derechos Humanos de la ONU en
Colombia y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asumir el
conocimiento y seguimiento a la delicada situación que vive el país, en
particular las ejecuciones sumarias, desaparición forzada entre otras
violaciones.

Redactó

Corporación Regional para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos
-CREDHOS-