Comisión de Derechos Humanos de la ONU

Organizaciones populares y ONGs colombianas acusan.


26.03.2002. ANNCOL, Ginebra, Suiza. Del corresponsal, Niki Llanos Saman. Que en Colombia, el terrorismo de Estado es el principal mecanismo de control social y coacción política, es decir de gobierno, es conclusión inequívoca, al leer el informe que sobre Derechos Humanos en el año 2001, presentaron 62 organizaciones no gubernamentales y sociales de Colombia a propósito de la 58 comisión de la ONU sobre el tema.

Las cifras son reveladoras, hasta junio de 2001 cada día fueron ejecutadas 12 personas extrajudicialmente, una fue desaparecida y otra asesinada en campañas de “limpieza social”. En los casos donde el autor fue identificado, la responsabilidad, según los autores del informe, recae sobre agentes estatales en un 85%, sean estos de las Fuerzas Armadas, de las AUC u otros grupos paraestatales.

Entre tanto 5 personas murieron cotidianamente en combates. Las victimas de la represión y la guerra sucia siguen siendo superiores a las de la guerra abierta (enfrentamiento entre dos fuerzas armadas). Este fenómeno es claramente explicable en la estrategia contrainsurgente del Estado, consistente en “secarle el agua al pez” eliminando a individuos y organizaciones susceptibles de apoyar o coincidir con las propuestas de la lucha guerrillera .

El Estado Colombiano se burla de la Comunidad Internacional.

Según el documento, “la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos tiene que desarrollar su mandato sin cooperación gubernamental y el gobierno no cumple ninguna de sus recomendaciones, ni las de otras instancias internacionales y descalifica regularmente a delegados de la ONU”. Es sin duda, un comportamiento típico de este gobierno, que ya mostró en otros casos, así procedió cuando rompió el proceso de Paz, desconoció a la comunidad internacional.

La ley de seguridad nacional viola toda la legislación internacional en materia de derechos humanos, otorga funciones indebidas la las FFAA, fortalece la impunidad, desconoce la constitución nacional al establecer estados de excepción, subordina la autoridad civil a la militar e inmiscuye a la población civil en el la guerra. En esta ley se plasma de manera clara el espíritu de la vieja “doctrina de la seguridad nacional”.

Dicha doctrina se sigue aplicando, hoy y aquí, sus argumentaciones y métodos han evolucionado, ya no se trata de evitar la propagación del “comunismo Internacional”, la excusa ahora es la lucha contra el “terrorismo internacional”, pero los objetivos y las victimas son las mismas; se trata de un instrumento para contener la lucha organizada de los pueblos por sus derechos.

Paramilitarismo y desplazamiento; caras de una misma moneda.

Tanto el informe de las ONGs como el de la Alta Comisionada, señalan a los grupos paramilitares de ser responsables de la “desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos forzados, bloqueos alimenticios y económicos, secuestros y masacres.” De manera clara las ONGs afirman que estos grupos actúan con “aquiescencia, tolerancia, complicidad o colaboración de agentes estatales”.

En realidad los paramilitares, son ellos mismos un agente estatal, son funcionales al mantenimiento del régimen político actual y como sus mismos personeros lo han declarado, defensores de la propiedad privada y las instituciones actuales; principios y cimientos del Estado que a su vez no es impersonal, sino expresión y sustento del poder de una clase. Dicho en otras palabras el paramilitarismo es estandarte del establecimiento colombiano.

El paramilitarismo a la vez que constituye la columna vertebral de la estrategia contrainsurgente del Estado, sirve a intereses económicos específicos, su acción ha modificado, léase concentrado la propiedad sobre la tierra, su labor a consistido en desplazar el campesinado con su acción violenta, para propiciar el ensanche del latifundio.

En 2001 el resultado de esa política, según cifras de ONGS fue de 375.7000 personas desplazadas de su sitios de vivienda, eso significa 1029 personas cada día.

El D.I.H.

La infracciones a D.I.H, fueron objeto de la preocupación de las organizaciones colombianas en el 2001, se señala que el Estado continua instalando cuarteles de la policía en sitios que ponen en peligro la integridad de civiles y recuerdan que la policía en Colombia depende del ministerio de defensa y desarrolla tareas contrainsurgentes, razón por la cual puede ser objeto de los ataques guerrilleros.

Como hechos positivos, destacan la declaratoria de tregua unilateral por parte del ELN y el intercambio humanitario de prisioneros realizado por las FARC-EP.