Comunicado del Foro Social Trasatlántico frente a ruptura del proceso de paz en Colombia

Estamos aquí para denunciar la agresión militar que sufre el Pueblo Colombiano. El Plan Colombia y su complemento, la Iniciativa Regional Andina, son un plan de muerte y destrucción que tenían en los procesos de paz un obstáculo para su implementación. Los procesos de paz, que ahora el Gobierno Colombiano rompe, han demostrado la falta de interés del propio Gobierno en resolver los problemas de la sociedad colombiana. El Gobierno colombiano ha abrazado los argumentos de la ultraderecha militarista colombiana y norteamericana. Acusa a la insurgencia de lo que son sus actuaciones. La falta de lealtad al proceso de paz ha sido una característica del gobierno colombiano: Mientras por un lado hablaba de paz con la guerrilla por otro no rompía, mas bien profundizaba, su relación con el Paramilitarismo e iniciaba una carrera armamentística para derrotar militarmente a la insurgencia. El Paramilitarismo ha continuado creciendo de la mano del Gobierno, el Ejército y las multinacionales, algunas de ellas españolas. El pasado año 2001 fueron 150 los sindicalistas asesinados la mayoría a manos de los paramilitares. El desarrollo del Plan Colombia era, evidentemente, incompatible con los procesos de Paz. La agenda común acordada en el proceso contempla la discusión de las causas sociales del conflicto sin embargo el Plan Colombia es un paquete que incluye la sumisión a los dictados del FMI que profundizan en la pobreza y demás causas del conflicto. El Plan Colombia es la manera de imponer el ALCA en la región.
El conflicto político, civil y armado no podía quedar al margen del proceso de regresión social auspiciado tras el 11 de septiembre. Antes del 11s la intervención militar norteamericana se camufló como un operativo antinarcóticos que no tenía por qué afectar al conflicto interno. Ya puesto en marcha el Plan Colombia se inició la campaña propagandística que vinculaba la guerrilla con el narcotráfico. Se hablaba de narcoguerrilleros. Pero es sin embargo tras el 11s cuando han encontrado la mejor justificación para la intervención norteamericana. La insurgencia pasaba a ser un grupo de narcoterroristas que ya no lucha por una ideología. El estatus de fuerza política de la insurgencia no depende de los decretos que el Gobierno colombiano emita en función de sus intereses.
La utilización del secuestro de un avión para romper el proceso recuerda el patético montaje periodístico-policial del collar-bomba con el que también lo intentaron. La forma de la ruptura también demuestra la falta de compromiso del Gobierno. De manera unilateral ha ordenado la toma militar de la zona de despeje desatendiendo todos los plazos acordados. En un plazo de horas se iniciaba el bombardeo de la zona del Caguán y se afirmaba que decenas de miles de soldados ya estaban desplegados para entrar en la zona de despeje. Tanta celeridad evidencia como excusa oportuna el secuestro del avión y apunta las causas en otra dirección. En enero del 2002 ya se intentó sabotear el proceso sin embargo tuvieron que rectificar ante la mediación de Naciones Unidas. En ese momento se inició una cuenta atrás que encuentra su espoleta en la decisión norteamericana de destinar recursos del Plan Colombia de manera pública en operaciones explícitamente contrainsurgentes, las operaciones de desestabilización en marcha en la vecina Venezuela y el momento de crisis generalizada en toda Latinoamérica.
Las palabras y los argumentos han sido sustituidas por la propaganda de guerra. La estrategia militar consiste en afirmar la vía de la derrota militar de la insurgencia. Las modernas imágenes de asépticos bombardeos de supuestos objetivos militares recuerdan a las recientes agresiones militares norteamericanas. También se habla de "daños colaterales". El mensaje es claro: El Ejército con el apoyo de los EEUU puede ganar la guerra, la guerra inicia una nueva etapa.
Denunciamos la criminalización de la protesta social y la reivindicación popular y nos manifestamos solidarios con la lucha por una sociedad mas justa por la que la insurgencia lucha junto a otras organizaciones populares y sociales. Nadie puede imponer al Pueblo colombiano el silencio de los cementerios, el Pueblo colombiano tiene derecho a realizar su legítima aspiración a la paz con justicia social.
Solo recordando las palabras del ministro de Asuntos exteriores español en las que vinculaba la Política Exterior española a los intereses de las multinacionales con sede en el Estado español podemos entender el explícito apoyo a la guerra que ha manifestado recientemente. Con este apoyo el Gobierno español ratifica el seguidismo de la política belicista norteamericana en un momento en el que preside la Unión Europea. Exigimos a la Unión Europea que no asuma como propias las actuaciones norteamericanas. Denunciamos el oportunismo político del Ministro de Asuntos Exteriores español al proponer un reposicionamiento de la Unión Europea sobre los grupos insurgentes colombianos. El Plan Thánatos, como su propio nombre indica, es un plan de muerte que no puede ser apoyado por quienes hacen de la paz su bandera.