DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

05/03/2013

 Un día antes de que se inicie el debate oral por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del denominado Plan Cóndor, el edificio de la ex ESMA tuvo que ser evacuado luego de recibir una amenaza telefónica de bomba, exigiendo "la finalización de los juicios a los genocidas". El mismo mensaje intimidatorio se reprodujo en las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también se desalojó preventivamente.
"Nos comunicaron a media mañana (de ayer) que hubo un llamado telefónico donde se manifestaba que había una bomba, y también hubo amenazas en la ex ESMA", explicó el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y recordó que en el pasado hubo hechos similares.
Luego de que se conocieran los llamados, personal de la Policía Federal inspeccionó las sedes de la Secretaría de Derechos Humanos, en 25 de Mayo 544, y de la ex ESMA, hoy Archivo Nacional de la Memoria, en Avenida del Libertador 8151.
Luis Alén, subsecretario de Derechos Humanos, detalló que "en los dos casos las amenazas se concretaron alrededor del mediodía mediante llamadas telefónicas realizadas en nombre de un autodenominado 'Comando Patriótico' para exigir la finalización de los juicios a los genocidas." Para Alén, "no es casual que estas amenazas coincidan con la nueva etapa en los juicios por crímenes de lesa humanidad, como el que comienza mañana del Plan Cóndor, la articulación de las dictaduras del Cono Sur".
Hoy, a partir de las 10, se espera que el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) 1 dé comienzo al juicio por los secuestros, torturas y asesinatos del Plan Cóndor: el pacto celebrado y ejecutado por las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus propios países, del que participaron la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. El debate, que tendrá al represor Jorge Videla como uno de los principales procesados, será llevado adelante por el tribunal que integran Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. Entre otros procesados, también serán juzgados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone, Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Horacio Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo Menéndez, Jorge Olivera Rovere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Miguel Landoni, Humberto Lobaiza y Felipe Alespeiti.
De acuerdo a la pericia realizada para la causa que hoy llega a juicio oral, en la Argentina hubo 106 víctimas del Plan Cóndor, la mayoría de ellas, ciudadanos uruguayos, que eran llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti.
Por otra parte, mañana entrará en su etapa testimonial otro juicio importante: el que se sigue por los delitos cometidos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada y que se desarrolla en el Tribunal Oral y Federal Nº 5. Se prevé las declaraciones de más de 800 personas.
A lo largo de este mes, por los 37 años del Golpe de Estado cívico-militar, el Espacio Memoria que funciona en la ex ESMA llevará adelante una serie de actividades, ciclos de cine, obras de teatro, muestras de artes, talleres y charlas, que se extenderán durante todo marzo.

Luego de doce audiencias, esta semana comenzará la etapa de los testimonios en la megacausa por las violaciones a los derechos humanos cometidos en La Perla, el principal centro de detención ilegal de la dictadura en el interior del país.

Sonia Torres, titular de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba, está entre los primeros testigos que hablarán ante el Tribunal Oral Nº 1. Torres, quien podría declarar entre esta tarde y mañana, según los tiempos del debate, es querellante en la causa “Díaz”, una de las 16 acumuladas para este juicio y la primera en Córdoba donde se ventila el robo de un niño nacido en cautiverio hijo de una detenida-desaparecida.

Esta causa trata sobre la desaparición, torturas y asesinato de Silvina Parodi de Orozco, hija de la titular de Abuelas, quien estaba embarazada de seis meses cuando fue secuestrada por las fuerzas de la represión ilegal. Silvina habría dado a luz en cautiverio y luego asesinada. Su hijo fue entregado a personas aún sin identificar. Parodi y su marido, Daniel Orozco, permanecen en calidad de desparecidos.

En la mañana de hoy, concluiría la etapa de indagatorias y se resolverán las pericias de salud de cuatro imputados. Luego, están citados los primeros cuatro testigos.

La etapa de los testimonios será la más extensa de la causa, ya que son alrededor de mil los convocados por las partes. Tendrá además un alto nivel de emotividad para los familiares que esperan respuestas sobre qué sucedió con sus seres queridos y dónde fueron ocultados sus restos.

El principal imputado de la causa La Perla es el multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez. Además, están imputados otros 45 represores. Los delitos que se juzgan son privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, aplicación de tormentos seguidos de muerte, homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado, sustracción de menor de 10 años, abuso deshonesto y violación.

Los hechos fueron cometidos durante la dictadura militar y en el año 1975, e involucran a 417 personas, las víctimas de la causa.

En el marco del proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno argentino decidió elevar su contribución voluntaria anual a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 400.000 dólares. De esta manera,  nuestro país se constituye en el mayor contribuyente latinoamericano a la CIDH.

    Los argentinos consideramos imprescindible la tarea de la CIDH así como reconocemos el invalorable trabajo realizado por la misma durante los años que sufrimos la dictadura cívico-militar. Hoy, en democracia, su trabajo acompaña y se asocia al principio fundamental de que la defensa de los derechos humanos es responsabilidad primaria del Estado.

    La Argentina considera que los Estados Miembros deben asumir la responsabilidad del financiamiento del Sistema como forma efectiva de asegurar su fortalecimiento e independencia de funcionamiento. Al hacerlo, tuvo en cuenta  que es insostenible que el mismo dependa, como en la actualidad, en gran medida de contribuciones “voluntarias” que provienen principalmente de países y entidades que no son miembros de la Organización de Estados Americanos, especialmente de Europa.

      Nuestro país espera que el resto de los Estados Miembros, dentro de sus posibilidades, puedan acompañar esta iniciativa para dar estabilidad al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que así, sea éste el que pueda definir sin condicionamientos la asignación de sus recursos de la manera que sea más eficaz para el desempeño de sus funciones en protección de los derechos humanos de todos los habitantes de las Américas. 

       Como correlato necesario del renovado compromiso de las Américas con el fortalecimiento del Sistema que se busca establecer, la Argentina seguirá impulsando que todos los países de la región que aún no lo han hecho, ratifiquen los instrumentos constitutivos del mismo y reconozcan la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.