DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

01/02/2013

Diez juicios orales por delitos de lesa humanidad continuarán tras la finalización de la feria judicial en las provincias de Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba y en la Capital Federal. En Salta, el 4 de febrero, continuará el juicio que comenzó en mayo pasado en el que son juzgados 20 represores de la dictadura por delitos de lesa humanidad, en una causa que tiene 34 víctimas. En Mar del Plata, en tanto, el 13 de febrero continuarán siendo juzgados 14 imputados por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval
Argentina, proceso que se encuentra también en etapa de alegatos.

En San Juan continuará el 5 de febrero el juicio que tiene como imputados a Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel, Alejandro Manuel Lazo, Daniel Gómez y Horacio Julio Nieto por delitos que afectaron a 60 personas.
 
En Jujuy el 7 de febrero, seguirá el primer juicio por delitos de lesa humanidad en esa provincia, en el que se juzgan cinco causas unificadas. Los acusados de estos hechos, en los cuales hay 43 víctimas, son los represores de la dictadura Antonio Orlando Vargas, ex director del Servicio Penitenciario junto a los ex oficiales de inteligencia del Ejército, José Eduardo Bulgheroni y Mariano Rafael Braga.

En Mendoza, el 7 de febrero, continuará el tercer juicio oral y público en el que son juzgados Dargo Migno, Juan Agustín Oyarzábal, Paulino Furio, Armando Fernández, Fernando Morelato, Raúl Angel Puebla, Alcides Francisca, Juan Antonio Garibote y Aldo Bruno Pérez.

En tanto, continuará el 5 de febrero el juicio que sustancia el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, con el ex presidente de facto Reynaldo Bignone como imputado, quien será juzgado junto a los represores de la dictadura Santiago Riveros y Eugenio Guañabens Perelló, entre otros. Todos están acusados por secuestros y violaciones a los derechos humanos, entre ellos a ocho embarazadas que dieron a luz en la maternidad clandestina que funcionaba en la guarnición militar de Campo de Mayo en la última dictadura. La sentencia de este proceso está prevista para el 13 de febrero.

En tanto, en Tucumán, el 7 de febrero, continuará el megajuicio que comenzó el 12 de noviembre y que unifica las causas Arsenal y Jefatura de Policía.

En Santa Fe, el 4 de febrero, continuará el juicio contra siete represores de la última dictadura, acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y, en el caso de cuatro de ellos, también por violaciones reiteradas, en el marco de la "Causa 050", por la represión en el centro de operaciones a la III Brigada Aérea de Reconquista.

En esta Capital, el 4 de febrero, continuará el juicio en el que son juzgados 68 acusados de haber cometidos 789 secuestros, torturas y homicidios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos los cometidos mediante los "vuelos de la muerte". Entre los imputados, llegan por primera vez a juicio ocho aviadores navales y de la Prefectura acusados por los “vuelos de la muerte” en los que se arrojaba prisioneros vivos al mar o al rio de la Plata.
 
También continuará en Córdoba, el 5 de febrero, el juicio oral y público de la megacausa de `La Perla`, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1977, que involucran a 417 víctimas y tiene 45 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez, son 19 los procesos que se realizan en el país por violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, continuarán, respectivamente, en Capital Federal y en Paraná dos juicios por escrito, por sustanciarse bajo el viejo Código penal.
 

Guillermo Almarza, sobreviviente del terrorismo de Estado durante la última dictadura, reveló al declarar en el juicio a represores de la región que "el sistema carcelario de Rawson fue uno de los más crueles" por el permanente hostigamiento y las torturas físicas y psicológicas a la que eran sometidos los presos. Almarza fue detenido el 14 de junio de 1976 mientras dormía en la casa familiar de la ciudad de Plaza Huincul. Fue golpeado, esposado, le colocaron vendas en los ojos y fue torturado con picana eléctrica en la comisaría de Cutral Co esa misma noche. Permaneció aislado en celda de castigo durante 15 días en la U9 del Servicio Penitenciario Federal de Neuquén; fue trasladado en varias oportunidades a instalaciones del distrito militar donde también fue torturado.

"Lo que más usaban era la picana y el teléfono que lo hacían golpeando las palmas ahuecadas contra los oídos", recordó. En su traslado aéreo desde Neuquén a Trelew lo golpearon de tal forma que llegó a contar 57 violentos bastonazos contra su espalda lo que a la postre le ocasionó secuelas físicas para caminar. Durante su declaración hizo hincapié en el trato que los carceleros de Rawson le daban a los detenidos.

"Fue uno de los más crueles" aseguró y enumeró las condiciones que debían enfrentar en ese penal. Puso como ejemplo que "nunca tuvieron agua caliente. Había que bañarse con agua fría. Nos hacían correr desnudos desde las celdas a las duchas y nos hostigaban todo el tiempo". "A veces no teníamos tiempo para sacarnos el jabón cuando teníamos que volver corriendo a las celdas", dijo. Habló de las malas condiciones de alimentación e incluso que detectaron comida con orín en varias oportunidades. Existían lo que denominó las "Brigadas Fantasmas" que "actuaban de noche y al día siguiente nos enterábamos que habían golpeado a algún detenido que iban a buscar a la misma celda".

También señaló que el maltrato y el hostigamiento lo sufrió su familia que fue vigilada mientras él estaba detenido. Al culminar su testimonio, en declaraciones a la prensa, Almarza afirmó que "cuando digo que el sistema carcelario de Rawson fue de los más crueles, no solo es una consideración particular sino porque lo confirmó la comisión de Derechos Humanos de la OEA y la Cruz Roja Internacional en el año 1978".
 
"Fue una de las cárceles dentro del país y de Latinoamérica donde más casos de desequilibrio psicológico hubo". Consideró que su declaración "fue lo más exacta que mi memoria me ha permitido; fue veraz y creo que abrí algunos temas como el exilio, las organizaciones internacionales, la función y el apoyo a las familias del obispo de Neuquén (fallecido), Jaime Francisco De Nevares y el sistema carcelario".

En 1976, Almarza tenía 26 años de edad, estuvo cuatro años detenido hasta que tuvo la opción de salir del país hacia Bélgica en 1980. Regresó a la Argentina en 1984 y actualmente reside en la ciudad de Neuquén.

Corrientes.- El Tribunal Oral Federal de Corrientes llevará adelante durante este año siete juicios por delitos de lesa humanidad, en los que están imputados militares y gendarmes por desapariciones, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos durante la última dictadura militar. En los siete procesos, serán juzgados 14 integrantes del EA y 2 gendarmes, imputados de ser partícipes en delitos de lesa humanidad contra 45 militantes, varios de los cuales permanecen desaparecidos, de las localidades correntinas de Paso de los Libres, Gobernador Virasoro, General Alvear, Perugorría, Monte Caseros, Santo Tomé y Mercedes. El expediente caratulado "Filippo, Héctor Mario Juan; Faraldo, Carlos y Ledesma, Rubén Darío s/privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos", ocurridos en la localidad de Paso de los Libres en noviembre de 1976, tiene entre sus víctimas a Carlos Orlando Losada, Rosa Noemí Coto y Lilian Ruth Losada.

Por los hechos se encuentran imputados integrantes del Destacamento de Inteligencia 123 de Paso de los Libres: el teniente primero Héctor Mario Filippo y los civiles Carlos Faraldo y Rubén Darío Ledesma.
    
A éste se suma el expediente caratulado: "Investigación delitos de lesa humanidad- víctima Ramón Aguirre y otros", por las privaciones ilegítimas de libertad y tormentos a integrantes del gremio de FATRE y del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y empleados de la industria yerbatera "Las Marías" de la localidad de Virasoro.
    
La causa tiene como víctimas a Carlos Escobar Solano, Héctor Sena, Pablo de la Cruz Franco y Marcelo Acuña y como imputados al ex capitán del Ejército e interventor de Virasoro Carlos Sacco y  el ex comandante de la III Brigada de Infantería de Curuzú Cuatiá, Llamil Reston. Estaba también acusado Duilio Martínez, pero falleció en 2012.
    
Otro de los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizará en la capital correntina es el expediente "Pérez, Jorge Catalino s/denuncia sup. privación ilegítima de la libertad". En este proceso se investigan los hechos ocurridos en los establecimientos agropecuarios de "Las Marías" en junio de 1977. Las víctimas son gremialistas de FATRE, dos desaparecidos: Nery Pérez (tractorista) y Marcelo Peralta (cosechador de té), y el ex detenido Jacinto Bernal. Los imputados son el por entonces comandante de la III Brigada de Infantería de Curuzú Cuatiá, Llamil Reston y el ex teniente primero Héctor Torres Queirel (Interventor de la localidad de Virasoro) y administrador de la estancia "María Adelaida".
 
También, se encontraban imputados Ricardo Eduardo Schweizer y  Duilio Martínez, ambos fallecidos en 2012. En tanto, otro de los juicios que se iniciará es por el expediente caratulado: "Niveyro, José s/denuncia", que juzgará a dos militares por tres desapariciones de integrantes del movimiento de Ligas Agrarias. Se trata de Justo José Pelozo, detenido el 15 de febrero de 1977, en la localidad correntina de Mercedes, quien se desempeñó como docente y estaba vinculado con las "Ligas Agrarias"; de Juan Antonio Olivo y Pantaleón Romero, ambos secuestrados en el Paraje Palmitas- Perugorría el 16 de marzo de 1977.

Los imputados por estas tres desapariciones son: el ex comandante de la III Brigada de Infantería, Llamil Reston y Osvaldo Ciro Olivera (estuvo cargo del Batallón Logístico 3, de Curuzú Cuatía, y de la Jefatura del Area 241). También, se juzgarán los delitos de lesa humanidad que constan en el expediente por hechos ocurridos en la localidad de General Alvear. En esta causa se investiga la desaparición del contador Raúl Arturo Figueredo, en Alvear el 30 de septiembre de 1977 y las privaciones de libertad de Teresa Josefina Rouvier Garay de Alisio, ocurrida en Paso de los Libres el 24 de marzo de 1976 y de Benigno Anslemo Kloster, también Paso de los Libres el 22 de marzo del mismo año.
    
Además, se juzgarán las detenciones de Miguel Alfredo Galantini, detenido en Monte Caseros y de Martín Diego Espinoza, detenido en Santo Tome. En este juicio, se sentarán en el banquillo de los acusados, nuevamente Llamil Reston, el ex coronel a cargo del Regimiento de Infantería 5; Guillermo Ramón Añaños; los tenientes generales a cargo del Grupo de Artillería 3, Juan Carlos Medrano Caro y Alfredo Manuel Arrillaga; los coroneles Reynaldo Félix Guillermo Treviranus, Julio Miguel Plazaola y Julio Santiago Canteros, además del comandante de Gendarmería Domingo José Issler  y el oficial de Gendarmería Ángel Ricardo López Ferro.

Por otra parte, hay una solicitud de formación de causa por delitos de lesa humanidad en el expediente 883/12, en el que se menciona a víctimas vinculadas a la actividad desarrollada por las Ligas Agrarias en zonas rurales de Corrientes. Entre ellos, Ana Isabel Olivos detenida en Paraje Palmitas; Ramona Benitez, maestra rural de la zona de Perugorría; Carmen Canteros, docente; Eduardo Jorge Puntín, agricultor; María Claudia Ibarrola y Ana Alicia Vega detenida en Curuzú Cuatiá. Por estas detenciones ilegales, se encuentra imputado el comandante (re) Domingo José Issler, que estuvo a cargo de la Agrupación Mesopotamia Sur de Gendarmería Nacional en Curuzú Cuatía, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

Finalmente, se juzgará el expediente caratulado "Panetta Angel Vicente F/ denuncia", residual de un juicio ya realizado, en el que había sido separado el ex mayor Edmundo Aldo Bertorello, por una supuesta enfermedad, a quien después se lo vio en una fiesta en Córdoba y tras lo cual se realizaron nuevos peritajes médicos que determinaron que podría comparecer a juicio, así que se procedió a su elevación el 28 de diciembre de 2012. El imputado revistaba como Jefe Compañía de ingenieros 7
desde 1976 hasta 1979 y dependía orgánicamente de la Brigada de Infantería VII, general Cristino Nicolaides En este proceso, se juzgará su responsabilidad mediata por las funciones de Jefe que desempeñó dentro de Área Militar 235, por 16 privaciones de libertad y tormentos, además de las desapariciones de Antonio Olivo, Pantaleón Romero y Pedro Morel y las privaciones de libertad de Alfredo Teófilo Olivo, y Fortunato Curimá.
    
En Corrientes, desde 2008, ya se realizaron cuatro juicios por delitos de lesa humanidad, a los que en 2013 se sumarán estos siete.

 

Tres nuevos juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar comenzarán en marzo en las provincias de Chubut y Santa Fe, y en Buenos Aires.
El 5 de marzo, el Tribunal Oral Federal 1 porteño comenzará a juzgar al genocida Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy (fallecido), Santiago Omar Riveros y otros quince imputados más en las causas 1504, 1951 y 1976 conocidas como «Plan Cóndor I y II» y «Orletti II».
En el debate se investigará el secuestro y desaparición de 108 víctimas del operativo coordinado entre las dictaduras militares de Latinoamérica denominado «Plan Cóndor» para eliminar opositores.
También se agrega la causa Orletti II, denominada así por el centro clandestino de detención y torturas que funcionó en un  taller mecánico del barrio porteño de Floresta y cuyo único imputado es Miguel Angel Furci por los casos de 67 víctimas.
En tanto, en Rawson, Chubut, el Tribunal Oral Federal  de Comodoro Rivadavia comenzará también el 5 de marzo el juicio oral por la muerte del militante y abogado Mario Abel Amaya y por el secuestro y las torturas que recibió el dirigente radical Hipólito Solari Yrigoyen durante la detención de ambos en la Unidad Penitenciaria 6 de esa ciudad.
Las causas tienen como imputados nuevamente a Videla; a Osvaldo Jorge Fano, quien era entonces el jefe de la penitenciaría en Rawson; a Jorge Osvaldo Steding y a Luis Eduardo García.
Por su parte, en Rosario, el Tribunal Oral Federal juzgará desde el 23 de marzo a los imputados en la causa 95-10 por privación ilegal de la ibertad, tormentos, amenazas y desaparición física de una víctima. Los acusados son Ariel Porra, Marino González,Juan Cabrera y Alberto Pelliza.

 Diez juicios orales y públicos a supuestos represores de la dictadura militar continuarán a partir de la semana próxima, tras la feria judicial de enero, en otros tantos puntos del país, desde San Salvador de Jujuy hasta Mar del Plata.

Fuentes judiciales informaron que el próximo lunes 4 se reanudará, en los tribunales porteños de Comodoro Py 2002, el proceso denominado “Esma III”, que tiene a 68 marinos en el banquillo de los acusados por 789 crímenes perpetrados en ese centro clandestino de detención.

También el lunes, en Salta, el Tribunal Oral Federal proseguirá el juicio a 18 imputados acusados de 34 secuestros y homicidios, entre ellos varios contra profesores de la Universidad Nacional de Salta, entre los años 1975 y 1978.

En la ciudad de Córdoba, el Tribunal Oral Federal 1 retomará el martes 5 las audiencias del proceso a 45 acusados de delitos contra la humanidad que se cometieron en los centros clandestinos de detención denominados La Perla y La Ribera, entre los años 1975 y 1977 (ver aparte).

Cinco exmilitares seguirán siendo juzgados en la ciudad de San Juan a partir del mismo día, en el proceso que se investigan delitos cometidos en perjuicio de 60 víctimas.

En el partido bonaerense de San Martín, el Tribunal Oral Federal 1 reabrirá el martes el juicio al último dictador, Reynaldo Bignone, y a 12 acusados más por crímenes perpetrados contra 20 víctimas en Campo de Mayo.

Desde el jueves. En la capital de Jujuy, el Tribunal Oral Federal ventilará otra vez desde el jueves 7 la responsabilidad de los acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio, en perjuicio de 43 víctimas.

El mismo día, el Tribunal Oral Federal de Tucumán encabezará el juicio a 41 acusados de crímenes contra 235 víctimas, en el marco de la causa “Arsenal Miguel de Azcuénaga y Jefatura de Policía s/secuestros y desapariciones”.

También el jueves de la semana próxima, en Mendoza, el Tribunal Oral Federal 1 reiniciará el juicio que sigue a 10 militares y policías por crímenes de lesa humanidad.

En Mar del Plata, el Tribunal Oral reanudará el miércoles 13 la instancia oral contra 14 enjuiciados por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval, la Escuela de Suboficiales de Infantería y la Prefectura Naval.

El jueves 14, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe reanudará el proceso a siete ex uniformados por secuestros, torturas y homicidios contra 35 víctimas.

378 condenados. La cifra de ex uniformados enjuiciados desde la recuperación de la democracia, en 1983, asciende a 422 y las condenas alcanzaron a 378, mientras que 44 resultaron absueltos, según la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, del Ministerio Público.

El total de ex represores procesados llega a 1.013, de los cuales 619 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio oral y otros 75 tienen pedido fiscal para esa etapa procesal, mientras que otros 232 ya ingresaron a la etapa de juicio propiamente dicha y se encuentran próximos a recibir una sentencia definitiva.

Para 2013 la agenda judicial prevé por lo menos 17 procesos orales –13 ya en curso y cuatro nuevos– en todo el país contra 260 ex uniformados y civiles acusados de diferentes crímenes perpetrados contra más de 1.800 víctimas.

Argentina es el único país de Latinoamérica que enjuicia a todos sus represores acusados de crímenes de lesa humanidad, pues en los otros países de la región donde hubo procesos represivos similares, por ejemplo Uruguay y Chile, se realizaron procesos selectivos.

1800 víctimas

En 2013 habrá un total de 17 procesos orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El total de procesados en esas causas es de 260 ex uniformados y civiles. La cantidad de víctimas de los delitos atroces que se les imputan llega a 1.800 personas.

Los abogados de Susana Trimarco ratificarán y ampliarán este viernes el pedido de destitución presentado contra los integrantes del tribunal que absolvió a todos los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón.

Los abogados ampliarán la denuncia contra los jueces luego de analizar los fundamentos del fallo y considerar que el tribunal tenía "la decisión previa de absolver a los imputados".

"La sentencia termina siendo una consecuencia directa de la actuación del tribunal que tuvo la decisión previa de absolver a los imputados", le dijo a Télam Carlos Garmendia, uno de los abogados de la Fundación María de los Angeles.

Garmendia confirmó que se presentarán en la Legislatura provincial para ratificar ante la comisión de Juicio Político el pedido de destitución contra los integrantes del tribunal: Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.

"Vamos a ratificar nuestro pedido para avanzar con el proceso de destitución de acuerdo a la notificación que recibimos de la comisión de juicio político", señaló el abogado.

Garmendia destacó que luego de estudiar en profundidad la sentencia, que no había sido dada a conocer cuando iniciaron el proceso en diciembre, decidieron profundizar la denuncia e incluir las irregularidades observadas en los fundamentos del fallo.

"Nos dimos cuenta de que la sentencia termina siendo la consecuencia directa de la actuación del tribunal que, desde nuestro punto de vista, tuvo la decisión previa de absolver a todos los imputados", señaló.

"Con esta ampliación mostramos las arbitrariedades de la sentencia y agregamos esos argumentos al expediente iniciado para que se proceda a la destitución de los jueces", agregó Garmendia.

El trámite que conduce al Jury de Enjuiciamiento contra los integrantes del tribunal que el 11 de diciembre pasado absolvió a los 13 imputados en el juicio por el secuestro de Marita Verón se inició en diciembre, antes del receso administrativo de la Legislatura provincial, y debe completarse a partir de hoy.

Esta es la única instancia que contempla la posible destitución de jueces, según la Constitución provincial.

Al dar a conocer el fallo, los jueces consideraron que no se había logrado probar la comisión de esos delitos en contra de Marita Verón y la sentencia desató una ola de reclamos desde diferentes sectores sociales y políticos.

La Legislatura provincial, luego de recibir el pedido, notificó a la parte denunciante para que rectifique, ratifique o amplíe su denuncia.

Luego de este paso, la comisión de Juicio Político resolverá si archiva el expediente o corre traslado a la otra parte, y en caso que ocurra esto último, los tres jueces cuestionados tendrán 15 días hábiles para elaborar un descargo.

Una vez completado este paso, la comisión resuelve si se acusa o no a los magistrados y en caso de ser afirmativo la resolución, comienza a funcionar el Jury de Enjuiciamiento.

Este órgano está compuesto por representantes de los tres Poderes del Estado: cinco legisladores, un integrante del Poder Ejecutivo, otro de la Corte Suprema de Justicia y un representante de los abogados.

La intervención de este cuerpo está prevista para casos en que sean cuestionados integrantes de los Ministerios Fiscal o magistrados.

En esta instancia se requieren los dos tercios de los votos para destituir del cargo a Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano integrantes de la sala II de la Cámara Penal.

Días después de la presentación, Herrera Molina presentó su renuncia a la magistratura y anunció el comienzo de los trámites para jubilarse.