DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

 21/01/2014

"Mi querida Clara Anahí, en estas fotos estás en brazos de tu mamá Diana y tu papá Daniel", escribió "Chicha" Mariani junto a dos fotos donde se ve a Diana Teruggi mirando sonriente a su beba en brazos y otra similar donde Daniel Mariani sostiene a su hija.

Chicha Mariani, de Abuelas de Plaza de Mayo escribió que "también te tuve yo (en brazos) y quiero volver a tenerte así".

"Te quiero y te espero querida mía", concluye la mujer de casi 90 años que desde hace 37 busca a su nieta Clara Anahí Mariani.

El 24 de noviembre de 1976 fuerzas militares y policiales atacaron la vivienda de Teruggi y Mariani, ubicada en calle 30, entre 55 y 56, de La Plata.

En el lugar fueron asesinados Teruggi y cuatro compañeros de militancia: Juan Carlos Peiris, Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfirio y Alberto Bossio.

Diana fue acribillada por la espalda y cayó cubriendo con su cuerpo a Clara Anahí, que fue secuestrada por los represores y hasta el momento no pudo ser recuperada.

Daniel Mariani no estaba en la propiedad al momento del ataque, pero fue asesinado en agosto de 1977.

El dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, será al parecer el primer integrante de la elite empresarial en comparecer a juicio oral y público, tras ser procesado en 2013 por su participación en 29 secuestros y otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en Jujuy.
 

Una vez concluida la feria judicial de enero, el juez federal de Jujuy, Fernando Poviña, podría dar por finalizada la etapa de instrucción, y en consecuencia pedir la elevación a juicio, en las dos causas en que están procesados Blaquier y Lemos.
La Cámara Federal de Salta, como tribunal de alzada, confirmó en 2013 ambos procesamientos, , como partícipes de los delitos de privación ilegítima de la libertad y torturas, entre otros, en perjuicio de numerosas víctimas.
En 2013, acaso en vista de la proximidad del juicio oral, Blaquier dejó a los 86 años la presidencia del Ledesma, que ejerció desde 1970, y delegó la conducción de la empresa en sus hijos Carlos Herminio y Santiago.
 
Noche del Apagón
Blaquier y Lemos están acusados de haber proporcionado camionetas del Ledesma, el mayor ingenio azucarero del país, para el traslado de los secuestrados en la Noche del Apagón, en julio de 1976, y otras operaciones represivas en localidades jujeñas como Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar.
Al confirmar los procesamientos, la Cámara Federal de Salta señaló que en las privaciones ilegales de la libertad investigadas Blaquier actuó como “partícipe necesario”, mientras que Lemos lo hizo como “partícipe secundario”.
En la denominada “Causa Aredez”, en agosto de 2013 los procesó por el delito de privación ilegitima de la libertad agravada de tres víctimas, entre ellas el médico Luis Ramón Aredez, ex intendente de Libertador, la localidad donde se hallan radicadas la planta de Ledesma y La Rosadita, residencia de los Blaquier.
 
Apoyo logístico
El fallo señaló que “las fuerzas de seguridad (que) operaron aquella madrugada (el 24 de marzo de 1976) y días posteriores, contaron con la autorización dada, prima facie, para el uso de vehículos de la empresa y que tal asentimiento fue prestado por el Presidente del Directorio (Blaquier) y ejecutada por su Administrador General (Lemos)”.
“Tratándose de una empresa de la envergadura y grado de organización que poseía Ledesma, era imposible disponer de sus vehículos y apoyo logístico, sin instrucciones o aquiescencia del Presidente del Directorio”, abundó el fallo.
Con similar fundamento, la Cámara confirmó en diciembre último los procesamientos de Blaquier y Lemos en la “Causa Burgos”, en un fallo que consideró en particular la represión de la Noche del Apagón, del 20 al 21 de julio de 1976.
El tribunal afirmó que esa represión “no pudo coordinarse sino con antelación”, y que “el uso de las camionetas y tráileres de la empresa no pudo ser sorpresivamente requerido y decidido el mismo 20 de julio y con el absoluto desconocimiento de los responsables de la empresa”.
También expresó la presunción de que “existieron contactos y solicitudes previas con directivos de la empresa para confeccionar el listado de las personas” secuestradas.

“La causa se encuentra paralizada y pareciera que el juez (Julián) Ercolini la tiene cajoneada. Como querellantes, aportamos importantes medidas de prueba a lo largo de 2013, pero no se verifican avances. Hay una inacción que resulta preocupante”, señaló Fresneda en declaraciones a Télam.

Y al respecto, agregó: “Cuando finalice la feria judicial vamos a presentarnos ante el Juzgado y trataremos de desarrollar un estrategia más intensa para producir avances en el expediente”.

La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa en la que se investiga la apropiación de la empresa Papel Prensa por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en 1977, en una maniobra que habría contado con la complicidad de la dictadura cívico militar.

La empresa en cuestión era una sociedad fundada por el financista  David Gravier, que murió en un accidente aéreo ocurrido en México, en 1976, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y Rafael Ianover.

Tanto Papaleo como Ianover, que fueron secuestrados por agentes de la dictadura, son querellantes particulares que reclaman, junto con el Estado, que la Justicia establezca si fueron presionados para ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad formada por los tres diarios y auspiciada por el gobierno del dictador Jorge Rafael Videla.

La última medida significativa que se produjo en esta causa, iniciada en 2010, tuvo que ver con el rechazo de la Sala Primera de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires sobre un pedido de unificación de las tres querellas en una, tal como lo exigía  Ercolini.

“Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró que en Argentina hubo una dictadura cívico militar" sostuvo Fresneda.

 

“Nosotros celebramos esa medida de la Cámara porque entendemos que cada querella tiene la potestad de fijar su estrategia. La Cámara nos dio la razón en este punto, pero queremos que las cosas se empiecen a mover de verdad”, reclamó Fresneda.

Concretamente, el funcionario se refiere al pedido de indagatoria sobre Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, integrantes del directorio de Clarín, y Bartolomé Mitre, copropietario de La Nación, quienes están acusados de haber impulsado la apropiación.

Pero hasta el momento, sólo Papaleo y Ianover ofrecieron sus testimonios en sede judicial en calidad de testigos, y no existen certezas respecto de cuándo serán citados los acusados.     

“No hay motivos para seguir demorando estas indagatorias. Estas personas deben declarar y eso permitiría iniciar el camino hacia la verdad”, fundamentó el funcionario.

Para Fresneda, esta causa es de vital importancia en el propósito de dar cuenta de “la complicidad empresarial con el terrorismo de estado”, que se llevó a cabo en Argentina entre 1976 y 1983.

“Daría la impresión de que el juez Ercolini no se enteró que en Argentina hubo una dictadura cívico militar. Es necesario que haya avances para incluso determinar si los acusados son culpables o no. Tampoco es justo para ellos este estado de indefinición”, subrayó.

Fresneda señaló además que el jefe de la Unidad de Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad, fiscal Jorge Aguad, tomó contacto con el expediente y pretende tener una actuación en la causa.

“No hay tiempo para más especulaciones políticas. Estamos ante una denuncia sobre hechos de lesa humanidad. Esperemos que este año tengamos novedades y comience a hacerse justicia”, concluyó.
 

El Ministro Coordinador aseguró que "a partir de indicadores y estimaciones oficiales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y no oficiales como las mediciones del Congreso o las de la consultora privada Bein y Asociados, se desprende que el crecimiento del poder adquisitivo del salario fue positivo aún en los peores escenarios".

Según datos consignados en un informe del Ministerio de Trabajo, el crecimiento promedio interanual de los precios para el año 2013 alcanzaría al 22,8% según algunas mediciones no oficiales. En cambio, si se tiene en cuenta los datos del denominado IPC "Congreso", el incremento proyectado de los precios para todo el 2013 llegaría al 25,1%.

Frente a estos valores de inflación, el incremento de los salarios vinculados a convenios colectivos de trabajo da como resultado una variación interanual promedio del 25,5%.

Por consiguiente, si se toma el del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario expresado en términos reales crecería un 2,2% en la primera de las comparaciones y un 0,4% si se toma como referencia el "IPC Congreso".

El salario promedio efectivo declarado en SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) creció en el año 2013 un 26,8%, con lo cual la remuneración media seguiría ganándole a la inflación de algunas mediciones no oficiales en un 3,2% (promedio anual 2013) y, si se la compara con el "IPC Congreso", el crecimiento del poder de compra del salario alcanzaría al 1,4%.

Asimismo, siete sectores específicos lograron, al menos, duplicar el salario real durante los últimos diez años, entre los cuales se encuentran: construcción (con un aumento del salario real del 98%), comercio (un 99% de aumento) y transporte de pasajeros
(101%).

En este grupo se destaca especialmente el sector de transporte de cargas - vinculado directamente al convenio de camioneros - que presentó el mayor crecimiento salarial de las actividades evaluadas: + 142%.

En este marco, Capitanich aseguró que "en estos últimos diez años hay una recuperación incesante del poder adquisitivo del
salario de los trabajadores, independientemente de los indicadores que se puedan tomar".