DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

30/11/2012

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió esta noche en ley un proyecto que crea un sistema nacional de prevención de torturas en cárceles y facilita la investigación por malos tratos y apremios a detenidos.

La iniciativa da forma al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención del mismo nombre firmada por la Organización de Naciones Unidas.

La legislación alcanza a todos los establecimientos de detención bajo jurisdicción de los estados nacional, provincial o municipal, así como cualquier otra entidad pública, privada o mixta donde se encuentren personas privadas de su libertad por orden, instigación o consentimiento de la autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.

Crea también el Comité Nacional contra la Tortura, que dependerá del Parlamento y estará integrado por miembros del Congreso, representantes de las provincias y organismos nacionales, como la secretaría de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria Nacional.

La iniciativa ya había conseguido media sanción de Diputados en septiembre pasado, pero fue modificada días atrás por el Senado, por lo que tuvo que ser votada nuevamente hoy por la Cámara baja, que finalmente aceptó las variantes realizadas por la Cámara alta en una votación de 137 a favor y 48 en contra.

De acuerdo con el texto, el comité podrá investigar denuncias de torturas y apremios, entrevistar a detenidos y a sus familiares y trabajar conjuntamente con organizaciones no gubernamentales.

Además, estará habilitado a visitar los centros de detención del país para elaborar estándares sobre las condiciones de detención, la capacidad de alojamiento, el empleo de la fuerza, las requisas y los traslados.

A través de un documento elaborado por la Unidad Fiscal para las causas de lesa humanidad proporciona pautas de actuación a los fiscales.

Los delitos sexuales cometidos por militares, marinos, prefectos, gendarmes, policías y demás represores durante la última dictadura no quedarán impunes. Ese es el objetivo de la instrucción a los fiscales federales que firmó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en el marco del programa “Políticas de Género”, creado la semana pasada para garantizar a las mujeres víctimas de violencia el “acceso efectivo a mecanismos judiciales eficaces y respetuosos de los derechos en juego”. La resolución de la procuradora ordena a los fiscales de todo el país que actúan en causas por delitos de lesa humanidad que implementen las directivas del documento “Consideraciones sobre el juzgamiento de los abusos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de Estado”,

El capitán Jorge Eduardo Acosta, ex jefe de inteligencia de la ESMA, fue procesado en primera instancia por el juez federal Sergio Torres por una violación, pero la Cámara Federal señaló luego que el hecho debía ser calificado como imposición de tormentos, el mismo criterio adoptado hasta ahora por la mayor parte de los jueces que instruyen causas por delitos de lesa humanidad.

El documento elaborado por la Unidad Especial, ahora respaldado por la propia procuradora, tiene entre sus objetivos centrales que los delitos sexuales no queden subsumidos bajo la figura de tormentos, porque “impide reflejar la especificidad de la agresión sufrida por la víctima”.

Es el gasto destinado a financiar programas de promoción y asistencia social, según indicó la ASAP. En total, superó los $ 228 mil millones, $ 55 mil millones más que en 2011.

Durante el tercer trimestre del corriente año el gasto público social ejecutado (GPS) –aquel destinado a financiar programas de promoción y asistencia social, por ejemplo- ascendió a $ 228.861 millones, lo que significó $ 55.473 millones más (31%) que para el mismo período del año pasado, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). El gasto registrado durante el tercer trimestre de 2012 equivale al 63% de la Administración Pública Nacional, ($364.693 millones), "mejorando la relación verificada en los años anteriores".

El documento destaca que la ejecución del 75,4% en el trimestre es proporcional al transcurso del año, aunque con comportamientos disímiles según los distintos programas de cada ministerio. Así, por ejemplo, la función de Seguridad Social ejecuta el 79% del crédito, mientras Promoción y Asistencia Social (60%) y Vivienda y Urbanismo (57%), registran los menores valores del trienio 2010-2012.