DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

04/06/2012

En consonancia con las “reglas prácticas” que estableció a comienzos de año para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, la Cámara de Casación Penal reclamó el “máximo rendimiento” al Tribunal Oral Federal 5 en el juicio que llevará por la segunda parte de los crímenes de la ESMA que comenzará en agosto.

En una resolución firmada el pasado 28 de mayo, el presidente de la Casación, Pedro David, pidió al tribunal presidido por Daniel Obligado que optimice las audiencias “en cuanto a su periodicidad y extensión horaria” luego de un planteo de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos para evitar demoras innecesarias.

El juicio, que arrancará el 9 de agosto, será el más grande que se realizará por los crímenes cometidos en la última dictadura ya que se acumularon las seis causas elevadas por el juez de instrucción Sergio Torres que estaban pendientes de ese centro clandestino. De esa manera, se acusará a 64 marinos, entre los que se encuentran Alfredo Astiz y Jorge ‘Tigre’ Acosta, por 781 hechos, entre ellos la desaparición de la joven argentino sueca Dagmar Hagelin y la desaparición de la líder de Montoneros, Norma Arrostito.

El ministro del Interior, Florencio Randazzo, presentará este lunes la reglamentación de la Ley de Identidad de Género, que luego será puesta en vigencia por un decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, informó la cartera política en un comunicado.

Randazzo informará al respecto organizaciones que impulsaron la sanción de la norma, con cuyos dirigentes se reunirá este lunes a las 17 en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada.

Una vez reglamentada la Ley 24.743 y publicada en el Boletín Oficial, podrán realizarse los trámites de cambio de sexo y nombre en el Documento Nacional de Identidad de toda persona que lo solicite, según informó el Ministerio del Interior.

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) informó que asistirá a la reunión, con el fin de consensuar propuestas para la implementación de la Ley de Identidad de Género en todo el país, según informó en una gacetilla.

"Queremos garantizar que nuestras compañeras trans tengan todas las garantías cuando vayan a cualquier registro civil del país para obtener finalmente el documento que les reconoce su identidad autopercibida", dijo César Cigliutti, presidente de la CHA, según el comunicado.

Por su parte, Pedro Paradiso Sottile, secretario y coordinador del Área Jurídica de la Comunidad dijo: “estamos construyendo una democracia inclusiva, para todas y todos, ampliando y reivindicando los derechos individuales con libertad y respeto de las diferencias”.

En un dictamen, el fiscal Federico Delgado señala que militares y sus cómplices civiles usaron “la figura de subversión económica” para vaciar bancos y otras empresas.

Durante la última dictadura existió un mecanismo recurrente, un modus operandi que tenía como objetivo el vaciamiento de bancos y poderosos grupos empresarios, en el que participaron en forma “mancomunada” las Fuerzas Armadas, el aparato judicial y ciertos organismos del Estado como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La descripción de esa maquinaria, en esos términos, surge de un dictamen del fiscal Federico Delgado que plantea la necesidad de analizar el secuestro de ciertos empresarios como algo más que privaciones de la libertad a secas: quizás ése era el primer paso –señala–, pero luego venía el “blanqueo” a través de una o varias causas judiciales donde se los acusaba de subversión económica, y luego la detención podía durar hasta varios años, mientras las entidades bancarias y empresas permanecían intervenidas por órganos estatales en manos de los militares.

 Delgado propone analizar estos casos con una “lente” que amplifique la visión sobre los hechos y las responsabilidades que los rodean. “Mediante la formación de expedientes penales se velaba una privación ilegal de la libertad de empresarios fuertes y la intervención del patrimonio económico de esos grupos para finalmente vaciarlos”, explica el escrito. “La figura de subversión económica” permitió “saquear empresas con colaboración de organismos del Estado”. Era, dice, “un plano formal” al que el régimen dictatorial apelaba cuando “el secuestro, por su repercusión pública, podía hacer peligrar esa clandestinidad”.

Para sistematizar estas conclusiones, Delgado analizó tres expedientes en los que le toca actuar como fiscal y en los que advirtió que hubo analogías: son los casos del empresario Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo económico Grassi-Chavanne.