BOLETÍN INFORMATIVO

 

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

 

25/04/2012

 

 

El fiscal federal Martín Niklison pidió ayer 50 años de prisión para los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone como los máximos responsables del Plan Sistemático de robo de bebés. La misma pena pidió para los ex almirantes Oscar Franco y Antonio Vañek y para Jorge “El Tigre” Acosta, ex jefe del grupo de tareas de la ESMA. 
La exposición del Ministerio Público Fiscal finalizó ayer, en su séptimo día de alegatos, con el pedido de penas para los once imputados por 34 casos de apropiación de niños durante la última dictadura, entre ellos los nietos  de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; de María Isabel “Chicha” de Mariani; y del poeta Juan Gelman.
Además de reclamar la máxima pena del Código Penal para Videla, Bignone, Acosta, Vañek y Franco, la fiscalía pidió 30 años para el ex comandante de Institutos Militares, Santiago Omar Riveros; 25 años para el apropiador de la diputada Victoria Donda, el prefecto Juan Antonio Azic; y para Víctor Gallo, quien se apropió del nieto restituido Francisco Madariaga junto a su ex esposa Susana Colombo, reclamó 14 años de prisión. También exigió una pena de 19 años para el ex médico de la ESMA Jorge Magnacco, quien atendía a las detenidas embarazadas en ese centro clandestino, y 17 años para Eduardo Ruffo, ya condenado por la apropiación de Carla Rutila Artes, por su participación en el caso de Simón Gatti Méndez.
“Algún desprevenido podrá apiadarse de los acusados por su ancianidad, pero debemos recordar que no son pobres ancianos, sino que han envejecido impunes, guardando para ellos la información que ayudaría a las víctimas a encontrarse con la verdad”, señaló el representante del Ministerio Público al mirar a los represores y ex jerarcas de la dictadura, quienes escuchaban sentados en la Sala AMIA de Comodoro Py. “No merecen ninguna indulgencia. Ni en el epílogo de sus vidas se percibe en ellos un atisbo de intentar mitigar el dolor que causaron, por el contrario reivindican sus crímenes y los ratifican con su silencio permanente.”
Niklison se refirió varias veces a la falta de arrepentimiento y al silencio de los imputados, hechos que consideró como agravantes ya que permitieron perpetuar estos delitos. En ese sentido, el fiscal pidió al Tribunal Oral Federal 6 que tenga en cuenta al momento de fijar la pena “que a estos hombres nunca les importó el suplicio a que sometían –y siguen sometiendo en muchos casos– a los familiares que buscaban a esos niños y los largos años de duración de sus crímenes.”