DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

 

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

 

21/03/2012

 

 

 

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Ex trabajadores de la automotriz y organismos de Derechos Humanos realizaron un acto y denunciaron la complicidad de la multinacional con la dictadura. Es la primera vez que emplazan los emblemáticos pilares frente a una empresa privada.

Frente a la entrada de la multinacional, que funcionó como centro clandestino de detención, quedaron emplazados dos carteles: uno de los trabajadores y otro que indica que allí el Estado Nacional instalará las tres emblemáticas columnas que señalan los sitios de memoria en todo el país.

 

Después de 36 años, los ex delegados de Ford Argentina pudieron contar a viva voz la historia de su secuestro y la de sus compañeros que nunca más aparecieron, y señalar las responsabilidades y complicidades de la automotriz Ford Motor Argentina con la última dictadura cívico militar.

En Panamericana y Henry Ford, frente a la entrada principal de la automotriz, se colocó la piedra fundamental del monumento, de tres pilares que simbolizan la Memoria, la Verdad y la Justicia para dar cuenta del accionar represivo en la zona industrial, al norte del Conurbano Bonaerense. Si bien ya son 28 los monumentos en todo el país en el marco de la Red Federal de Sitios de la Memoria, este es el primero que se emplaza frente a una empresa privada.
La Comisión de Ex Delegados y Trabajadores de la empresa Ford, junto con organizaciones de Derechos Humanos, sostuvieron durante años la lucha por la memoria y la búsqueda de justicia por los secuestros y torturas perpetrados dentro de la fábrica. Pedro Troiani, uno de los sobrevivientes, relató en primera persona los crímenes.. En el ’75 firmamos uno de los mejores convenios colectivos de trabajo de toda Sudamérica. Éramos delegados dentro del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) y el secretario general de aquel momento, José Rodríguez, nos decía que íbamos a ir presos y que él le hacía la venia a los militares”, contó. “Fue el mismo 24 de marzo cuando tanques y camiones del Ejército, salidos de Campo de Mayo, entraron como panchos por su casa a la fábrica. Ese día se llevaron a tres compañeros. Después seguimos los demás”, recordó Troiani.
“El 13 de abril me llevaron a mí y a otros cuatro delegados. Nos torturaron en el mismo quincho de la empresa y a la noche nos llevaron a la comisaría de Tigre, donde nos encontramos con el resto de los compañeros de las empresas de la zona como Alba, Terrabusi, Astilleros, Astarsa. Pero todavía no sabíamos que íbamos a desaparecer.” Carlos Propato, otro de los delegados sobrevivientes, estaba contento. “Le pusimos el cascabel al gato. Ahora es importante que las luchas sindicales sigan todos los días”, sintetizó.
En el juzgado de San Martín, que hasta hace poco subrogaba el abogado Juan Manuel Yalt, ahora a cargo de la jueza Alicia Vence, la causa por los ex delegados de la Ford durmió durante cuatro años. Tomás Ojea Quintana, abogado querellante de los sobrevivientes y familiares de los 25 obreros secuestrados, destacó a Tiempo Argentino que “hay un pedido de indagatoria a quienes eran presidente, gerente general, jefe de seguridad y jefe de personal, y nunca se los convocó”. “Sólo avanzó la causa contra los militares, como Santiago Omar Riveros, y se juzgará en el tribunal oral. Por lo menos ahí los trabajadores van a poder dar su testimonio. Vamos a pedir la inspección ocular dentro de la empresa para que los sobrevivientes puedan señalar los lugares donde fueron torturados, como el campo de deportes y el quincho que todavía funciona dentro de la fábrica”, adelantó.
Del acto participaron el director de Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Duhalde; militantes de H.I.J.O.S, de la Juventud Sindical, de ATE, del Movimiento Evita, obreros en su mameluco, docentes con su guardapolvo blanco y estudiantes. 

Tiempo Argentino

 

 

El fiscal general De Luca pidió que el máximo tribunal resuelva si los vejámenes que sufrieron los soldados durante la guerra deben ser considerados delitos de lesa humanidad. Hay más de cien denuncias contra oficiales.

 

El fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Javier De Luca, pidió que la Corte Suprema de Justicia resuelva si las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos durante la guerra de Malvinas de parte de sus superiores deben ser considerados delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, es decir, imprescriptibles. La causa judicial contiene cerca de cien denuncias contra oficiales de las Fuerzas Armadas, pero la investigación quedó paralizada porque la Cámara de Casación sostuvo que los delitos habían prescripto.

El expediente fue abierto en el año 2007 en el juzgado federal de Río Grande, de Tierra del Fuego. La denuncia inicial consistió en 23 testimonios de soldados reunidos por el entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pedro Vassel. Cuando el tema trascendió, otros se animaron a denunciar. El expediente tiene actualmente cerca de cien acusados.

Los hechos que los soldados denunciaron fueron estaqueamientos, muertes por hambre e incluso un asesinato. “No hay que olvidar que a Malvinas fueron cientos de represores, muchos de ellos hoy están condenados o procesados por violaciones a los derechos humanos. Lo que hicieron en los centros clandestinos lo llevaron a la guerra: en todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, ya sea del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, hay por lo menos uno de estos hechos denunciados”, señaló ayer a Página/12 Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, querellantes en la causa.

La jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, sostuvo que las denuncias relataban delitos de lesa humanidad y abrió la investigación. Los militares apelaron. Por un recurso de uno de los acusados, Jorge Taranto, el caso fue a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. La cámara opinó, como la jueza, que se trataba de delitos de lesa humanidad, luego los defensores llevaron el caso a la Cámara de Casación, donde consiguieron frenar el avance de la causa, ya que los camaristas sostuvieron que los delitos habían prescripto. Así intervino De Luca, el fiscal de ese fuero.

En el recurso de queja ante la Corte que De Luca presentó ayer planteó sus argumentos para que el máximo tribunal estudie el caso y siente una posición. “Existe un interés institucional indiscutible en que la Corte Suprema decida de una vez y para siempre si este tipo de delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra u otras serias violaciones a los derechos humanos por funcionarios públicos actuando en su función de tales y nada menos que en el marco de la guerra de Malvinas”, señaló en su escrito.

El fiscal, como los querellantes, había presentado el año pasado un recurso extraordinario contra la decisión de Casación de considerar prescriptos los delitos, pero Casación lo rechazó. Por esto ahora fue en queja al máximo tribunal. La Corte Suprema deberá decidir si abre la queja y se expide sobre el tema o la rechaza y deja firme lo resuelto en Casación.

Para el fiscal, es necesario que el máximo tribunal abra el caso. “Si llegara a tratarse de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, ninguna disposición del derecho o acto de autoridad local podría impedir el camino hacia el descubrimiento, enjuiciamiento y responsabilidad de los autores”, remarcó. Desde el Centro de Ex Combatientes de La Plata, Alonso agregó que “el derecho a conocer la verdad y a que la Justicia investigue estos hechos aberrantes no es sólo un derecho de las víctimas, sino de toda la sociedad”.