DDHH

BOLETÍN INFORMATIVO

 

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

 

14/02/2012

 


 

Empieza el juicio contra ex policías por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura


 


 

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Córdoba, comenzó hoy un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, el fusilamiento de tres militantes de la Juventud Peronista (JP) en 1976.

El Tribunal, integrado por los jueces Fabián Asis, José María Perez Villalobo y Carlos Lascano, juzgará a tres ex efectivos de la policía provincial que prestaban servicio en el Comando Radioeléctrico, en la denominada "causa Roselli".

El hecho ocurrió el 2 de julio de 1976, cerca de las 10 de la mañana, cuando en la esquina de las avenidas Caraffa y Octavio Pinto del barrio Villa Cabrera de Córdoba, los militantes Ana María Villanueva, Jorge Manuel Diez, Carlos Delfín Oliva y Héctor Ernesto Hunziker, quien aún permanece desaparecido, fueron abordados por efectivos policiales mientras conversaban.

Según consta en el expediente, en esa oportunidad los jóvenes estudiantes observaron una persona que habría pertenecido al Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia (D2), por lo que decidieron alejarse del lugar.

Hunziker lo hizo caminando, y Villanueva, Oliva y Diez, lo hicieron a bordo del automóvil Fiat 128 de este último.

Instantes después, el auto fue interceptado por dos vehículos del Comando Radioeléctrico de la policía de Córdoba y, al intentar huir, los jóvenes estudiantes fueron detenidos por los policías Pedro Nolasco Bustos, Andrés Rojo, Antonio Polakovich, Jorge Worona, Pedro Colazo y José Oliviere.

Posteriormente, y tras recibir una dura golpiza por parte de los uniformados, Villanueva, Diez y Oliva fueron trasladados en uno de los móviles a un descampado cercano al estadio Chateau Carreras, donde fueron fusilados.

Según consta en la resolución judicial, en aquella oportunidad se informó que las muertes se habrían producido a consecuencia de un supuesto enfrentamiento armado entre los efectivos de seguridad que realizaban un control vehicular y "extremistas".

Por esta causa, serán juzgados por el presunto delito de "privación ilegítima de la libertad agravada y homicidio calificado", los ex policías Pedro Nolasco Bustos (57), Jorge Vicente Worona (65) y José Filiberto Olivieri (65), ex integrantres del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia.

Durante la primera audiencia  se procederá a la lectura de la acusación y del auto de elevación a juicio, en tanto que para el jueves 16 (las audiencias tendrán lugar los martes, miércoles y jueves) está prevista la declaración de los 10 testigos que pasarán por el juicio.

El abogado querellante, Claudio Oroz, señaló que será una "causa corta, con pruebas muy contundentes", y estimó que "en unas tres semanamas puede estar resuelto con una condena a perpetua".

El letrado consideró que la Cámara Nacional de Casación "ha sido muy expeditiva para resolver los planteos que habían hecho las defensas y la verdad es que han estado muy rápidos" en su resolución.

Oroz sostuvo que en este juicio -el primero en el que se juzga a integrantes del Comando Radioeléctrico-, "se va a ver a las fuerzas policiales como las manos ejecutoras en una etapa donde inteligencia era la que asesinaba como la D2", en referencia al Departamento de Informaciones de la policía y el centro clandestino de detención y torturas.

Finalmente destacó que el Comando Radioeléctrico "tuvo mucho que ver en la aplicación del plan sistemático de exterminio" ejecutado durante la última dictadura cívico-militar.

 

 

 


 

Destinan una sede definitiva para los juicios por los crímenes en Campo de Mayo a partir de julio


 


 

Los juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, tendrán a partir del 1º de julio una sede definitiva, tras el reclamo de organismos de derechos humanos por las demoras en la celebración de procesos judiciales por la falta de un espacio adecuado.

 

Así lo confirmó a Télam el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera, tras el plenario realizado por el organismo, que además resolvió abrir un proceso sumarial a Pablo Vassel, titular de la Unidad de DDHH del cuerpo.

El edificio ubicado en Pueyrredón y San Lorenzo, pleno centro del partido de San Martín, será sede además de todos los procesos que se radican en los Tribunales Orales de San Martín, entre ellos los relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Campo de Mayo, cuyos inicios fueron demorados por falta de lugar físico.

Los organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación desde la celebración del primer juicio oral en 2009 que condenó por primera vez al ex dictador Reynaldo Bignone y que tuvo que realizarse en una cancha de fútbol de la localidad de Florida.

La guarnición Campo de Mayo estaba a cargo del Comando de Institutos Militares y fue uno de los más grandes centros de detención y tortura entre los más de 600 diseminados a lo largo del país durante la dictadura militar, por donde se calcula que pasaron unas 5

 

 

Dentro del predio funcionaron cuatro centros clandestinos -El Campito o Los Tordos, Las Casitas o La Casita, el Hospital Militar y la Prisión de Encausados- y su área de operaciones fue la Jurisdicción de la Zona 4 que abarcaba Escobar, General Sarmiento, General San Martín, Pilar, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Exaltación de la Cruz, Zárate y Campana.