DD.HH

BOLETÍN INFORMATIVO

Departamento de Derechos Humanos

de la Embajada de la República Argentina en España

Responsable: Consejero Carlos María Duhalde

23/01/2012

En diciembre del año pasado se identificaron los restos de Guillermo Vargas Aignasse, senador provincial justicialista.

El cuerpo de Vargas Aignasse fue encontrado en la fosa común denominada "Pozo de Vargas", en la provincia de Tucumán, y las excavaciones que dieron con los restos comenzaron en 2002.

Por el crimen de Vargas Aignasse, en abril de 1976, fueron condenados a cadena perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez y el recientemente fallecido Antonio Domingo Bussi.

Si bien la identificación del legislador tucumano fue la más significativa, durante todo 2011 se produjeron distintas identificaciones y entrega de restos a familiares de víctimas del terrorismo de Estado que intentan cerrar así una dolorosa etapa.

En febrero de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal formalizó la identificación de los restos de Martha María Brea, secuestrada el 31 de marzo de 1977.

La psicóloga fue secuestrada por fuerzas de seguridad mientras se encontraba en el Hospital “Aráoz Alfaro” de Lanús, donde trabajaba en el área de salud mental, en el Servicio de Psicopatología.

Entre 2004 y 2006 fueron exhumados varios esqueletos del cementerio de Lomas de Zamora, en el contexto de la “búsqueda de la verdad” llevada adelante por la Cámara Federal porteña.

De la fosa ubicada en la sección 21, Tablón E, sepultura 60, se recuperaron cinco esqueletos -dos de sexo femenino y tres de sexo masculino-, dentro de los cuales se encontraba el de Brea.

También en febrero, se identificaron los restos de María Isabel Salinas de Bosso, quien fuera enterrada como “NN” en una fosa común en un predio del Ejército ubicado en Santa Fe.

El cuerpo de Salinas de Bosso es el tercero identificado que estaba enterrado como "NN" en la fosa común de ese predio.

El primero fue el de María Esther Ravello y el segundo el de Gustavo Pon, ambos presuntamente secuestrados en Rosario en 1977.
En tanto, en marzo de 2011 la Cámara Federal porteña formalizó la identificación de los restos de Carlos Alberto De Lorenzo, quien había sido secuestrado el 28 de julio de 1977 por un grupo de personas que manifestaron ser de la Policía Federal y que se presentó en su lugar de trabajo, “Laboratorios Rhodia S.A.”, en Quilmes, donde se desempeñaba como técnico químico.

Entre los años 2006 y 2007 fueron exhumados varios esqueletos del cementerio municipal de Villegas, en el partido bonaerense de La Matanza, donde fueron encontrados los restos de De Lorenzo.

También en marzo, fue identificado por la justicia federal santafesina el cuarto cuerpo de los ocho que fueron hallados en un campo propiedad del Ejército ubicado en jurisdicción de San Pedro.

Se trata de Carlos Alberto Bosso, un militante del Peronismo Revolucionario que había sido secuestrado en Rosario en 1977.

Se presume que los ocho cadáveres hallados en San Pedro pertenecieron a militantes políticos que antes de ser ejecutados en ese lugar, estuvieron privados de su libertad en el centro clandestino de detención denominado "La Calamita", en Rosario.

La fosa común con los ocho cuerpos fue hallada en junio de 2010 por el Equipo Argentino de Antropología Forense y se constituyó en la primera descubierta en un campo del Ejército en todo el país.

En abril del año pasado, en tanto, la Cámara Federal porteña formalizó la identificación de los restos de María Leonor Abinet, Gladis del Valle Porcel de Puggioni, Liliana Irma Ross de Rossetti, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria.

Los restos óseos de todos ellos fueron recuperados del cementerio municipal de General San Martín.

Abinet tenía 31 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en Caseros. Su pareja, Miguel Ángel Gallinari, permanece desaparecido y la hija de ambos, Elena Gallinari Abinet, nació en cautiverio el día 5 de noviembre de 1976 y fue localizada por las Abuelas de Plaza de Mayo en 1986.

Poco después, en junio, la Cámara Federal porteña formalizó la identificación de otras seis personas que estaban desaparecidas, tras hallar restos óseos en el cementerio de General San Martín.

Una de las personas identificadas fue Marta Angélica Taboada de Dillon, quien fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 junto con Gladis del Valle Porcel de Puggioni y Juan Carlos Arroyo.

Otro caso es el de Juan Carlos Mora, secuestrado el 1° de diciembre de 1976 en La Plata junto con su esposa Silvia Amanda González que estaba embarazada y fue identificada por el Tribunal.

Las otras dos personas identificadas fueron Guillermo Ramón Sobral y Marcelo Eduardo Pag.

Además, se identificaron otras dos personas, Víctor Hugo González y Ruperto Méndez, exhumadas en 1983 del cementerio de Moreno.

En julio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, con la asistencia del Equipo de Antropología Forense, logró identificar los restos óseos de Lilia Mabel Venegas, enterrados "NN" en el cementerio Parque de la ciudad balnearia.

En septiembre, en Jujuy, fue identificado el cuerpo de Hugo Julián Luna, oriundo de Purmamarca, secuestrado en 1978.

El cuerpo de Luna fue identificado por el trabajo de los forenses en el cementerio de General Lavalle, Partido de la Costa.

También en septiembre, la Cámara Federal formalizó la identificación de siete personas.

Los restos óseos de cuatro de ellas fueron recuperados del cementerio municipal de General San Martín, mientras que los otros tres casos corresponden al cementerio municipal de Vicente López.

En San Martín se logró dar con Alicia Lisso, Héctor Federico Bacchini, Pacífico Francisco Díaz y Marta Leonor Santana Elias de Iwaniw; en tanto en Vicente López fueron hallados María Eugenia Sanllorenti, Mirtha Noelia Coutouné y Alejandro Emilio Sánchez.

En octubre, se formalizó la identificación de los restos de Miguel Ángel Mastrogiovanni, Ismael Monzón, Ana María Liendo, Juan Benítez y Alberto Eduardo Delfino, en el marco de una investigación encabezada por la Cámara Federal de La Plata.

Los cinco cuerpos fueron identificados entre los restos exhumados en el cementerio municipal de Avellaneda en el año 2006.

En noviembre, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal porteña identificó otras cinco personas, dos encontradas en el cementerio municipal de Vicente López, otras dos en el de Boulogne y la restante en el cementerio de Avellaneda.

Se trata de José Santiago Amato, el matrimonio conformado por Rodolfo Luis Casagrande y Rosa Rufina Betti, Irene Felisa Scala y Marcos Basilio Arocena Da Silva Guimaraes, ciudadano uruguayo.

A la nómina de desaparecidos identificados a lo largo de 2011 se suman Angel Daniel Román y Roberto Osvaldo Suárez, cuyos restos fueron hallados en el cementerio municipal de La Plata.

En diciembre, la Cámara Federal porteña formalizó la identificación de los hermanos Armando Ruperto, Edgardo Buenaventura y Dardo César Torres, quienes permanecían enterrados como NN en el cementerio municipal de Lomas de Zamora.

También formalizó la identificación de Cecilia Rotemberg, inhumada como NN en el cementerio de Villegas; y Tomás Adolfo Paredes, hallado sin identificar en un descampado de Cañuelas.

Con estas identificaciones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal ya logró identificar a 233 personas y entregar los restos en 202 casos.

En su informe anual, el organismo elogió los juicios a los represores de la última dictadura cívico-militar. Criticó sin embargo las demoras de los procesos en la instancia de apelación. Recordó la desaparición de Jorge Julio López.
 

La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) destacó en su informe 2012 los logros de la Argentina en materia de Derechos Humanos al juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En un documento muy crítico con Europa por su “menguante respeto por los Derechos Humanos”, la organización señaló que “la Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios”, aunque recordó que persisten graves problemas en las cárceles y en las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres.

El informe anual de HRW fue presentado ayer en El Cairo, Egipto, por su director Ejecutivo, Kenneth Roth, quien llamó a apoyar la “primavera árabe” y cuestionó a Europa por proclamar la importancia de los Derechos Humanos en los países árabes pero no en su territorio. 

En su capítulo dedicado a la Argentina, el informe, que examina todos los años las prácticas de Derechos Humanos en el mundo, destacó los logros alcanzados desde 2003 en el proceso de juzgar a los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar. 

“La Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el período de terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, si bien hubo demoras procesales”, señala el documento conocido ayer.

La organización realizó un resumen de cómo la sociedad argentina llevó al banquillo de los acusados a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado. Recordó que en 2003 el Congreso anuló las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y que a esto se sumó en 2005 la declaración de la justicia federal de la nulidad de los indultos que otorgara el ex presidente Carlos Menem.

Según cifras oficiales de un relevamiento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, el total de condenados delitos de lesa humanidad llegaron durante 2011 a 267 desde el regreso de la democracia. A esto se suman las 843 personas que se encuentran procesadas, de las cuales más de la mitad ya tienen alguna causa en etapa de juicio o con requerimiento fiscal de elevación a juicio.

Al igual que la Unidad Fiscal y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Human Rights Watch cuestionó que los juicios “han sufrido demoras en la instancia de apelación y las causas suelen tardar más de dos años en llegar a los tribunales de alzada luego de la sentencia en primera instancia”. Además, criticó la baja cantidad de condenas que la Corte Suprema de Justicia o la Cámara Nacional de Casación Penal han dejado firme. En el documento se destaca la sentencia en marzo de 2011 a los responsables del centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó como centro de operaciones en el país del Plan Cóndor. Por último, señala la preocupación por la seguridad de los testigos. “Jorge Julio López, un hombre de 79 años que había sido víctima de torturas, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006, el día anterior a la fecha en que debía declarar en una de las últimas audiencias de una causa por violaciones de Derechos Humanos. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy”, recordó.   ( Nota completa en Tiempo Argentino)