El
centro clandestino de detención
El
campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la
Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de
seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En
ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”. Después de que los
militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo
empezó a designar “El Vesubio”.
Según
estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de
concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en
su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y
Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de
Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.
Un
terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al
Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino
se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe
del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que
concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era
la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los
detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra.
También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en
que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio
Penitenciario Federal (SPF). Desde el 24 de marzo de 1976, el
centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de
Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.
El
primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto
Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor
Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más
tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés,
identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de
este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la
proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las
instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros,
las torturas, las violaciones, los asesinatos y las
desapariciones allí perpetradas.
La
Causa
En
1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este
campo de concentración. Así fue como se abrió la causa 1800 en
el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese
mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa
quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron
su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de
2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los
tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos
de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de
tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los
juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma
desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En
febrero del año pasado, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal
(TOF) 4 comenzó a juzgar a estos represores:
- Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada
retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería.
Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y
tormentos así como por 16 homicidios.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel
retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba
Vesubio. Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2
homicidios.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de
inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro
clandestino. Se hacía llamar “Delta”. Imputado por 63 PIL y
tormentos así como por 14 homicidios.
MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias
“Pancho”. Imputado por 140 PIL y tormentos.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R),
alias “el Paraguayo”. Imputado por 85 PIL y tormentos.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario,
alias “Sapo”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario,
alias “Polaco”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias
“Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo
los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del
Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.
Exigimos
En
sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los
jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un
genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella
solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y
de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez.
También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en
el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La
desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en
claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia
sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las
rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El
Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que
estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil,
estaremos el próximo jueves 14de julio exigiendo: JUICIO Y
CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS
COMPAÑEROS.
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
¡PRESENTES!
AHORA
Y SIEMPRE!