VICTOR MARTINEZ
Desapareció testigo en juicio por delitos de lesa humanidad
(AW) Víctor Martínez, testigo clave en
la causa que investiga la muerte de Monseñor Ponce de León obispo de
San Nicolás, ocurrida el 11 de julio de 1977, se encuentra
desaparecido desde el lunes 18 de abril a las13.00. El denunciante
se encontraba exiliado en Israel y resolvió volver al país para
declarar. Martínez en su declaración, fue claro en acusar
directamente a quien era el jefe del Batallón de San Nicolás en
1976, coronel Saint Aman. Sus familiares presentaron un Habeas
Corpus. A las 17.00 de hoy se realizará una concentración frente a
los tribunales de Rosario.
Reproducimos nota de Laura Vales publicada en Página 12 de hoy.
DENUNCIA EN LA CAUSA SOBRE EL OBISPO PONCE DE LEON
Testigo desaparecido
Fuente: Página 12
Miércoles, 20 de abril de 2011
Víctor Martínez está desaparecido desde el lunes. Sus familiares
presentaron un hábeas corpus. Es un testigo clave en el caso del
obispo Carlos Ponce de León
Por Laura Vales
Víctor Martínez, testigo en la causa en la que se investiga la
muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, asesinado durante la
dictadura en un accidente simulado, se encuentra desaparecido desde
el lunes. Así lo denunciaron sus familiares, que presentaron un
hábeas corpus. En el pedido de intervención a la Justicia
advirtieron que Martínez había tenido años atrás amenazas de muerte.
A las dos de la tarde del lunes salió de su casa, en la ciudad de
Buenos Aires, para ir a una escribanía ubicada en el microcentro, a
la que nunca llegó.
"Tenía después un turno con su terapeuta a las 17.30 y tampoco fue.
Estamos preocupados", relató anoche la abogada Gabriela Scopel.
Vestía camisa blanca, pantalón y zapatos negros y un pulóver oscuro.
La letrada agregó que en los hospitales de la ciudad, tanto como en
el SAME y en la Policía Federal dijeron no tener rastros de él.
Martínez era el único acompañante de Ponce de León cuando el 11 de
julio de 1977 el obispo sufrió el accidente que le causó la muerte.
Tenía entonces 19 años -hoy tiene 52- y estaba haciendo el servicio
militar en la Prefectura Naval, donde estuvo secuestrado después del
accidente.
Como obispo de la diócesis de San Nicolás, Ponce de León había
acompañado a los trabajadores de Villa Constitución perseguidos por
el terrorismo de Estado e intercedió por varios desaparecidos. Su
muerte conmocionó a la zona por su similitud con la del obispo de La
Rioja, Enrique Angelelli, que había ocurrido un año antes.
La investigación del asesinato fue reabierta luego de la anulación
de las leyes de impunidad, pero se topó con continuos obstáculos en
su avance. El principal investigado es el ex teniente coronel Manuel
Fernando Saint Amant, jefe de la represión en la zona, hoy procesado
(pero en libertad) en numerosas causas de desaparición de personas.
En el año 2008, el fiscal federal Juan Patricio Murray tuvo un
fuerte cruce con el juez de la causa, Carlos Villafuerte Ruzo,
cuando tras enterarse de que el cadáver del obispo había sido sacado
de su tumba en la Catedral, pidió un análisis de ADN para certificar
que el cuerpo dentro del ataúd no hubiera sido suplantado, pero se
topó con una orden del juez suspendiendo la exhumación.
Martínez declaró en el expediente y fue acusado por falso testimonio
y procesado. Por esto, inició una querella contra Villafuerte Ruzo.
"A fines de diciembre presentamos una demanda por persecución
religiosa contra el juez, en enero hicimos una presentación de
juicio político en el Consejo de la Magistratura y el 24 de marzo,
en el acto en la Plaza de Mayo, hubo un grupo que colgó una bandera
con la consigna ‘juicio político al juez Villafuerte Ruzo'", reseñó
la abogada Scopel.
El hábeas corpus fue presentado "en atención a las causas penales
que lo tienen como víctima, testigo, denunciante y querellante", que
son "eminentemente procesos en los que se investigan violaciones a
los derechos humanos".
El testigo estaba recibiendo atención psicológica por estrés post
traumático, después de la reapertura de las causas de San Nicolás.
Sus familiares contaron que sufre de alta presión, pero controlada
con medicamentos, y que también suele usar bastón por problemas en
su columna.
Por las amenazas de muerte que recibió fue abierta una investigación
en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, aunque el expediente fue
cerrado el año pasado por falta de pruebas.