Por Gabriela Juvenal
gjuvenal@miradasalsur.com
Hasta hace no menos de dos años, cuando los
medios de comunicación se referían al 24 de
marzo de 1976, era corriente que hablaran de
golpe militar, y no tanto de golpe
cívico-militar. La detención de José Alfredo
Martínez de Hoz abrió la página para instalar y
rediscutir el rol de los civiles durante el
proceso que actuaron bajo el ala de las Fuerzas
Armadas. Entre 1974 y 1975, cuando Joe –como le
decían sus amigos– era presidente del Consejo
Empresario Argentino (CEA), el diseño del plan
económico que aniquilaría a la clase
trabajadora estaba en plena marcha.
Aquella historia, el secretario de Derechos
Humanos, Eduardo Luis Duhalde, la conoce como
nadie. En esta entrevista con Miradas al Sur
analiza el rol de esos grupos, y no se asombra
de que Martínez de Hoz, antes de su detención,
haya publicado una solicitada en los dos grandes
diarios, tal como solía hacer hace 30 años.
“Ahora se comprende mejor la participación de
estos grupos en la dictadura, porque son los
mismos que operan hoy intentando desestabilizar
la democracia”, afirma.
–¿Qué características tenía Martínez de Hoz para
haber sido el cerebro del golpe?
–Martínez de Hoz viene de una de las primeras
familias terratenientes de la Argentina,
beneficiaria de la enfiteusis rivadaviana y
luego de los que lo sucedieron en los repartos
de tierras públicas que acrecentaron sus
fortunas. Partícipe de un negociado de la
Conquista del Desierto y, por lo tanto,
corresponsables del genocidio de las poblaciones
indígenas del sur, los Martínez de hoz
ascendieron –dentro del proyecto liberal del los
’80– a cargos como la presidencia de la Sociedad
Rural Argentina (SRA), cuyo primer presidente
fue su bisabuelo. Así que, por derecho propio,
han sido los dirigentes principales del proyecto
liberal y luego neoliberal del ajuste perpetuo
con que, tanto la Argentina liberal del ’80 como
tras la del golpe de 1930 con la década infame y
la del ’55, fueron copartícipes de los golpes de
Estados y beneficiarios directos en tanto
representantes de la oligarquía.
–¿Usted fue alumno de él?
–Sí, lo conocí como profesor de la materia
Derecho Agrario en la facultad de Derecho. Era
profesor adjunto, y era la única cátedra. Di
examen libre.
–¿Por qué fue el jefe civil de la dictadura?
–Cuando decimos que es el jefe civil de la
dictadura tiene que ver con la génesis del golpe
de Estado. El plan de Martínez de Hoz se concibe
antes de la propia conspiración militar. Hay
declaraciones de él en la que se jacta de haber
hecho el plan y ante la imposibilidad de que lo
aplicara Ítalo Luder desplazando a Isabel
Martínez de Perón, a la cual Luder se negó
rotundamente, aceleraron los contactos con los
militares para el Golpe. Martínez de Hoz fue uno
de los jefes y por eso duró cinco años, igual al
mandato de Videla. Están sus discursos, su
propósito expreso de reducción del salario,
destrucción del Estado, de la industria
nacional, la concentración del capital porque él
representaba a toda la fracción del capital.
–¿Qué función cumplió en la unificación de esos
sectores antes enfrentados?
–El golpe que se da en 1976 no fue sólo para
disciplinar a la militancia política, a la clase
obrera y al pueblo, sino también para
disciplinar las fracciones del capital. Hacia el
año 1975 –con el Gobierno de Isabel Perón que no
era un auténtico representante de los sectores
dominantes– se agudizó la crisis entre los
sectores tradicionales, la burguesía agraria y
la industrial, con una fuerte presencia de un
tercer componente que fue el capital financiero
concentrado. En esos años, donde se necesitaba
reformular el modelo de acumulación, había
disensos entre esas tres fracciones de la clase
dominante. Y Martínez de Hoz es quien los
unifica porque estaba ligado al sistema bancario
de los Bancos suizos; había sido presidente de
Acindar y de la Italo Argentina de Electricidad.
O sea, tenía una representación importante del
capital industrial y al mismo tiempo por su
pertenencia a los sectores agrarios y la SRA.
–¿El rol de esos sectores se vio con la 125?
–Yo digo que la receta siempre se repite: Para
crear las condiciones del golpe de 1976, antes
se realizó un paro agrario y las manifestaciones
habían sido encabezadas por el padre de Máxima
Zorreguieta, Jorge, al cual lo premian como
Secretario de Agricultura. El origen del golpe
ni fue militar ni fueron precisamente los
sectores civiles los únicos encargados de crear
las condiciones. El propio Ricardo Balbín, en un
discurso famoso, poco antes del golpe, dijo que
no había posibilidad de salvar el orden
constitucional. No hay duda de que el sentido
fundamental del golpe fue imponer una política
de disciplinamiento y que su destinatario
fundamental fue la clase obrera; más del 50 por
ciento de los desaparecidos son trabajadores,
activistas de fábrica, delegados de sección,
integrantes de comisiones internas o secretarios
generales como Jorge di Pasquale u Oscar Smith.
Es evidente el sentido que tuvo la represión,
con esa política de ocultar mostrando el terror,
multiplicado en las desapariciones.
–¿Cómo se diseñó esa política?
–La publicación de las listas de agentes civiles
de la dictadura es prueba de que ellos tenían
cooptados –por lo general por parentesco con
miembros de suboficiales de las fuerzas– obreros
que trabajaban en las fábricas, con lo cual
trabajaban a dos puntas. Las listas se
confeccionaban por los jefes de personal de las
grandes fábricas como sucedía con Mercedes Benz
pero también tenían agentes, propio de los
servicios, dentro de las propias fábricas. La
maquinaria preparatoria fue brutal. Ellos
hicieron durante el ’75 un relevamiento completo
en todas las grandes fábricas de cuáles eran los
activistas más peligrosos. Tenían más
información sobre la organización de comisiones
internas, asociaciones de trabajadores y de la
propia estructura del movimiento sindical que de
las organizaciones armadas. Porque ellos sabían
bien que tanto Montoneros como el ERP estaban
debilitados y en camino de una derrota antes del
golpe de Estado del ’76. Su objetivo principal
del relevamiento de inteligencia, queda claro,
estuvo en la clase obrera organizada.
–Martínez de Hoz está involucrado en infinidad
asociaciones ilícitas...
–No se limitó a ser el responsable de ese
genocidio económico. Se involucró en múltiples
actividades ilícitas, cuyo caso arquetípico es
el de los Gutheim, que fueron obligados en
cautiverio a firmar un convenio con empresarios
en Hong Kong. Pero también está el caso de
Casariego de Bel, director del área jurídica
financiera del Ministerio de Economía que se
había opuesto a indemnizar por segunda vez,
porque ya había cobrado la Italo. Salía de su
casa, por una citación de Walter Klein, y no
regresó más. Está desaparecido. Pero además, en
la medida en que la estructura de ese Ministerio
facilita a los militares sus propios miembros
para que a través de la Comisión de Valores
interrogue a los empresarios que el Primer
Cuerpo del Ejército secuestraba, existe una
implicancia directa de quien era su
responsable y de quien dependía la Comisión
de Valores.
–¿Por qué sólo se lo detiene por este caso?
–Está procesado por dos hechos puntuales pero lo
cierto es que todavía no se ha agotado ni por
mucho las acciones jurídicas tendientes a que
pague esos ilícitos. Además, al Estado les
insumió altísimos costos, de millones de dólares
al pago de la reparación a los empresarios que
fueron privados de sus empresas. Sobre eso,
falta concluir un trabajo porque tanto en el
gobierno de Alfonsín como después, hubo juicios
que llegaron a sentencia, que el Estado pagó
sumas altísimas a los que habían sido despojados
por esas sumas de inventaria cuantificación de
empresas, incluidos bancos, bodegas, etcétera.
Por eso, Martínez de Hoz es autor de
innumerables ilícitos y no puede gozar de
privilegios.
–Aduce enfermedad pero puede publicar
solicitadas y fúnebres en La Nación…
–Y pasear por Plaza San Martín. Hay gente que
manifestó que cuatro días antes de ser detenido,
paseó con total impunidad.
–¿Qué diferencia tiene la causa Gutheim con el
resto?
–Esta causa estaba prácticamente iniciada con la
vuelta de la democracia y se paralizó con el
indulto de Menem. La del golpe la inició la
Secretaría que presido, aunque no ha avanzado.
Sucede que teniendo ahora a Martínez de Hoz y
Videla, cambia; la querella va a reforzar su
impulso.
–¿Qué rol tuvieron los organismos en eso?
- Naturalmente, fueron ellos los que impulsaron
los juicios contra los autores materiales. Eran
los carniceros los verdugos. Hoy, esos juicios
tienen un cierto desarrollo como para poder
ampliar la mirada. Pero fíjese lo que nos ha
costado por ejemplo en la figura más emblemática
como Martínez de Hoz dentro de los civiles
llegar a la inconstitucionalidad de sus
indultos.
–¿Y qué hay con el Poder judicial?
– Los indultos se resolvieron rápido porque
fueron de los militares. Los usaron y después
dejaron de interesarles. Lo de Martínez de Hoz
tuvo inexplicables demoras que no son
atribuibles a Oyarbide. Fueron 4 años en el que
los organismos y la Secretaría querellaron. Sí,
en el avance de los juicios existe una sorda
complicidad de algunos jueces pero hoy es
posible avanzar más sobre la responsabilidad
civil de los coautores de esa política
represiva.
–¿Por qué?
–Por una creencia general fomentada por los
sectores civiles implicados, de que era un golpe
de los militares, que no es exacto. Martínez de
Hoz no fue el único. Junto al entonces ministro
de Justicia, Rodríguez Varela, que anda dando
vueltas por ahí haciendo apología al terrorismo
de Estado, manejaron dos resortes claves: la
economía y la Justicia. Su responsabilidad
aparece menos visible al común de los ojos de la
gente que el cuartelero.
–Usted lo demuestra en su libro El Estado
Terrorista Argentino...
–Basta con ver lo que publicaban todos los
sectores económicos de poder concentrado y que
por supuesto la SRA fue vanguardia, para dar
cuenta de ello. En el capítulo del bloque civil
de la dictadura, hace muchos años denuncié a los
grupos económicos, a miembros del poder
judicial, y a los firmantes de las solicitadas
de apoyo al proceso.
–¿Qué herencia dejó el plan Martínez?
–Un país devastado y atado al capital financiero
con un Domingo Cavallo que convirtió a la deuda
privada en estatal, salarios que perdieron más
del 50 por ciento de su valor, el
desmantelamiento del Estado y después el ajuste
brutal de Menem que no es casual que haya
indultado a Martínez de Hoz. Eso se completa con
las privatizaciones que se implementaron también
con las empresas del Estado. Menem completó la
obra de Martínez de Hoz. En la dictadura
aplicaron una ley de 1970, donde se realizó el
salvataje de empresas que tenían dificultes
financieras mediante las inversiones del Estado.
Así, el Estado pasó a ser accionista y nunca
ejerció la titularidad de esas acciones. Y con
la dictadura, después, se desprendieron a precio
vil de las acciones haciéndole perder al Estado
la garantía que tenía de esas inversiones que
había puesto para salvar a esas empresas.
–¿Por qué hablamos de golpe cívico?
–Yo creo que empieza a verse más claro a partir
del comportamiento en el presente de esos grupos
civiles. De esta manera, se comprende mejor la
participación que tuvieron los grupos de poder
durante el golpe de Estado, los mismos que
operan hoy intentando desestabilizar la
democracia. Basta con leer los titulares de los
diarios de ahora, para comprender el apoyo
irrestricto que tuvieron La Nación y Clarín en
dictadura. Además, haciendo aparecer como algo
inevitable. Hoy se aprovechan de la ley Videla
en materia de comunicación. Ninguno de los
llamados “grandes diarios” hizo autocrítica por
su apoyo descarado al terrorismo de Estado, del
que fueron cómplices.