La reforma del marco vigente en materia de inmigración es inaplazable. El consenso en tal sentido agrupa a la inmensa mayoría de asociaciones de inmigrantes, ONG´s y demás organizaciones sociales tradicionales y partidos políticos.

Algunos de los motivos que obligan la modificación de la ley vigente son, por un lado, que requiere adaptarse a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional (que rechaza la restricción de derechos de asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga para los inmigrantes en situación administrativa irregular) y por otro, adecuarse a las directivas aprobadas por la Unión Europea que exigen su trasposición a la normativa.

Las reformas previstas en el proyecto de ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y que van a tratarse en el parlamento en los próximos meses, introducen algunos aspectos que mejoran la situación actual pero también otros, de gran calado, que la empeoran sustancialmente y que son desde todo punto de vista inadmisibles.

Tanto el Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes, como el Consejo Económico y Social, el Consejo de Estado así como el Consejo General del Poder Judicial han advertido que el proyecto a debatir restringe derechos fundamentales de los inmigrantes, tanto a aquellos que se encuentran en situación administrativa regular (los que tienen tarjeta de residencia) como los que no (los denominados sin papeles).

Uno de los puntos más aberrantes y detestables del proyecto es la extensión del período de retención en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) que puede estar un inmigrante en situación irregular pendiente de expulsión. Aunque el Tribunal Constitucional haya avalado la constitucionalidad de este internamiento desde el año 1985, absolutamente nada justifica la privación de la libertad de personas que no han cometido delito alguno, falta o infracción diferente a la carencia del permiso de estancia. El proyecto de ley, al ampliar el plazo de internamiento de 40 a 60 días, justifica y extiende esta violación a un derecho fundamental de las personas al sancionar con privación de libertad una falta administrativa.

Por otro lado, si bien la normativa mejora la reagrupación familiar al otorgar autorización para trabajar a los hijos y cónyuges reagrupados, restringe, salvo situaciones excepcionales y por motivos humanitarios, la reagrupación familiar de los ascendientes menores de 65 años pudiendo solicitar dicha reagrupación únicamente tras 5 años de residencia legal y continuada en España. El derecho a la reagrupación familiar es uno de los derechos recortados más severamente en esta ley y no contribuye a un proceso real de integración de los inmigrantes.

Otros aspectos que revisten especial gravedad, por no hablar del tratamiento de los menores de edad en esta ley, son los recortes sociales para inmigrantes que se plantean en ámbitos como la educación, la salud o el acceso a la vivienda pública en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos, que en cada caso y en conjunto contradicen el principio de no discriminación que recoge el mismo proyecto cuando no los valores constitucionales.

El texto de reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, conocida popularmente como Ley de Extranjería, da cuenta de un carácter más punitivo y represivo que integrador y solidario. En consonancia con el clamor conjunto de las organizaciones sociales del ámbito de extranjería es menester la apertura de un nuevo período de consulta y negociación para superar las lesiones a la ciudadanía que el proyecto de ley contempla.

Matías Ezequiel Garrido es Sociólogo y Secretario General de la Casa Argentina de Madrid.