"Un hombre, (o
mujer) para ser completo, ha de plantar
un árbol, tener un hijo y escribir un
libro."
Esta es la frase que se atribuye al
poeta cubano José Martí
"tener
un hijo (desaparecido) y escribir un
libro"
Las
declaraciones de Meijide
Repercusiones y
carta abierta
de Eduardo Duhalde
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EL LIBRO DE FERNANDEZ MEIJIDE SOBRE
LA HISTORIA POLITICA DE LA CONADEP
"Deberían bajar condenas a
represores por información"
Meijide cree que sería una cuestión
superadora ya que, así ,"los juicios no
van a ninguna parte".
Por: Guido Braslavsky
POLEMICA. MEIJIDE, EN SU
CASA DE NUÑEZ, EN LA
ENTREVISTA CON CLARIN.
Graciela Fernández Meijide se mete
en un tema espinoso. Cree que se
debe alcanzar "alguna verdad" sobre
el destino de los desaparecidos y
sobre todo, recuperar la identidad
de los bebés apropiados durante la
represión ilegal, hoy adultos. Si
bien valora la nulidad de las leyes
del perdón que permitieron juzgar a
los militares, cree que una
instancia "superadora" sería
reformar el Código Penal y permitir
rebajas de condenas a cambio de
información "fehaciente y
comprobada".
La reflexión surge en una entrevista
con Clarín a propósito del
lanzamiento de su libro, La historia
íntima de los derechos humanos en la
Argentina (a Pablo). En el que por
primera vez se animó a escribir
sobre el secuestro y desaparición de
su hijo Pablo, de 17 años, arrancado
una madrugada de octubre de 1976 del
hogar familiar. Parte de una redada
contra un grupo de adolescentes del
Colegio Nacional de Vicente López
que militaban en la Juventud
Guevarista.
El libro es el testimonio minucioso
del drama personal que la llevó a
ser protagonista del movimiento de
derechos humanos, desde la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) y luego la CONADEP formada en
1984 por el presidente Raúl
Alfonsín, sobre cuyo informe se basó
el juicio a las Juntas Militares.
Meijide, 78 años, hace una crónica
íntima del nacimiento de los
organismos, su difícil actuación en
los años de plomo, la historia
política de la CONADEP que, destaca,
"nadie se sentó a escribir".
"Escribí pensando en mis nietos, en
la gente joven que es el futuro",
afirma Meijide.
-Cuenta que al principio, "sólo me
aliviaba la fantasía de vengarme y
matar" a la Junta Militar.
-Sí, eso me calmaba y me permitía
dormir. No tomaba pastillas.
-¿Alcanzan los juicios como
reparación, o falta una verdad?
-Alguna verdad. Por distintas
urgencias. Una primerísima es
intentar recuperar la identidad (de
los niños apropiados). Nadie sabe el
número. Chicha Mariani (fundadora de
Abuelas), tiene más de 80 años, está
casi ciega, le dije, vos que estás
yendo a los juicios en La Plata,
aunque una cosa no quita la otra,
¿preferís que condenen a quien robó
a tu nieta, o que aparezca?
'Conocerla', me contestó. A mí me
cuesta cerrar la muerte de Pablo,
porque no tenés cadáver, ni
entierro, ni ceremonia. Cuando la
cultura no puede hacer eso hay algo
que queda inconcluso.
-¿Quién daría esa información?
-No los 'dinosaurios' que no deben
tener la mínima idea. Son los más
jóvenes, los que secuestraban,
interrogaban, los que mataron. Esos
saben. Y son los que no largan
prenda. Yo lo hablé con gente,
incluso de la Corte Suprema, pero
nadie se anima. Así como están, los
juicios no van a ninguna parte. Una
cuestión superadora sería rebajar
condenas según la información que se
aporte.
-¿El kirchnerismo cuestionó a la
CONADEP, al agregar un nuevo prólogo
al Nunca Más?
-Es todo tan circunstancial, de tal
chiquitaje... sustituir y llenar de
mentiras. Como los 30 mil
desaparecidos. ¿Con qué derecho
cuando había un conteo de 9 mil?
¿Porque es un símbolo? Están los
mitos, pero quien hace historia
tiene responsabilidad política. Debe
decir la verdad.
El texto siguiente esta reproducido de la página
http://www.plataforma-argentina.org/article.php3?id_article=566
LAS DECLARACIONES DE GRACIELA
FERNÁNDEZ MEIJIDE.
La ex ministra de la Alianza puso en duda que los
desaparecidos hayan sido 30 mil y propuso rebajar
condenas a represores a cambio de datos y confesiones.
Lunes 10 de agosto de 2009.
Rechazo e indiferencia. Esos fueron los
sentimientos que generaron entre organismos de derechos
humanos, funcionarios y querellantes en causas de lesa
humanidad las declaraciones de Graciela Fernández Meijide
durante una entrevista para publicitar su libro. La ex
ministra de la Alianza y ex integrante de la Conadep propuso
rebajar las condenas de represores a cambio de información
sobre menores apropiados y sobre el destino de
desaparecidos, tildó de “mito” la cifra de 30 mil víctimas
fatales de la dictadura, sugirió que “nadie sabe el número”
de bebés robados y, finalmente, dijo que, “así como están,
los juicios no van a ninguna parte”.
“De ninguna manera acepto negociar a mi
nieta, un horror”, dijo María Isabel Mariani, fundadora de
Abuelas de Plaza de Mayo, que según Fernández Meijide
compartía su idea. “Rechazamos la propuesta de plano.
Rebajar condenas es denigrante, es entrar en un trueque
histórico”, explicó Estela de Carlotto, presidenta de
Abuelas. Y agregó que “tenemos metodologías y experiencia
para asegurar que hay alrededor de quinientos chicos
apropiados”.
La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos
calificó los dichos como “una infamia” y sostuvo que
“quienes quieran negociar con los genocidas su impunidad
serán sus cómplices”. Otros organismos les quitaron entidad
a los dichos de la ex dirigente de 78 años, retirada de la
actividad política. “Es lamentable reducir la dimensión de
la tragedia argentina a un problema contable”, respondió en
una carta el titular de la Secretaría de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde, quien calificó como “despropósito”
minimizar el valor de los juicios. Elena Mariani,
coordinadora del programa Verdad y Justicia, sostuvo que
“haber integrado la Conadep no autoriza a decir
estupideces”.
Ex dirigente de la APDH, Fernández Meijide
acaba de publicar Historia íntima de los
derechos humanos en la Argentina, dedicado a su hijo
Pablo, desaparecido en 1976. Entrevistada por diversos
medios de comunicación, calificó de “mentira” la cifra de 30
mil desaparecidos y de “chiquitaje” el cambio de prólogo del
Nunca Más, reeditado por la Secretaría
de Derechos Humanos para cuestionar la teoría de los dos
demonios. También propuso aminorar condenas a cambio de
datos y evaluó que no serían “los dinosaurios” quienes los
entregarían, pues “no deben tener la más mínima idea”, sino
“los más jóvenes, los que secuestraron y mataron”.
La idea no es nueva. El año pasado el
general Martín Balza cuestionó la falta de políticas para
quebrar el pacto de silencio y Claudio Tamburrini,
sobreviviente de Mansión Seré, planteó la alternativa de
reducir penas a cambio de confesiones: sostuvo que “al
inducir a denunciarse mutuamente se quiebra el pacto de
silencio”, “se reduce la intensidad del castigo pero se
incrementa el número de delincuentes penalizados,
extendiendo las penas a los cómplices civiles”.
“Quiero recuperar a mi nieta por sobre todas
las cosas, pero eso no significa que vaya a negociar”,
explicó Chicha Mariani, que con 80 años aún busca a Clara
Anahí. “Nos agrede al decir que usamos cifras falsas. Es
doloroso tener que condenar estas expresiones, que no son
novedosas”, admitió Carlotto, quien recordó el rechazo que
generó Fernández Meijide al cuestionar la cifra de
desaparecidos cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón.
Duhalde recordó que “el único registro
fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas está en
poder de los asesinos”, que las denuncias continúan en el
presente y que “es falaz” tomar los registros parciales del
Estado como registros totales. Le recordó que la teoría de
los dos demonios, “en la medida en que sostiene que la
violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, se
convierte en teoría de un solo demonio, el de los sectores
populares” y reivindicó el valor de los juicios, que “han
servido para que la condena al terrorismo de Estado sea
irreversible”.
Fuente: Página 12
A
TÍTULO PERSONAL
CARTA DE EDUARDO LUIS DUHALDE
A
GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE
CARTA PÚBLICA A LA
SRA. GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE:
Le
escribo esta carta pública a la madre de un detenido-desaparecido y
a la integrante por muchos años del Movimiento de Derechos Humanos.
Lo hago no como Secretario de Derechos Humanos de la Nación, sino
como compañero de las luchas antidictatoriales. Por esta razón rompo
mi norma de conducta de no polemizar en torno a un tema tan grave e
inconmensurable como son las consecuencias del genocidio sufrido.
La
opinión pública está acostumbrada a esfuerzos por disminuir la
dimensión de la tragedia argentina, normalmente en boca de epígonos
del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o Cecilia Pando. De
igual modo escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto
que sostienen que no fueron seis millones los judíos inmolados por
el nazismo, sino un número inferior como si la aberración criminal
fuera una cuestión aritmética.
Distinto es su caso porque por historia usted no integra los cuadros
de la barbarie.
Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en
quienes justifican el obrar del terrorismo de Estado para advertir
las consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten de un
error esencial: el creer que existe algún registro fehaciente de la
dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las
Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles.
El
único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su
identidad y destino final solo está en poder de los asesinos. De
aquellos que mientras pregonan que su accionar fue "justo y en
defensa de la patria" ocultan todo dato, sabiendo que su proceder
fue abiertamente criminal.
Bien
sabe usted que no hay un censo nacional completo sobre el número de
víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo.
Usted
como integrante de la CONADEP conoce el enorme esfuerzo que durante
el lapso de los sólo ocho meses de vida de la Comisión se realizó
para receptar testimonios de familiares de víctimas que accedieron a
convertir en denuncia su dolor. Era el comienzo de la recuperación
de la democracia, con los asesinos caminando por las calles y en
libertad.
Concluido el trabajo de la CONADEP y finalmente depositado el fondo
documental en la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos, algunos
familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque ya no estaba la
motivación de expresarse ante la Comisión. La euforia que precedió
al juicio de los ex Comandantes dio paso a la decepción más absoluta
con el dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los
posteriores indultos que aseguraron la impunidad de los criminales
por más de 20 años.
¿Tenía
acaso sentido que los familiares de los detenidos -desaparecidos que
no habían hecho su denuncia ante la CONADEP concurrieran a seguir
haciéndolo ante un Estado que protegía a los criminales? Cuando 20
años después las leyes de la impunidad fueron derogadas y declaradas
inconstitucionales, ya era tarde. Muchos de los padres de las
víctimas habían fallecido o la resignación ante lo inevitable había
mermado sus fuerzas para hacer su denuncia.
A ello
se suma que en alguna zona del país, aún en democracia, parte de los
peores represores continuaron teniendo poder: como Bussi
institucionalmente en Tucumán o Benjamín Menéndez fácticamente en
Córdoba, prolongando la cadena de temor. En otras provincias como
Chaco, Misiones o Salta donde poblaciones campesinas fueron víctimas
del terrorismo de Estado, su condición de marginados sociales no
favoreció su acceso a la Justicia.
Recién
a partir del año 2004 con el fin de la impunidad, al amparo de las
políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, se incrementó el
cotidiano goteo de nuevas denuncias que sigue hasta el presente.
En
consecuencia tomar los registros parciales de la CONADEP y los
posteriores a la Secretaría de Derechos Humanos como registros
totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número de
desaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas
superan el número de 1000.
Lo
dicho vale para explicar la parcialidad de la identificación lograda
hasta el presente a través de las denuncias de los familiares.
Tampoco ha servido la cuantificación de los familiares presentados,
reclamando el beneficio de las leyes reparatorias, puesto que no
todos los desaparecidos dejaron herederos forzosos y que parte de
aquellos familiares rechazaron reclamar la indemnización hasta que
no se supieran quienes fueron los autores del crímen y fueran
condenados y los restos de su familiar fuera hallado.
Lo
dicho explica por qué las cifras que usted utiliza son parciales y
que por otra parte jamás fueron ocultados, puesto que usted las
halló en la información on line del Estado argentino y obran también
en la última edición del Nunca Más.
Concluido este aspecto cabe adentrarse en el número de 30.000
detenidos-desaparecidos convertido en consigna permanente no sólo
del Movimiento de Derechos Humanos sino de vastos sectores sociales.
La cifra no es arbitraria y es el producto de diversas variables:
a) La
cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo
el país, que superan el número de 500.
b) Las
estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes
centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La
Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El
Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número
actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.
c) La
estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus
presentados en el país.
d) El
número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la
represión ilegal durante todo el periodo dictatorial que superan los
150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.
e) Los
propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que
sus relevamientos efectuados con anterioridad, desde las escuelas
hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000 las personas a
eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del
escritor Haroldo Conti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita
previa al golpe y dirigida a Roberto Fernández Retamar de fecha 02
de enero de 1976).
f) Los
informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado,
haciendo constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura
argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban
ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en
su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años
más con posterioridad a ese informe y que aquella cifra de 22.000
correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.
Todo
ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria ni caprichosa.
Aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a
un problema contable.
El
carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado
aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un
hombre se está asesinando a la humanidad.
No
puedo dejar de referirme a sus expresiones de que contrariar la
teoría de los dos demonios es un problema de "chiquitaje". Aquella
perversa teoría no iguala como pareciera la responsabilidad de la
violencia popular al terrorismo estatal, sino que en la medida en
que sostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de
Estado, en definitiva se convierte en la teoría de un solo demonio,
el de los sectores populares. Así se tergiversa, se miente y se
oculta la verdad histórica de que a partir del Bombardeo de la Plaza
de Mayo el 16 de junio de 1955 con sus 300 muertos, con los
sucesivos asaltos al Estado y la proscripción política, con los
fusilamientos de junio de 1956 y la Masacre de José León Suarez, con
las cárceles llenas de presos políticos, con la aplicación del Plan
CONINTES, con los asesinatos de militantes populares desde Felipe
Vallese en adelante hasta llegar a la Masacre de Trelew, se generó
una masiva, sistemática y criminal represión al pueblo argentino que
se prolongó hasta la propia génesis del asalto al poder el 24 de
marzo de 1976.
Por
último, dice usted que los juicios a los militares no van a ninguna
parte. Ello es un verdadero despropósito: la condena de las Juntas,
de Camps, Menéndez, Bussi, Etchecolatz y tantos otros, no solo
sirven para recuperar a la Justicia como una actividad fundante del
Estado: ha servido para que la condena social al terrorismo de
Estado sea irreversible y de encarnadura al "Nunca Más". Felizmente
todos los días se avanza en los centenares de causas judiciales en
trámite, con aporte de nuevas pruebas.
Es
triste comprobar que usted pretenda ignorar todas estas
circunstancias, aunque seguramente sus afirmaciones le asegurarán un
buen éxito editorial para el libro que ha escrito.
EDUARDO LUIS DUHALDE
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