LA CTA CONTRA EL GOLPE EN HONDURAS
Golpe de Estado en Honduras
“Estamos en lucha y seguiremos hasta el final”
[7/07/2009 - ACTA] Por Mariano Vazquez. Mario Roberto Vasquez Vargas es un joven integrante de la CGT hondureña que pudo contar a través de un contacto por correo electrónico con ACTA sobre la crítica situación que viven las organizaciones sociales por la represión impuesta por el gobierno de facto. “Estamos con Mel Zelaya”, afirmó. El viernes 7.000 personas marcharon por las calles de Buenos Aires en repudio a la asonada cívico-militar. La CSA denunció ante la OEA la lista de dirigentes sindicales perseguidos. La represión de la dictadura terminó el domingo con un muerto.
“Las cosas no están muy bien nosotros, como sindicalistas, las tres centrales obreras y el Bloque Popular, estamos con Mel (así es el apodo del presidente constitucional Manuel Zelaya) porque él a hecho algo por los pobres”, explicó Mario Roberto Vasquez Vargas, vía correo electrónico, acerca de la situación en Honduras.
A pesar del saldo trágico de un muerto, los movimientos sociales hondureños rechazaron la represión militar del domingo cuando una multitud esperaba al presidente constitucional de ese país, Manuel Zelaya, y anunciaron que proseguirán sus protestas pacíficas para exigir el retorno del hilo constitucional en el país centroamericano.
Este joven integrante de la CGT Honduras aseguró que “lo que le quieren hacer o le están haciendo a Mel (los golpistas) es por querer quitarle el mando a los grupos de poder en el país”.
En referencia a la resistencia popular contó: “Hemos estado todos los días en la lucha frente a la Casa Presidencial y seguiremos hasta el final, todos estamos vestidos de rojo en significacion de poder”. Y relató sobre las marchas en apoyo a la dictadura de Roberto Micheletti: “En esas manifestaciones de la paz que hacen ellos al trabajador lo obliga a ir o si no los corren de los trabajos”.
Denuncia de la CSA
El secretario general de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Víctor Báez Mosqueira, demandó en una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) –que hoy viaja a Honduras– la intervención urgente de ese país para garantizar el “pleno respeto a la vida, la integridad personal, el libre tránsito y expresión de los dirigentes sindicales”. Desde el golpe de Estado, ejecutado el pasado 28 de junio, las movilizaciones populares y el movimiento sindical del país han sido violentamente reprimidos en su lucha por la democracia.
“Tenemos información desde Honduras que existen listas de dirigentes sindicales amenazados de detención y corren riesgo personal ante la acción de las fuerzas militares y de seguridad que respaldan las autoridades ilegítimas”, señaló Báez. Y agregó: “Esta situación tiende a complicarse ante la decisión de estas autoridades de desconocer los exhortos de la OEA y la ONU para restablecer la institucionalidad y por el contrario amenazan con una represión generalizada contra quienes respalden a las legítimas autoridades.”
“La lista de compañeras y compañeros que anexamos es limitada, pues esta amenaza se extiende prácticamente a toda la dirigencia sindical y social de ese país”, expresó el secretario general de la CSA. Se trata de 21 dirigentes, entre ellos los secretarios generales de las tres centrales obreras: Israel Salinas (CUT), Daniel Durón (CGT) e Hilario Espinoza (CTH).
Marcha en Buenos Aires
Encabezada por la Central de Trabajadores de la Argentina, 7.000 manifestantes marcharon el viernes desde las avenidas Córdoba y Callao hasta Callao 1564, sede de la Embajada de Honduras en la Argentina, en repudio al gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti. Organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas se pronunciaron enfáticamente contra el golpe de Estado perpetrado el domingo pasado, en el que fue secuestrado y expulsado de su país el presidente constitucional de Honduras y también repulsaron a los golpistas por el Estado de Sitio impuesto y la represión al pueblo.
Pablo Micheli, secretario Adjunto de la CTA Nacional, sostuvo durante el acto: “Confluimos en la necesidad de defender la democracia en América Latina, evitar que avancen estas propuestas que no podemos volver a vivir y exigir la restitución inmediata de Zelaya sin ningún tipo de condicionamientos, ya que fue electo por el voto popular. Los gobiernos de todo el mundo deben sancionar duramente a Honduras porque sino van a empezar a cobrarse víctimas de la resistencia popular”.
El dirigente reclamó que se tomen “sanciones políticas y económicas durísimas, como el retiro de los embajadores de la dictadura de Honduras de todos los países y por más que esté Michelettí esté en una posición terca no lo van a poder sostener en el tiempo y deberán pagar con la cárcel quienes usurparon el poder”.
Por su parte, Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos de la CTA, aseguró: “Es importante que haya movilizaciones en todo el mundo en respuesta al golpe de Estado para que esto no sea un banco de prueba para lo que pueda venir en el resto de Latinoamérica”. Y señaló: “Las organizaciones populares del continente se han pronunciado frente a esto”.
Para Juan González, secretario de Integración Latinoamericana, “este es un golpe al proceso de construcción en América Latina, un proceso que se realza más por la crisis del sistema capitalista y, por supuesto, todos los sectores que quieren recuperar ese esquema de privilegios y negocios son los que generan este tipo de acciones. Esto hay que compatibilizarlo en términos políticos con la lucha en Bolivia, son los mismos sectores, la oligarquía, los que se han beneficiado con el proceso neoliberal privatizador de los 90. Tiene que haber reacción de América Latina porque está en juego el proceso histórico”.
Asimismo, la diputada nacional Victoria Donda dijo que “en un delito tan grave como violar la democracia en un país latinoamericano, que ha sufrido demasiado por la vulneración de la libertad de los pueblos, los parlamentarios que avalaron el golpe y la formación de un gobierno de facto deberían estar todos presos por traición a la patria
A la cabeza de la marcha se encontraban también los dirigentes nacionales de la CTA Adolfo Aguirre, Víctor Mendibil, Cecilia Martínez, Gustavo Rollandi y Lidia Mesa, entre otros.
Frente a la sede diplomática se leyó el documento consensuado entre las organizaciones sociales, sindicales políticas y de derechos humanos en el que se exigió la “aparición con vida de todos los desaparecidos y desaparecidas durante esta asonada; la inmediata liberación de todos los detenidos; el respeto absoluto a los derechos humanos del pueblo hondureño; y a la libertad de prensa, manifestación y organización de la sociedad hondureña”.
Asimismo, se demandó “la restitución sin condicionamiento alguno en el cargo al presidente José Manuel Zelaya Rosales” y un “pronunciamiento categórico condenando explícitamente el golpe de Estado en Honduras de parte de la OEA, OIT, ONU y UNESCO”.