LA MASACRE DEL 16 DE JUNIO DE 1955.

Por
Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos

El
bombardeo de una ciudad abierta por parte de fuerzas armadas del propio país,
es un acto de terrorismo, que registra pocos antecedentes en la historia mundial,
ocurridos en el fragor de guerras civiles muy cruentas que asolaron a esas
naciones.

No
hay antecedentes, en cambio, de que miembros de las Fuerzas Armadas de un
país con la connivencia de sectores políticos y
eclesiásticos, hiciera lo mismo, descargando  sus bombas y ametrallando a la
pacífica población civil, como forma de implantar el terror y el
escarmiento, para lograr la toma del poder.

Por
otra parte, las ciudades argentinas, jamás fueron bombardeadas por fuerzas
extranjeras.

El
furor fratricida se abatió el jueves 16 de junio de 1955 en el marco de
una tentativa de golpe de Estado, centrándose particularmente en civiles
inermes o muy pobremente armados en defensa de un Gobierno no sólo
legítimamente constituido, sino también sustentado por un apoyo
popular hasta entonces inédito en los anales de la historia nacional.[1]

Desde
aviones cuyas fotografías se conservan, algunos de los cuales llevaban
pintados a mano sobre el fuselaje la sigla M.R. (Movimiento Revolucionario) y
el signo de “Cristo vence” (la cruz sobre una “v”) fueron
lanzadas más de cien bombas –con un total de entre 9 y 14
toneladas de explosivos– la mayoría de ellas sobre las Plazas de
Mayo y Colón y la franja de terreno comprendida entre las avenidas
Leandro N. Alem y Madero, desde el Ministerio de Guerra (Edificio Libertador) y
la Casa Rosada, en el Sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones
(Correo Central) y el Ministerio de Marina, en el Noroeste.

Las
acciones bélicas planeadas por los mensajeros de la muerte en aquel
fatídico día, tenían el descabellado propósito de
bombardear la zona céntrica de la Plaza de Mayo con el fin de matar al
Presidente y a sus ministros al precio de destruir la Casa de Gobierno con
todos sus ocupantes y causar en sus alrededores muertes y daños, desaprensivamente
y sin importar su costo humano.

Dichas
acciones bélicas, ante la ausencia del Presidente y de sus ministros,
constituyeron desde sus inicios un escarmiento destinado a castigar y quebrar
la adhesión popular al Gobierno constitucional.

Clara
muestra de ello, es que sólo 12 de las más de trescientas
víctimas mortales (aproximadamente el 4 %) se encontraban dentro de la
Casa de Gobierno, en la que impactaron 29 bombas, de las que seis no
estallaron.

El
resto de las bombas y proyectiles de grueso calibre provenientes de aviones,
así como  los disparados por los
fusiles semiautomáticos FN de fabricación belga estrenados por
los infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada, estuvieron dirigidos
a una población que fue sorprendida en sus quehaceres cotidianos por la
primera incursión de la aviación naval que se desencadenó pasadas
las 12.40 de aquél jueves frío y nublado.

Tres
centenares de civiles armados (“comandos civiles”) cuyo concurso
estaba previsto en apoyo de los infantes de Marina durante el asalto a la
bombardeada Casa Rosada a fin de matar a Perón y a sus ministros,
intervinieron solo en acciones colaterales (como la ocupación de Radio
Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio al
“tirano” Perón por muerto). No tuvieron el protagonismo
previsto, debido al retraso en el comienzo de las operaciones, inicialmente
previsto para las 10, a causa de que Buenos Aires estaba cubierta de nubes
bajas que impedían el bombardeo.

El golpe fue
llevado adelante por oficiales y suboficiales de la Armada Argentina, con el
apoyo de un sector de la Aeronáutica. En esta
ocasión el Ejército se mantuvo leal al Gobierno, aunque
exactamente tres meses después, gran parte de él, producirá
el derrocamiento del gobierno constitucional  presidido por el general Juan Domingo
Perón.

Su
propósito, tras asesinar al presidente de la Nación, era
instaurar un Triunvirato civil integrado por Miguel Angel Zavala Ortiz
(dirigente de la U.C. Radical), Américo Ghioldi (dirigente del Partido
Socialista) y Adolfo Vicchi (del partido Conservador).

Miguel Zavala
Ortiz, que tripuló uno de los aviones genocidas, fue parte de los que
huyeron con las aeronaves, exiliandose en el Uruguay. Volvió tras el 16
de septiembre, y siendo canciller del presidente Illia, hizo el acuerdo con el
gobierno militar brasileño para impedir el primer retorno del General
Perón del exilio, el 2 de diciembre de 1964, deteniéndoselo en el
aeropuerto de El Galeao. Para vergüenza de los argentinos, la ciudad de
Buenos Aires bajo el gobierno radical de Enrique Olivera, le puso su nombre a
una plazoleta en Buenos Aires, la de Leandro N. Alem y Rojas.

Américo
Ghioldi, que saludó los fusilamientos del General Valle y sus hombres y
la masacre de José Leon Suarez, en junio de 1956, escribiendo en el
diario La Vanguardia: “¡Se acabó la leche de la
Clemencia!”, fue luego, embajador en Portugal de la dictadura de Videla.

El ataque
aéreo se realizó en sucesivas oleadas  entre las 12:40 y las 17:40 horas,
siendo acaso la más destructiva la que se lanzó a partir de las
15.15 y contó con el concurso de cazas Gloster Meteor.  Los ataques tuvieron como objetivo la
Casa Rosada, la Plaza de Mayo y sus adyacencias (área en el que se
registró el mayor número de víctimas), el Departamento
Central de Policía y la residencia presidencial (que estaba donde
está  hoy la Biblioteca
Nacional), las columnas del Regimiento 3 de Infantería “General
Manuel Belgrano” que salieron del cuartel de La Tablada hacia Plaza de
Mayo y hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, tomado por los golpistas,
para recuperarlo; una concentración obrera en avenida General Paz y
Crovara y las antenas de Radio del Estado –en las terraza del Ministerio
de Obras Públicas emplazado en la avenida 9 de Julio– y de Radio
Pacheco (nudo de enlace de las comunicaciones radiotelefónicas) en la
localidad del mismo nombre. La CGT no fue
atacada porque un suboficial de la Armada se negó a trasmitir la
orden dada en ese sentido por uno de los jefes de la conspiración
civico-militar, el contralmirante Aníbal Osvaldo Olivieri, hasta ese
momento, el ministro de Marina.

Los aviones que
bombardearon al pueblo fueron 20 North American AT6 de bombardeo vertical al
mando del capitán de corbeta Santiago Sabarots, 5 aviones bimotor
Beechcraft AT11 de bombardeo horizontal, al mando del capitán de corbeta
Jorge Imaz y 3 hidroaviones Catalina, al mando del capitán de corbeta
Enrique García Mansilla. El jefe de todos ellos fue el capitán de
fragata Néstor Noriega, que arrojó la primera bomba.

Más tarde
se sumaron a los ataques seis cazas interceptores Gloster Meteor de la Fuerza
Aérea que contaban con cañones semiautomáticos de 20 mm.

II

Este
masivo crimen de lesa humanidad, no puede verse descontextualizado con lo que
había ocurrido desde el 17 de octubre de 1945, cuando la
movilización de los trabajadores, hombres y mujeres del pueblo, a
quienes Raúl Scalabrini Ortiz  denominó el subsuelo de la patria sublevado, repusieron en su cargo al
Coronel Perón. Esa misma noche hubo enfrentamientos armados.

La
coalición política y oligárquica que enfrentó a la
formula Perón-Quijano denominada “Unión
Democrática” bajo el auspicio del embajador de EE.UU. Spruille
Braden,  que tuvo como una de sus
figuras centrales al ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Antonio
Santamarina, se canalizó muy pronto por los caminos de la violencia
antiperonista.

Es
bueno recordarlo aquí, porque todo genocidio en la historia, se
construye con prácticas genocidas que van logrando un acostumbramiento
de la sociedad a hechos que marcan  un camino hasta que se torna inevitable
el genocidio o la masacre colectiva.

Los
comandos civiles fueron una creación que tiene origen muchos
años. Se inspiraron en las brigadas antiobreras de la Liga
Patriótica de los años 20 y 30. Nacieron como grupos de supuesta
autodefensa después de 1946, de los partidos políticos opositores
Radical, Conservador y Socialista y terminaron autonomizándose como
grupos armados del antiperonismo golpista.

No
hubiera sido posible el bombardeo del 16 de junio de 1955, si no hubieran existido
los intentos de golpes de Estado  del General Benjamín
Menéndez en septiembre de 1951 y del coronel Francisco Suárez de
1952, cuya unidad con los golpes posteriores no sólo está dado
por sus propósitos, sino por la presencia de los mismos hombres, como
los Menendez, Alejandro Lanusse, Lonardi y tantos otros, como me referiré
más adelante.

No
hubiera sido posible el bombardeo de junio del 55, si no hubieran existido
los  tres artefactos explosivos
colocados en alrededores de la Plaza de Mayo, en 1953,  durante una concentración organizada
por la CGT en momentos en  que el
Presidente Perón se dirigía a la concurrencia desde el
balcón de la Casa Rosada. De las tres bombas estallaron dos, y la
colocada en un andén de la estación de subte de Plaza de Mayo   q mató instantáneamente a 5
personas e hirió a más de cien, de las que 19 quedaron mutilados
o lisiados para siempre. Este acto criminal fue dirigido por el ingeniero Roque
Carranza. Quien luego, con la desmemoria de su antigua responsabilidad
criminal, tres décadas después fue designado ministro en el
gobierno del Dr. Alfonsín, y paradójicamente, a su muerte, puesto
su nombre a una estación del subterráneos.

En
cambio, en Junio de 1955 se machacó deliberadamente a una masa
anónima con el objetivo de que el temor se expandiera y calara hasta los
huesos entre los potenciales defensores del Gobierno constituido.

Las
bombas en Plaza de Mayo implicaban, pues, una clara advertencia: quienes
buscaban derrocar a Perón estaban dispuestos a verter toda la sangre que
fuera necesaria.

El primer canciller de la llamada
“revolución libertadora” desnudará sin pudor el
carácter oligárquico y antipopular del ensayo macabro del 16 de
junio y del golpe de estado triunfante tres meses después:“Porque no olvidemos el hecho de que
la revolución de septiembre de 1955 no fue solamente un movimiento en
que un partido derrotó a su rival o en que una fracción de
las  fuerzas armadas venció a
la contraria, sino que fue una
revolución en que una clase social impuso su criterio sobre otra.”

La frase es de su libro  “Ayer, hoy y mañana”.
Recordemos que el 16 de junio, Mario Amadeo fue jefe de los comandos civiles
del nacionalismo vernáculo.

En Argentina,
los ideólogos civiles de la masacre, con esa capacidad que tiene siempre
la derecha de deslindar sus
responsabilidades, descargando todas las culpas sobre los gobiernos
populares que tratan de derrocar, pretendieron hacerlo responsable al propio Perón.
Y si alguna vez lamentaron tantas muertes, las consideraron inevitables.

Los
múltiples vasos comunicantes entre los golpistas de 1951, 1955, 1966 y
1976 son tan evidentes como el hecho de que la impunidad de que gozaron los
asesinos de más de trescientas personas habría de alentar el in
crescendo criminal que
culminó en 1976 con el secuestro, tortura,
detención-desaparición  y asesinato de millares de personas . La
lección de junio del 55 había sido aprendida y transmitida por
aquellos que constituyen su criminalidad como continuo.

El terror
expandido era imprescindible para tratar de dominar todo el cuerpo social. El capitán de fragata Vicente Baroja que
participó en  el complot de
Menéndez como jefe de una escuadrilla de la aviación naval que
arrojó panfletos sobre la Casa Rosada y otros lugares céntricos,
ya con el grado de contralmirante, años más tarde
puntualizó respecto a dicho intento: “El movimiento fue sumamente
aleccionador para el país y las Fuerzas Armadas. Habíamos
confiado en derrotar al tirano con pequeñas acciones sin derramamientos
de sangre.  La lección fue
que era preciso llegar al derramamiento de sangre para voltearlo”.[2]

Algunos ejemplos
del continuismo golpista: los tres ayudantes del contralmirante Olivieri eran
los capitanes de fragata Emilio Eduardo Massera, Horacio Mayorga y Oscar Montes
(todos los cuáles, a pedido de aquel, fueron eximidos de ser juzgados
por el benevolente Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas), el primero fue
miembro de la junta militar que asaltó el poder en marzo de 1976; el
segundo estuvo involucrado en la “Masacre de Trelew” (el ametrallamiento
de 19 prisioneros, de los que murieron 16, en agosto de 1972) y después
en la última dictadura, de la que Montes fue canciller.

Los pilotos y
demás fugados a Uruguay fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco
por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, prófugo de
la Justicia argentina desde su participación en el intento de golpe de
agosto de 1951. Suárez Mason sería el poderoso comandante del
Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura y luego
vaciaría la YPF estatal, la única petrolera del mundo que
arrojaba sistemáticamente pérdidas.

Entre los pilotos
y tripulantes de aviones que huyeron, Máximo Rivero Kelly sería
acusado de delitos de lesa humanidad cometidos como jefe de la Base Almirante
Zar, de Trelew, y de la Fuerza de Tareas 7 que operó en la zona norte de
Chubut durante el llamado “Proceso”; Horacio Estrada fue jefe del
grupo de tareas de la ESMA; Eduardo Invierno, jefe del Servicio de Inteligencia
Naval (SIN) durante la dictadura y como tal estuvo involucrado en el asesinato
del empresario Fernando Branca; Carlos Fraguío estuvo en 1976 al frente
de la Dirección General Naval y tuvo responsabilidad en los Centros
Clandestinos de Detención que funcionaron en la ESMA y la Escuela de
Suboficiales de Infantería de Marina; Carlos Carpintero se
desempeñó a partir de 1976 como secretario de Prensa y
Difusión de la Armada; Carlos Corti sucedió a Carpintero como
vocero naval y  Alex Richmond fue agregado
naval en Asunción.

De la Fuerza
Aérea: Jorge Mones Ruiz sería durante la dictadura delegado de la
SIDE en La Rioja y Osvaldo Andrés Cacciatore nada menos que intendente
de la ciudad de Buenos Aires.

El 16
de junio de 1955,  a excepción del jefe de la
Infantería de marina, contralmirante Benjamín Gargiulo –que
se suicidó tras el fracaso golpista– y del primer teniente de la
Fuerza Aérea José Fernández –a quien mataron los
suboficiales leales a los que había reducido y custodiaba  los golpistas no tuvieron bajas entre sus
filas. Ni siquiera heridos, según surge de las actas de ocupación
del Ministerio de Marina.

En cuanto al
furor homicida de los golpistas, la simple proporción de muertos
(más de 300 a 1) la evidencia sobradamente. En tren de justificar su
decisión de arrojar 800 litros de combustible sobre la Casa de Gobierno
–lo que admitió que nadie le había ordenado que
hiciera– de su tanque auxiliar, el piloto Guillermo Palacio se
justificó diciendo que “Fue una demostración del odio, de
la reacción desatada por las medidas que agobiaban al país".[3]

La masacre del 16
de junio de 1955 tiene una continuidad política y en sus componentes
personales, que lleva por un camino plagado de sangre de mártires
populares que tiene su gran desemboque criminal el 24 de marzo de 1976

[1] El presidente Juan
Domingo Perón había sido reelegido en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951 con el 62,49 por ciento de los votos emitidos.

[2] Cfr. La Prensa del  29 de septiembre de 1961.

[3] Ruiz Moreno, obra citada, pág. 275.