El ministro de Justicia, Alberto Iribarne, ya se había mostrado en contra de la reparación histórica a perseguidos durante la dictadura.

Así lo informaron a la agencia de noticias DyN allegados a los propios beneficiados por el fallo de la Cámara.

El 21 de agosto pasado, esa agencia informó que desde abril la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al reclamo de cuatro víctimas de la dictadura que debieron exiliarse forzosamente porque sus vidas corrían peligro.

Se trata de los casos de Eduardo Molina Zequeira, Norma Grinfeld de Goobar, Viviana López Osornio y Andrea Benites Dumont, todos ellos exiliados durante la dictadura y con status de refugiados políticos reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Todos ellos iniciaron el trámite administrativo previsto por la Ley 24.043, sancionada en noviembre de 1991, que establece “beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares”.

En los cuatro casos, el reclamo había contado con la aprobación de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, pero fue rechazado por la Procuración del Tesoro, a cargo del ex juez Osvaldo Guglielmino y por el ministro de justicia, Alberto Iribarne.

En todos los casos, la Sala Uno de la Cámara, con las firmas de los jueces Pedro Coviello, Néstor Buján y Bernardo Licht, dejó “sin efecto” las resoluciones del Ministerio de Justicia que negaron el beneficio a las víctimas de la dictadura y ordenó “a la autoridad administrativa que realice la liquidación conforme la situación fáctica denunciada”.

Sin embargo, los abogados del gobierno apelaron la medida ante la máxima instancia judicial y, según revelaron las fuentes, lo propio había hecho anteriormente con otros casos similares.

En el último de los fallos, el de Benites Dumont, DyN pudo establecer que el Estado presentó recurso extraordinario el 17 de agosto, y diez días después el expediente pasó a estudio de la Corte Suprema.

En los hechos, la apelación implica que el fallo de Cámara no está firme y, en consecuencia, el Estado no pagará –al menos por ahora- las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura.

Fuente: DyN