La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal admitió los reclamos indemnizatorios hechos por varios exiliados políticos de la dictadura militar y dispuso que el Ministerio de Justicia de la Nación debe otorgarles esos resarcimientos económicos.

En varias resoluciones correspondientes a distintas causas, a los que la agencia DyN tuvo acceso hoy, las salas IV y V del tribunal de alzada fallaron contra la política aplicada por el ministro Alberto Iribarne, que primero indemnizó a un puñado de exiliados y luego rechazó los pedidos del resto de recurrentes.

Los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Eduardo Morán, Alejandro Uslenghi, y Guillermo Galli dictaminaron en varios expedientes que "corresponde hacer lugar a la petición del recurrente" así como "ordenar que el expediente vuelva al Ministerio de Justicia".

"Por quien corresponda (en el Ministerio) se dicte nueva resolución en el caso, reconociendo al actor la indemnización de la ley 24.043 por los períodos que acredite haber estado exiliado del país", dispusieron los jueces en las apelaciones presentadas por varios exiliados, con la asistencia letrada del abogado Andrés Beccar Varela.

La ley 24.403 establece que el Estado debe pagar indemnización a quienes hayan estado presos por motivos políticos entre noviembre de 1974, cuando el Gobierno de "Isabel" Perón implantó el Estado de Sitio, y el final de la dictadura, el 10 de diciembre de 1983.

El kirchnerismo aprobó en el Senado, el año pasado, un proyecto de ley que iguala la situación de un preso político con la de un exiliado político, pero después de calcular costos políticos y económicos, desactivó la propuesta en Diputados. Incluso, perdería estado parlamentario el 30 de noviembre, al finalizar las sesiones ordinarias.

El proyecto contempla un beneficio de 107 pesos por día de exilio entre el 6 de noviembre de 1974 (cuando el gobierno de Isabel Perón decretó el estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983. Igual a lo percibido por los presos políticos. Calificarían para el beneficio sumarían entre siete y diez mil personas, para lo cual deberían ser reconocidas como refugiadas en otro país.