CLARÍN SÁBADO
07 OCT 2006 ver
noticia original en Clarín
DERECHOS HUMANOS : CUENTA CON
MEDIA SANCIÓN DEL SENADO, PERO GENERA RESISTENCIAS
El Gobierno desactiva el
proyecto para indemnizar a los exiliados
El oficialismo resolvió no apoyarlo en Diputados.
Y perderá estado parlamentario.
Marcelo Helfgot
mhelfgot@clarin.com
Después de calcular costos políticos y económicos, el
kirchnerismo desactivará la polémica propuesta de indemnizar
a los exiliados de la última dictadura. El proyecto solo necesitaría
el voto de los diputados para ser ley. Pero el mayoritario bloque
oficialista no piensa respaldarlo y perdería estado parlamentario
el 30 de noviembre, al finalizar las sesiones ordinarias.
Altas fuentes kirchneristas le aseguraron a Clarín que la
iniciativa —aprobada por el Senado en marzo de 2005— va camino de
volver a fojas cero por la resistencia de la ministra de Economía,
Felisa Miceli, y las diferencias entre sus legisladores sobre la razonabilidad
de otorgar una reparación monetaria a los que se fueron y no a los que
soportaron el régimen militar en el país. "¿Qué hacemos con los
que durante el gobierno militar se quedaron guardados en un garage?",
graficó un influyente diputado K.
Además, entre los fundamentos del oficialismo se coló por primera vez
el temor a quedar arrinconado por los argumentos de la oposición.
"El pago a los exiliados no cae bien en la sociedad y si abrimos el
debate corremos el riesgo de que el ARI y el radicalismo saquen provecho
en vísperas de un año electoral", confesó otro kirchnerista de
peso.
Miceli le ratificó a varias diputadas K su negativa a endeudar al país
por esa indemnización. Se basó en un aspecto técnico: la cantidad
indefinida de beneficiarios y del monto a desembolsar. Se estima que se
necesitarían entre 2.000 y 3.000 millones de pesos en bonos del
Tesoro.
El proyecto contempla un beneficio de 107 pesos por día de exilio
entre el 6 de noviembre de 1974 (cuando el gobierno de Isabel Perón
decretó el estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983. Igual a lo
percibido por los presos políticos. Calificarían para el beneficio
sumarían entre siete y diez mil personas, para lo cual deberían
ser reconocidas como refugiadas en otro país.
La Comisión de Derechos Humanos, encabezada por Remo Carlotto, aprobó
el dictamen con el voto kirchnerista. Pero el proyecto quedó
cajoneado en la de Presupuesto. Pesaron las contradicciones que
sembró en el oficialismo la argumentación de las opositoras Marcela
Rodríguez, del ARI, y Alicia Tate, de la UCR, al proponer una
alternativa: que la Justicia evalúe los perjuicios materiales en
cada caso.
Con todo, la Corte Suprema ya dictó cinco fallos que equiparan el
exilio forzado con el encarcelamiento ilegal. Es la bandera que
enarbola la Comisión de ex Exiliados de la República Argentina para
reclamar una ley general.
"El Estado debe reparar a los que nos fuimos para salvar la vida,
porque no nos dio la debida protección, y dictar otra ley para
el exilio interior", le dijeron a Clarín Susana Gabbanelli
y Miguel Schclarek, de la comisión.
Como telón de fondo del tironeo sobrevuela una discusión que los
legisladores solo se atreven a dar en voz baja: de aprobarse, el
beneficio alcanzaría a los comandantes de Montoneros y el ERP,
organizaciones guerrilleras que realizaron acciones armada aún antes
del golpe de 1976, en pleno gobierno peronista.
Por ahora, los exiliados no parecen formar parte de la activa política
de derechos humanos del presidente Néstor Kirchner.
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