9
de junio de 1956: Proclama revolucionaria del Movimiento de
Recuperación Nacional del General Valle
Las horas dolorosas que vive la República, y el
clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y
despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para
restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la
justicia al amparo de la Constitución y las leyes.
Como responsables de este Movimiento de Recuperación
Nacional, integrado por las Fuerzas Armadas y por la inmensa mayoría
del pueblo -del que provienen y al que sirven- declaramos
solemnemente que no nos guía otro propósito que el de
restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras
instituciones democráticas, y arrancar a la Nación del caos y la
anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica
encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder.
Conscientes de nuestra responsabilidad ante la
historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino
que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en
una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más
inevitable e inminente.
Deploramos que precisamente desde el gobierno se
haya cerrado sistemáticamente toda posibilidad de pacificar la
República y alcanzar la armonía entre los argentinos, en
contraposición con el sentido de responsabilidad, la tolerancia y
la paciencia patriótica del pueblo.
La Nación entera, y con ella la tranquilidad, el
bienestar y la dignidad de los argentinos han caído en manos de
hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la patria a
épocas de sometimiento, de humillación y de vergüenza.
Su acción nefasta ha desquiciado y lesionado
profundamente el orden político, económico y social de la República.
Este Movimiento de Recuperación Nacional, se
lanza a la acción revolucionaria con objetivos claros y un
programa concreto para restablecer la soberanía y la justicia
social y devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus
derechos.
Declara objetivos fundamentales de
su acción:
En
lo político
Han violado y desconocido el imperio de la
Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un llamado
“derecho de la Revolución”, que no es otra cosa que el
entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que
la omnímoda voluntad de los que detentan el poder.
Se han avasallado así las garantías y derechos
individuales, sustituyéndose a instituciones y personas de la
jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales
y comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución.
Se ha perseguido, encarcelado y confinado en
verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no
sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa, por
razones ideológicas o políticas.
Por idénticas razones se ha privado a miles de
argentinos de derechos esenciales, como el acceso a los empleos públicos
y la participación activa en la vida cívica de la Nación, sin
que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni
siquiera del juzgamiento de la conducta de los inculpados.
Como consecuencia de esta arbitrariedad
discriminatoria, que divide a los argentinos en réprobos y
elegidos, se ha privado de sus empleos a miles de ciudadanos, sin
tenerse en cuenta ni su antigüedad, ni su idoneidad, ni su
conducta.
Se ha excluido de la vida cívica del país a la
fuerza mayoritaria con el pretexto de inmoralidades y desviaciones
en la conducta de algunos sus dirigentes; verdadera aberración
jurídica y moral que podría llevar a la exclusión de todos los
partidos, desde que todos padecen o padecieron en algún momento
de males similares.
Se ha fomentado y organizado desde el gobierno la
delación y el espionaje contra personas e instituciones,
inclusive contra las Fuerzas Armadas.
Se ha impedido la libertad de prensa, uniformada
al servicio del gobierno, interviniendo y entregando
arbitrariamente los diarios y revistas a sectores políticos
minoritarios adictos al mismo, clausurando los desafectos e impidiéndose
la aparición de nuevos órganos de opinión independiente.
Todo ello unido a la monstruosidad totalitaria de
un decreto-ley que bajo penas gravísimas prohíbe a los
ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras, fechas, símbolos,
fotografías, nombres y expresiones que se proscriben, configuran
los hechos más salientes de un plan siniestro, destinado a ahogar
la libre expresión de la ciudadanía, y entronizar en el poder a
minorías antinacionales que en su hora enajenaron el patrimonio
del país y traficaron con el hambre y el dolor de los
trabajadores argentinos.
Este desborde de la arbitrariedad ha culminado con
la abolición de la Constitución Nacional vigente, sancionada por
una Convención Reformadora libremente elegida por el pueblo, con
la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a
la tiranía, Constitución que juraron acatar y defender los
mismos que hoy la vulneran y suprimen a espaldas del Pueblo y al
margen de su libre voluntad soberana, con el evidente propósito
inconfesable de abolir disposiciones como las del artículo 40,
que impiden la entrega al capitalismo internacional de los
servicios públicos y las riquezas naturales del país, juntamente
con otras también fundamentales como las que sancionan los
derechos del trabajador y las que estatuyen la función social de
la economía y la riqueza.
Por un acto arbitrario y despótico se reimplanta
una Carta Fundamental ya superada por la realidad política, económica
y social de la República, al amparo de cuya imprevisión y
laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las
fuerzas internacionales del capitalismo y el sometimiento, el
hambre y la humillación de nuestro pueblo.
Y para hacer más evidente la burla a la ciudadanía
y la prepotencia de la arbitrariedad, ni siquiera se la reimplanta
en todo su vigor como norma de convivencia o valla del poder, sino
“en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución”,
vale decir, en cuanto no se oponga a la voluntad omnímoda e
Incontrolada del gobierno. Jamás, en toda la historia, gobierno
alguno ha tenido el descaro de hacer semejante profesión de tiranía
y despotismo.
En
lo económico
Se han tomado medidas tendientes a quebrantar la
industria nacional, depreciar la moneda, crear el desaliento en la
inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando el
desequilibrio entre éstos y los salarios, provocar sectores
importantes de desocupación, que llevarán por hambre a los
obreros a someterse a la voluntad del capitalismo.
Todo ello unido al desprestigio internacional de
nuestra economía por el propio gobierno, a la acelerada
contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de
determinados compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan
destinado a retrotraer al país al más crudo coloniaje, mediante
la entrega al capitalismo internacional de los resortes
fundamentales de su economía.
En
lo social
Se han desconocido legítimas conquistas de los
trabajadores, se ha destruido la organización sindical -base
indispensable de la paz social y del progreso del país-, mediante
la intervención a la Central Obrera y a todos los sindicatos.
Se ha perseguido, encarcelado y confinado a miles
de trabajadores, y se los ha privado arbitrariamente del derecho
elemental de intervenir activamente en la vida de las
organizaciones a que pertenecen.
En síntesis, desde el propio gobierno se ha
realizado una acción sistemática tendiente a destruir la
organización sindical y anarquizar a los trabajadores, acción
que persigue la finalidad inconfesable de debilitar el frente
social para posibilitar el camino del sometimiento del pueblo, y
con él, del sometimiento de toda la Nación.
En
las Fuerzas Armadas
Se ha tratado en toda forma de minar su unidad y
su armonía y se han desquiciado sus cuadros con la baja o retiro
obligatorio de centenares de jefes, oficiales y suboficiales que
honraban a la institución por sus virtudes morales y su capacidad
profesional.
Al mismo tiempo se ha obligado a muchos oficiales
al desempeño de funciones civiles incompatibles con su estado
militar, creándose hacia la institución un lógico resentimiento
y desconfianza del pueblo, difícil de superar, y que es la
semilla más criminal que podía haberse sembrado para dividir y
anarquizar a la Nación.
Esto es, en lo fundamental, el panorama trágico
de las horas difíciles que vive la República. La proliferación
de conflictos sindicales, los actos diarios de sabotaje en todo el
territorio del país y el continuo descubrimiento en toda la República
de planes subversivos o actos de insurrección, denunciados por el
propio gobierno, no son (como él pretende, para encubrir su
responsabilidad y engañar a la opinión) fruto de la acción
aislada de personas perturbadoras, sino síntoma del clima de
opresión y subversión en que vive la República y expresión
evidente del espíritu indomable y de la decisión del pueblo de
reconquistar su libertad.
Tan grave estado de cosas impulsa nuestra
determinación y nos decide a recoger el clamor unánime del
pueblo, antes de que la República desemboque en una lucha
fratricida que terminará por destrozarla.
El programa del Movimiento de
Recuperación Nacional
I
- En lo político
Restablecer el Estado de derecho mediante la
vigencia plena de la Constitución Nacional y el imperio de la
justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia.
Consolidar la soberanía popular mediante la
realización de elecciones generales en todo el país en un plazo
no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los
partidos políticos en el proceso electoral y preelectoral,
incluida la utilización con iguales derechos de todos los medios
de expresión y difusión.
Prescindencia absoluta del gobierno en materia
electoral y fiscalización de los comicios por las Fuerzas
Armadas.
Libertad efectiva y absoluta de prensa para todos
los sectores de la opinión.
Amnistía general y derogación de todos los
decretos y medidas discriminatorias dictados por razones ideológicas
o políticas.
Libertad de todos los presos políticos y
sometimiento a la justicia competente de los que hubiesen cometido
delitos comunes.
Reincorporación de los empleados y obreros
eliminados arbitrariamente por razones ideológicas o políticas.
Levantamiento de las interdicciones a personas y
empresas e intervención de la justicia en los casos de violación
de las leyes en vigor.
Rehabilitación de los partidos políticos
privados de personería v plena libertad para la formación de
nuevas fuerzas, dentro de las normas establecidas por la legislación
vigente.
II
- En lo económico
Revisión de las medidas de carácter económico y
financiero que pudieran lesionar los intereses nacionales.
Revisión de las medidas económicas y financieras
que afectan seriamente el desarrollo de las actividades
productivas.
Restablecimiento de la plena ocupación y adopción
de medidas para contener el alza del costo de la vida.
III
- En lo social
Devolución del gobierno de los sindicatos a los
trabajadores y elección por los mismos de las autoridades de la
Central Obrera en un plazo de 45 días.
Libertad inmediata a todos los dirigentes y
obreros detenidos por razones políticas o gremiales.
Renovación de los convenios de trabajo, de común
acuerdo entre los trabajadores y empresarios, mediante los
procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de
setiembre de 1955.
Derogación de los decretos y medidas
discriminatorias que impiden a miles de obreros su participación
en la vida de los organismos gremiales.
IV
- En las Fuerzas Armadas
Reestructuración de las mismas con vistas a las
necesidades de la defensa nacional.
Reincorporación de jefes, oficiales y
suboficiales que poseyendo valores profesionales y morales hayan
sido dados de baja o retirados por razones políticas o ideológicas.
Mantenimiento de los actuales cuadros con la única
excepción que determinen los tribunales y organismos competentes
que establece la ley.
V
- En el orden internacional
Respeto y cumplimiento de todos los convenios,
pactos y compromiso internacionales concertados por el país
dentro de las normas constitucionales y legales.
Suspensión de la ejecución de aquellos
compromisos contraídos en violación de tales normas, a fin de
que oportunamente sean considerados por las autoridades legalmente
constituidas por los órganos y procedimientos que estatuye la
Constitución Nacional.
Sosteniendo tales principios y comprometiendo ante
el pueblo de la República el fiel y estricto cumplimiento de los
objetivos señalados, el Movimiento de Recuperación Nacional toma
las armas, en defensa de la patria, decidido a pacificar la nación
por el camino de la verdadera libertad, en el respeto de la
Constitución y la Ley.
No hacemos cuestión de banderías porque luchamos
por la patria que es de todos. No nos mueve el interés de ningún
hombre ni de ningún partido.
Por ello, sin odios ni rencores, sin deseos de
venganza ni discriminaciones entre hermanos, llamamos a la lucha a
todos los argentinos que con limpieza de conducta y pureza de
intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de
grupos o partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de
querer y defender un argentino: la felicidad del pueblo y la
grandeza de la Patria, en una nación socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana.
¡Viva la patria!
Buenos Aires, 9 de junio de 1956
Por
Causa Popular.- Tras los bombardeos del 16 de junio de 1955, el
derrocamiento de Perón se concretó el 16 de septiembre de 1955.
A menos de un año de derrocado el régimen peronista, el 7 de
abril de 1956 el general Juan José Valle comenzó a preparar un
alzamiento cívico militar contra la tiranía de Aramburu y Rojas,
jefes de la Revolución Libertadora. Ese día comenzó a preparar
el movimiento revolucionario de que emergió el 9 de Junio de
1956, orientado a recuperar la vigencia de las instituciones de
derecho, que dirigió junto al general Raúl Tanco. Dicho
movimiento fracasó y sus integrantes fueron fusilados. Causa
Popular reproduce dos documentos que revelan el valor democrático
de quienes se jugaron todo para combatir una feroz dictadura y la
brutalidad que desencadenó la Libertadora para reprimirlos y
exterminarlos ilegalmente. La proclama del Movimiento de
Recuperación Nacional y la carta del General Juan José Valle
antes de su fusilamiento son dos elementos que durante muchos años
fueron escondidos por la Libertadora. Tal ocultamiento contribuyó
a que la parte de la opinión pública que apoyó el derrocamiento
de Perón, concibiera a los gobiernos que lo sucedieron como
gobiernos moderados. Así fue que durante varias décadas se
hiciera poco hincapié en los crímenes cometidos entre 1955 y
1966 a manos de gobiernos militares o gobiernos civiles débiles y
acosados por la sombra del golpe de Estado.