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DESDE EL
CONGRESO : POLÉMICA EN LAS FILAS OFICIALISTAS
Indemnización
para exiliados: una ley que divide aguas
Fue sancionada
por los senadores. Pero hay resistencia para votarla en Diputados.
Armando Vidal
avidal@clarin.com
La política empuja desde el Parlamento dos leyes de
reparación histórica, pero Economía —en la órbita del Poder
Ejecutivo— las contiene.
El proyecto más avanzado aspira a resarcir a los exiliados de la última
dictadura. Elaborado por el salteño Marcelo López Arias, se aprobó
en el Senado y aguarda turno en la Comisión de Presupuesto de
Diputados, último paso antes de llegar al recinto.
Otra iniciativa está pendiente de tratamiento en Presupuesto del
Senado: la que procura ampliar los alcances de las indemnizaciones
otorgadas a detenidos y víctimas del Proceso. La propuesta es llevar el
corte de los beneficios hasta el 16 de junio de 1955 (bombardeo a
Plaza de Mayo), incluyendo a los presos del llamado Plan de Conmoción
Interior (CONITES) de fines de la década del 50 y experiencias
guerrilleras como la de Taco Ralo (de 1968). Todos capítulos de la
llamada Resistencia Peronista. Lleva la firma del titular del
bloque oficialista, Miguel Pichetto.
Ambos proyectos cuentan con el apoyo de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación. Y tienen impulsores directos: en un caso, la
Comisión de Ex Exiliados Políticos de la República Argentina (COEPRA).
En el otro, la Asociación de la Resistencia Peronista, que preside el
periodista Enrique Oliva, ex secretario de John William Cooke.
Para el ex diputado Gerardo Conte Grand, que dejó una amplia
disidencia, la compensación económica no puede equiparar a
quienes perdieron la vida en la Argentina con aquellos que lograron
salvarla en el exilio, especialmente en un país con graves problemas
sociales.
La ley 24.411 posibilitó que los familiares de muertos y desaparecidos
cobrasen cien sueldos de la categoría A, la máxima del escalafón
del personal civil de la Nación. Y otra norma tabuló la misma cifra
para los detenidos por razones políticas. Es lo que piden ahora quienes
se exiliaron durante la última dictadura.
La Corte Suprema asimiló al exilio forzado a la pérdida de la
libertad. Pero la indemnización debe fijarla el Congreso.
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