|
ULTIMAS NOTICIAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA LEY
DE RECONOCIMIENTO DEL EXILIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS,
Pagina 12 El país
del Miércoles, 02 de Agosto de 2006
DIPUTADOS Y LA DISCUSION SOBRE LAS INDEMNIZACIONES
El debate sobre los exiliados
El proyecto de ley que establece una
indemnización para los exiliados por razones políticas volvió a
recorrer las comisiones de la Cámara de Diputados porque había
perdido estado parlamentario. Y ayer obtuvo dictamen en la de
Derechos Humanos, que preside el diputado kirchnerista Remo Carlotto.
“Es un paso muy importante para que antes de fin de año podamos
darle media sanción a este proyecto que busca dar una reparación a
la deuda que el Estado tiene con quienes padecieron el exilio
durante la dictadura”, afirmó el legislador al término de la
reunión. Más allá del rechazo que genera la iniciativa en algunos
sectores, quienes la impulsan sostienen que la erogación que supone
el pago en bonos previsto en el proyecto es inferior a lo que el
Estado debería abonar si prospera cada uno de los juicios en forma
individual.
La propuesta plantea el otorgamiento de una
indemnización para quienes “hayan estado exiliados por razones
políticas” entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre
de 1983. El beneficio sería la mitad del monto que recibieron
quienes estuvieron detenidos durante la dictadura y alcanzaría a
unas diez mil personas.
El primer proyecto en este sentido fue presentado
hace ocho años y en 2004 fue aprobado por el Senado el que impulsó
el senador justicialista Marcelo López Arias, con el aval del Poder
Ejecutivo. En Diputados había pasado por las comisiones de Familia,
Legislación General y Derechos Humanos, pero se frenó en la de
Presupuesto y Hacienda y terminó perdiendo estado parlamentario. El
mismo texto fue votado ayer en la Comisión de Derechos Humanos,
ante la presencia de representantes de las organizaciones que
nuclean a los exiliados.
“Hay pronunciamientos judiciales a nivel de la
Corte Suprema que avalan lo que expresa este proyecto de ley, que es
un acto de reparación ética, moral y política: el Estado democrático
paga en términos económicos lo que hizo el estado terrorista”,
definió Carlo- tto ante la prensa. En la comisión que preside, el
ARI presentó un dictamen en minoría según el cual las
indemnizaciones deberían ser establecidas por la Justicia en relación
con lo que cada demandante perdió. Carlotto cuestionó esta posición
al afirmar que no está de acuerdo con abordar el tema desde la
“particularidad” porque considera que “el sufrimiento y el
dolor provocados por la dictadura no son mensurables”. Y agregó
que “aquel que sienta que no le satisfacen los términos de esta
ley puede pedir otro tipo de reparación por su cuenta a través de
la Justicia”. Cuando le preguntaron si el oficialismo mantiene el
apoyo al proyecto, porque habría reticencia respecto del desembolso
que implica, el diputado respondió que “no son volúmenes
importantísimos desde lo económico, son deudas que la sociedad
tiene con quienes padecieron el exilio”.
V
OLVER A COMISIÓN
DE EXILIADOS ARGENTINOS EN MADRID - PAGINA PRINCIPAL
REPRODUCIDO DE
CLARIN MIÉRCOLES 02.08.2006
DICTAMEN DE DIPUTADOS
Avanza la reparación a exiliados
Los exiliados de la última dictadura militar quedaron más cerca de ser beneficiados con una indemnización.
Ayer, la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja emitió dictamen de un proyecto que cuenta con sanción del Senado.
El proyecto, aprobado por unanimidad en 2004 en el Senado, propone indemnizar a los exiliados que, por razones políticas, debieron abandonar el país entre noviembre de 1974 y diciembre de 1983. El monto fijado es de 75 pesos por día pasado fuera de la Argentina y la resolución beneficiaría a cinco mil personas.
Con el dictamen de la comisión de Derechos Humanos que preside el kirchnerista Remo
Carlotto, la Cámara de Diputados dio nuevo impulso a este proyecto que fue debatido el año pasado en varias comisiones pero no había logrado el dictamen fundamental de la comisión de Presupuesto y después perdió estado parlamentario.
La iniciativa del oficialismo debe pasar ahora por las comisiones de Familia, Justicia y Presupuesto, que tendrán que emitir dictamen para habilitar su debate en el recinto. De ser aprobado, el proyecto será convertido en ley.
"Hemos dado un paso sumamente importante para poder darle sanción a esta ley que busca una reparación de carácter ético, moral y político para aquellos que padecieron el exilio. Esta ley es necesaria para consolidar el proceso democrático", aseveró Carlotto en declaraciones periodísticas.
Este proyecto se suma a un pronunciamiento realizado en el 2000 cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó indemnizar a Graciela Susana Geuna no sólo por los años que estuvo desaparecida sino también por el período de exilio.
Derechos humanos
Avanza
un proyecto para los exiliados
Resarcirá a refugiados entre 1974 y 1983
Con el respaldo de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, avanza en el Congreso un
proyecto que propone indemnizar a los exiliados
que debieron dejar el país entre 1974 y 1983.
La iniciativa, que tiene media sanción del Senado, establece un
beneficio fijo de 75 pesos por día de exilio para quienes hayan debido
permanecer forzosamente fuera del país en ese lapso, o sus herederos, y
estiman que habrá alrededor de 7 mil argentinos en condiciones de
recibirlo.
Para alguien que estuvo, por ejemplo, 8 años en el exilio, representará
un monto de $ 219.000, que se pagarán a 18 años en bonos de
consolidación de deuda del Estado nacional.
Los que quieran acogerse a la ley deberán acreditar su condición de exiliados
políticos mediante un certificado emitido por la autoridad competente
del país de asilo, una acreditación del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o una resolución judicial
que certifique su condición de exiliado motivada por la persecución
política por parte del Estado o grupos paraestatales.
La iniciativa, elaborada por el senador Marcelo López Arias (PJ-Salta),
pero con varias modificaciones, sólo admite a los exiliados
entre el 6 de noviembre de 1974 -fecha en que el gobierno de María
Estela Martínez de Perón decretó el estado de sitio- y el 10 de
diciembre de 1983, cuando asumió Raúl Alfonsín.
El beneficio deberá solicitarse ante la Secretaría de Derechos Humanos
del Ministerio de Justicia, órgano de aplicación de la ley, que tendrá
un plazo máximo de 120 días para aceptar o rechazar la presentación,
pero su decisión podrá ser apelada en la justicia federal, según la
letra del proyecto al que tuvo acceso LA NACION.
El proyecto todavía necesita la aprobación de las comisiones de
Legislación General, Familia y Presupuesto. "Nuestro objetivo es
aprobarlo antes de fin de año, porque pierde estado
parlamentario", explicó a LA NACION Remo Carlotto (FV-Buenos
Aires), que preside la Comisión de Derechos Humanos de Diputados.
Este primer dictamen favorable fue apoyado por el kirchnerismo y los ex
duhaldistas de Peronismo Federal (aliados del Gobierno) y Justicialismo
Nacional (opositores) lo que le garantiza mayoría en el recinto. En el
resto de los bloques, Pro y el Socialismo todavía no expresaron su
postura, mientras ARI y el radicalismo propusieron un dictamen en minoría.
"No obedece a criterios de justicia al reparar sólo a los que
tuvieron un exilio externo y no interno, porque el desarraigo lo
sufrieron todos", dijo a LA NACION la diputada Marcela Rodríguez (ARI-Buenos
Aires), autora del dictamen en minoría que firmaron su partido y la UCR.
Su proyecto también rechaza los montos fijos preestablecidos y reclama
que sea la Justicia la que determine cuánto se debe pagar en cada caso
particular.
Por Laura Capriata
De la Redacción de LA NACION
Reproducida
de Clarin: una nota con datos incorrectos y
muy contraria a la ley. 7 de agosto de 2006
El exilio abre las puertas de un debate
pendiente ver
nota original
Marcelo Helfgot
mhelfgot@clarin.com
Es posible que pronto Felisa Miceli se vea intimada a
balancear sus aires setentistas, comparables a los del presidente
Néstor Kirchner, con su reconocido apego al control del Tesoro público.
Si prospera el apuro de los diputados oficialistas por convertir en ley
la reparación monetaria de los exiliados por razones políticas en los
70, Economía deberá desembolsar en breve una suma considerable e
indefinida: oscilaría entre los 2.000 y los 3.000 millones de pesos,
según quien haga el cálculo.
La Comisión de Derechos Humanos dictaminó el martes, con amplia mayoría
K, en favor del proyecto sancionado por el Senado en marzo del año
pasado. Contempla un beneficio de 107,50 pesos por cada día de exilio
forzado entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Podrían acceder al beneficio unas diez mil personas —por un máximo
de 350 mil pesos—, siempre que prueben la persecución.
Dos solitarias voces opositoras, las de Marcela Rodríguez, del ARI, y
de la radical Alicia Tate, objetaron que el resarcimiento sea
equivalente a los ya otorgados a los presos políticos y los
secuestrados en centros clandestinos, víctimas directas de la última
dictadura. Y presentaron una contrapropuesta —avalada por sus
bancadas— para que la Justicia evalúe el daño en cada caso,
incluyendo al exilio interior. Es decir, los que no pudieron
fugar por falta de medios. El macrismo se acoplaría a la postura.
Esas son sólo algunas aristas de la tormentosa polémica que amenaza
con dispararse cuando el tema aterrice en el recinto, previo paso por la
Comisión de Presupuesto, el principal obstáculo que tiene delante. De
hecho, una ampliación acrítica de las reparaciones a los afectados por
la represión —y que el proyecto extiende a sus hijos— provocaría irremediables
desigualdades.
Podría darse que un grupo aventajado por sus contactos internacionales
califique como exiliado político —exhibiendo status de asilado o
refugiado— y que parte de sus beneficios sean solventados vía
impuestos por una mayoría de perseguidos imposibilitados de reunir
pruebas. Sin contar al resto que se quedó en el país y fue privado de
derechos civiles, políticos y sociales.
Curiosamente, el plazo de vigencia del beneficio no da comienzo con el
golpe militar, sino que se remonta al día en que el gobierno democrático
encabezado por Isabel Perón decretó el estado de sitio.
La organización armada Montoneros —peronista— ya había pasado a la
clandestinidad, alzada contra las autoridades legítimas al igual que el
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de orientación marxista. La
ley beneficiará a los conductores de ambas guerrillas —Mario
Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo, entre
ellos— tal como a los que debieron irse por defender sus ideas por
medios legales.
Otra curiosidad: el proyecto presentado por el senador salteño Marcelo
López Arias, con aval del Gobierno, no encontró resistencias en la Cámara
alta. Se aprobó sin debate con 38 votos a favor y la única abstención
del radical Rodolfo Terragno, quien se excusó para no votar una ley que
lo beneficia por haber estado en el exilio. ¿Adoptarán la misma
actitud los diputados que en los años de plomo se refugiaron en el
exterior?
Los abanderados del proyecto —entre ellos Remo Carlotto, hijo de la
presidenta de Abuela de Plaza de Mayo— muestran en su favor los
cinco fallos de la Corte Suprema que equiparan al exilio forzado con
el arresto en cárceles de la dictadura.
VOLVER A COMISIÓN
DE EXILIADOS ARGENTINOS EN MADRID - PAGINA PRINCIPAL |