COMISION DE EXILIADOS ARGENTINOS EN MADRID - PAGINA PRINCIPAL
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Justicia sin fronteras para delitos de genocidio y de lesa humanidad
El Tribunal Constitucional de España ratificó que ese país puede investigar delitos de lesa humanidad perpetrados en cualquier lugar y con independencia de la nacionalidad de las víctimas.
El represor de la ESMA Ricardo Cavallo será juzgado en
Madrid en base a la Justicia universal.
El Tribunal Constitucional consideró que “el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”. La resolución fue tomada en el caso presentado por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú por los delitos de genocidio torturas, asesinatos y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.
En el caso de Argentina y Chile, la Audiencia Nacional española había reconocido el principio de jurisdicción universal para investigar los crímenes cometidos durante las dictaduras de ambos países independientemente de la nacionalidad de las víctimas. Sin embargo, cuando en diciembre de 2001, Menchú hizo una denuncia similar contra ocho represores guatemaltecos, el mismo tribunal consideró que la posibilidad de España de investigar estaba supeditada a la imposibilidad de hacerlo por parte de Guatemala y, como consideraba que no estaba acreditado que en ese país no se pudiera hacer el juicio, suspendió la demanda.
Esa decisión fue apelada ante el Tribunal Supremo español, que decidió, en marzo de 2003, por ocho votos a favor y siete en contra, abrir el expediente, pero lo circunscribió a los casos de españoles que hubieran sido víctimas de los delitos cometidos en Guatemala. El fallo fue nuevamente apelado, esta vez, ante el Tribunal Constitucional, una instancia revisora excepcional cuyas sentencias son obligatorias para todos los juzgados españoles. De allí salió el fallo que se conoció ayer y que ratifica la jurisdicción internacional para investigar los delitos de lesa humanidad.
La resolución aclara, además, que la posibilidad de España de investigar el delito de genocidio cometido en cualquier parte del mundo contra cualquier persona es “concurrente” y no “subsidiaria” con los juicios que puedan realizarse en el país en el que perpetraron los crímenes, ya que especifica que “el principio de jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales” y agrega que “la persecución internacional se basa en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto”.
“Este es un fallo sumamente importante, por el nivel del tribunal que lo dictó y por la jurisprudencia que marca. Además, si bien está en el camino de lo que la Audiencia Nacional había resuelto para Argentina y Chile, ratifica, ente los embates que ha sufrido el principio de jurisdicción universal, la realización del juicio contra Cavallo”, señaló Carlos Slepoy, abogado de la Acusación Popular. Es decir que el hecho de que en Argentina se anularan las leyes de punto final y obediencia debida y se reabrieran los juicios contra los represores no es un impedimento para que Cavallo sea juzgado en Madrid, tal como ocurrió con el ex marino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años por delitos de lesa humanidad, secuestros y torturas. Cavallo fue detenido en México, donde era director del Registro Nacional de Vehículos, en agosto de 2000 y fue extraditado a España en 2003 para ser juzgado –el proceso se espera para el mes que viene– por genocidio y terrorismo. El juez Baltasar Garzón lo procesó por 248 desapariciones y 128 secuestros.
Un espía perdió la máscara
Era el director de Espectáculos Públicos de Córdoba. Admitió su paso por la D2, un centro de detención de la policía local.
Oscar Cuassolo estuvo en Inteligencia de la policía cordobesa.
Por Camilo Ratti
Desde Córdoba
Oscar Cuassolo, director de Espectáculos Públicos de la Municipalidad
de Córdoba, renunció ayer a su cargo después de que se conociera su
participación en la D2 de Inteligencia de la Policía de Córdoba
durante la última dictadura. Aunque el funcionario se defendió
diciendo que trabajó en el “área cultural”, un memorándum de la
policía de octubre del ’74 solicita su traslado desde el departamento
de Tránsito al denominado Grupo Facultad, “que necesita la infiltración
de un empleado en la faz estudiantil”.Desde Córdoba
El intendente de Córdoba, Luis Juez, le aceptó inmediatamente la renuncia, pero atribuyó la revelación a una “mugrienta” campaña política. Contraatacó con un escrito que presentó ante la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, en el cual solicita que se investigue el caso pero también que se abran los archivos policiales y se le pida al gobernador José Manuel de la Sota que haga públicos los legajos de los policías que actuaron en la D2 de aquellos años.
Un memorándum del 25 de octubre de 1974, remitido por el entonces jefe de la D2, Ernesto Ledesma al titular del Departamento Personal de la Policía de Córdoba, solicitaba el traslado de Oscar Cuassolo desde Tránsito al grupo Facultad “por tratarse de un estudiante y que este departamento necesita la infiltración de un empleado en la faz estudiantil”. Por si no fuera suficiente prueba, el documento agregaba: “molesto para que el traslado se haga en forma inmediata, más aún teniendo conocimiento de que en el destino actual (de Cuassolo, la Dirección de Tránsito Policial) le ha obligado a uniformarse y conforme a las tareas que va a ser designado bajo ningún punto de vista puede ser reconocido como policía”.
La información fue dada a conocer el martes a la tarde por el periodista de Cadena 3 Gustavo Bastos, quien ubicó al ahora ex funcionario municipal en el grupo operativo de la D2, organismo en el cual trabajó desde octubre del ‘74 hasta el mismo mes del año ’82.
Ante el revuelo que causó la noticia, Cuassolo intentó defenderse reconociendo que había formado parte de aquella estructura policial, pero que lo había hecho “en el área cultural”. Lo que ocurre es que dicha “área” se denominaba Grupo Facultad e integraba junto al Grupo Calle y Grupo Fábrica lo que fue la Brigada de Informaciones, “encargada de realizar los secuestros, las torturas y las desapariciones que decidía el Centro Operativo Táctico (COT), que era el organismo que diagramaba y decidía” las acciones dentro de la D2, contó a Página/12 el periodista Mariano Saravia, autor de un reciente libro sobre el accionar de la policía cordobesa y específicamente de este organismo.
La D2 fue parte integrante del Comando Libertadores de América, el grupo parapolicial que desde 1974 y durante todo 1975 se dedicó a secuestrar y asesinar militantes políticos y que pasó a formar parte de la “comunidad informativa” después del golpe del ’76, cuando Luciano Benjamín Menéndez llegó al Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Mientras duró la dictadura, la D2 y el resto de los organismos de Inteligencia de las fuerzas de seguridad se reunían una vez al mes en el Destacamento 141 e intercambiaban información sobre organizaciones guerrilleras, partidos políticos, sindicatos y organizaciones barriales.
“Aunque está comprobado que Cuassolo formó parte de la D2, no hay denuncias que lo involucren como secuestrador ni torturador. Pero sí hay testimonios de torturadores de ese organismo policial que lo ubican como parte de su equipo”, aseguró a este diario una fuente de la Justicia federal con acceso a las causas sobre violaciones a los derechos humanos. El mismo Cuassolo se defendió con el argumento de que no carga con denuncias de los organismos de derechos humanos. Indignado con la noticia pero también con lo que leyó como una “operación política” en su contra, el intendente Juez no sólo le pidió medidas a la jueza Garzón de Lascano sino que dijo que le exigirá a De la Sota que aclare si tuvo que ver con la revelación de secretos de archivo. Pase lo que pase, cayó otra máscara.