Por Adriana Meyer
Si ya había sentido alivio cuando supo que no la habían
abandonado sino que fue robada durante la dictadura, Carmen Gallo Sanz ahora
completó la reconstitución de su identidad. La Justicia ordenó al
Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires que la joven, hija
de una pareja de desaparecidos uruguayos, sea inscripta con el apellido de
sus padres biológicos y el nombre que le dio su madre al nacer, según
informó la organización Abuelas de Plaza de Mayo. La joven nació el 27 de
diciembre de 1977, mientras su madre, Aída Sanz Fernández, se encontraba
detenida en el centro clandestino conocido como el Pozo de Banfield. El médico
policial Jorge Antonio Bergés fue quien asistió el parto de Aída y
falsificó el certificado de nacimiento indispensable para la sustitución
de su identidad. Aunque Carmen supo la verdad en 1999, cuando conoció el
resultado de su análisis de ADN, tuvo que esperar seis años para poder
recobrar su nombre. Por este caso, Bergés y el ex comisario Miguel
Etchecolatz fueron los primeros represores condenados por la supresión de
identidad de una hija de desaparecidos.
Los uruguayos Aída Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro se conocieron
en Buenos Aires, adonde llegaron en los primeros años ’70 perseguidos por
la dictadura en ese país. Ella era enfermera y militaba en una agrupación
de nivel local en Montevideo, él era jornalero en la cosecha de azúcar e
integraba la Unión Azucareros de Artigas. Vivían en San Antonio de Padua a
fines de diciembre de 1977, cuando fueron secuestrados por un comando
conjunto de militares uruguayos y argentinos, y fueron interrogados en el
Pozo de Quilmes y en el Pozo de Banfield junto a otros compatriotas. Algunos
de ellos sobrevivieron y declararon en el juicio contra Bergés y
Etchecolatz. “Te voy a pedir que cuentes que tuve una hija. No sé dónde
está porque me la sacaron”, le dijo Aída, en muy malas condiciones físicas,
a Liliana Bermúdez cuando compartieron la celda en el Pozo de Banfield.
Durante ese proceso, en el que los dos represores fueron condenados a
siete años de prisión, declararon otros testigos de esa nacionalidad, que
viven en Canadá, e incluso la propia Carmen. “La historia es muy fuerte,
sobre todo por lo que pasaron mis padres, pero tuve alivio y supe que no me
habían abandonado”, expresó la joven ante el Tribunal Oral Federal 1 de
La Plata. Su abuela Elsa también permanece desaparecida. Había venido a
Buenos Aires para estar presente cuando ella naciera.
Su familia de crianza la conforma un matrimonio no vinculado a las
Fuerzas Armadas, que la Justicia terminó desvinculando del caso por carecer
de responsabilidad en la apropiación, si bien la adopción habría sido
ilegal. La pareja nunca le ocultó que era adoptada y estuvo de acuerdo con
la búsqueda que emprendió Carmen, a partir de la sospecha que surgía del
hecho de que su partida de nacimiento estuviera firmada por Bergés. Y también
la acompañaron a Uruguay para conocer a su familia biológica, quienes se
alegraron muchísimo cuando en diciembre la abogada María Ester Alonso, de
Abuelas, les envió por fax la resolución judicial. Carmen se había
acercado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y en 1999
tuvo los resultados de las pruebas de ADN. La había acompañado Clara
Petrakos, quien persiste en encontrar a su hermana, alguien que fue
apropiada como Carmen. Clara pensaba que ella llevaba su sangre y por eso la
convenció de hacerse el análisis.
Pese a la sentencia favorable por la sustitución de identidad y
falsificación de documentos públicos, Carmen Gallo Sanz continuaba su vida
con su documentación anterior. Fue necesario que durante 2005 intensificara
en forma personal sus reclamos para ser inscripta como hija biológica de Aída
Sanz Fernández y Eduardo Gallo Castro. Después de seis años de
peticiones, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, presidido por Carlos
Rozanski e integrado por Ana Aparicio y Nelson Jarazo, ordenó al Registro
de las Personas provincial que la joven fuera inscripta con suverdadero
nombre y apellido. Así consiguió que el derecho a su identidad fuera
contemplado y reconocido, tal como establecen numerosas convenciones de
derechos humanos así como recientes fallos y resoluciones de la Justicia
argentina.
“Las Abuelas (de Plaza de Mayo) esperamos que, después de años de
lucha en la búsqueda de la verdad y la restitución de nuestros nietos
apropiados, no vuelva a repetirse la situación de que una joven apropiada
tenga que realizar diversas peticiones y que transcurran años hasta
alcanzar la restitución de su identidad, cuando el Estado argentino está
obligado a restablecerla rápidamente por la Convención Internacional de
Derechos del Niño”, señaló la entidad en su página web.
Con sus casi 30 años Carmen Gallo Sanz es estudiante y empleada.
Prefiere el bajo perfil. Cuando declaró ante la Justicia pidió que no
hubiera público y que no estuvieran presentes los dos represores que
estaban siendo juzgados. Con la resolución en la mano, a fines del año
pasado inició el trámite para dejar de llevar documentos falseados. Y
espera tenerlos en sus manos, como culminación material de la reconstitución
de su identidad.