La
Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados emitió hoy, por amplia
mayoría, un dictamen favorable al proyecto para reparar económicamente a los
ciudadanos que debieron exiliarse por las persecuciones que sufrieron por su
actividad política a mediados de los 70.
Así, los diputados dieron el primer paso
legislativo para sancionar esta iniciativa que busca concluir con el sistema de
indemnizaciones a las víctimas del terrorismo de Estado, como ya sucedió con
las leyes que reparó económicamente a los detenidos, a los familiares de
desaparecidos y a los hijos nacidos en cautiverio.
La decisión se adoptó en el marco de un
plenario de la comisión de Derechos Humanos, que preside el justicialista Hugo
Perié, que contó con la participación de la asociación de grupos de
exiliados (COEPRA) y del jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos,
Rodolfo Mattarollo.
Si bien algunos legisladores querían
introducir algunos cambios al proyecto sancionado por el Senado, las
aclaraciones que brindó el funcionario dejaron conformes a los diputados que
querían modificar la iniciativa, lo que permitió firmar el despacho.
La iniciativa del senador Marcelo López Arias
contempla otorgar una indemnización de 74,66 pesos por día a los ciudadanos
que puedan comprobar que debieron irse del país entre el 6 de noviembre de 1975
y la dictadura militar que permaneció en el poder hasta diciembre de 1983, por
razones políticas.
El jefe de Gabinete de la Secretaría de
Derechos Humanos, Mattarollo, aseguró que este proyecto tiene un artículo
"equilibrado" por cuanto toma los recaudos sobre el procedimiento para
comprobar la situación de exiliados, con lo cual "se protege el
patrimonio".
Dijo que es importante que los exiliados puedan
tener su reparación y recordó que la propia Corte Suprema de Justicia falló a
favor de pagar una indemnización a Susana Yofre de Vaca Narvaja, quien debió
exiliarse en México.
También defendió los requisitos que se toman
para comprobar la situación de exiliados, que es un certificado del país donde
estuvo o su condición de refugiados del ACNUR, o por resolución fundada del
fuero federal.
PAGINA12
Viernes 8 de Abril de 2005
| AVANZA EN DIPUTADOS
LA INDEMNIZACION A LOS EXILIADOS Un paso hacia la reparación |
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| Por Adriana Meyer | |
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“Ya hemos esperado bastante y no queremos más demoras”, expresó
Miguel Schclarek ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados. Se refería a los siete años que pasaron desde que se presentó
por primera vez el proyecto de ley que establece un beneficio para los
exiliados por razones políticas. La diputada Patricia Walsh, de Izquierda Unida, el socialista Jorge Rivas y Lucrecia Monteagudo, del ARI, plantearán una disidencia parcial para que la exigencia de una certificación no sea una condición excluyente de acceso al beneficio. Según Walsh, “el sentido del legislador en este caso es incluir y no excluir”, y argumentó que en algunos países “no era fácil acercarse a las delegaciones diplomáticas” para obtener tales constancias de asilo o refugio. |
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LA NACIÓN
Viernes 8 de Abril de 2005
Proyecto legislativo
Avanza el plan para compensar a exiliados
Dictamen favorable en una comisión
El polémico proyecto de ley que propone indemnizar a los exiliados políticos que debieron partir del país entre 1974 y 1983 tuvo un significativo avance ayer en la Cámara de Diputados luego que la Comisión de Derechos Humanos emitiera despacho favorable por amplia mayoría.
La iniciativa, que ya tiene sanción del Senado y cuenta con el respaldo explícito del Gobierno, deberá recorrer todavía otras tres comisiones legislativas: Justicia, Familia, mujer, niñez y adolescencia y Presupuesto. Superadas estas instancias, estará en condiciones de ser debatido en el recinto.
Un grupo de exiliados, reunido en la asociación Coepra, celebró el avance del tratamiento legislativo del proyecto y solicitó "la máxima premura" para que sea sancionado. "Tenemos conciencia de que somos protagonistas de un hecho justiciero sin precedente", indicó la asociación por medio de un comunicado.
El proyecto, cuyo autor es el senador Marcelo López Arias (PJ-Salta), despertó una amplia polémica en la opinión pública pues, de ser convertido en ley, implicará una erogación del Estado de más de 1000 millones de pesos.
En efecto, de acuerdo con la iniciativa legislativa, cada exiliado político que acredite su condición de tal cobraría casi 75 pesos por día de exilio. Claro que el total del resarcimiento se efectivizaría en bonos, modalidad que ya se aplica en las otras dos leyes reparatorias en vigor, las que indemnizan a los familiares de desaparecidos y a los detenidos por razones políticas durante la última dictadura militar.
En rigor, el debate se plantea en que si es justo que los exiliados reciban una indemnización por parte del Estado, mientras que muchos perseguidos políticos que permanecieron en el país durante los años de plomo debieron sufrir tanto o más que aquellos que se fueron.
En la Comisión de Derechos Humanos, que preside Hugo Perié (PJ-Corrientes), tal debate apenas si se planteó; por mayoría se apoyó el proyecto del Senado al considerar que el exilio significa una violación de los derechos humanos por parte del Estado y, como tal, debe ser reparado.
Sin restricciones
Lo que sí generó cierta discusión es si la redacción del proyecto permite que todos los exiliados pueden acceder al beneficio, sin restricciones. Al respecto, el jefe de gabinete de la secretaría de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, que asistió a la comisión, consideró que la iniciativa en cuestión establece "procedimientos equilibrados" que "cierran el paso a toda demanda abusiva".
Esos procedimientos, o requisitos para acceder al beneficio indemnizatorio, son tres: una certificación emitida por la autoridad competente de asilo, que detalle la condición y el período de asilado; una certificación de refugiado emitida por el país de refugio o el Acnur, o una resolución judicial que acredite que el motivo del exilio obedeció a "la existencia de temores fundados de persecución política".
El dictamen de la comisión recibió apoyo mayoritario, aunque los diputados Jorge Rivas (Partido Socialista-Buenos Aires), Margarita Jarque (Encuentro-Buenos Aires) y Lucrecia Monteagudo (Partido Intransigente-Buenos Aires), firmaron en disidencia. "Fue el conjunto de la sociedad el que sufrió la pérdida del Estado de Derecho", argumentó el diputado Rivas.
Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION
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