El Senado dio media sanción al proyecto de ley que establece una
indemnización para las personas que tuvieron que exiliarse por
cuestiones políticas durante la última dictadura. La iniciativa
fue impulsada por el Gobierno después de un fallo de la Corte
Suprema que señaló que debía repararse económicamente a una
mujer por haber sido obligada a dejar el país en épocas del
terrorismo de Estado.
Ninguno de los legisladores presentes en el recinto votó contra el
proyecto, que también alcanza a los menores de edad que en razón
de la persecución de sus padres o tutores se vieron obligados a
permanecer fuera del país. La única abstención fue la del radical
Rodolfo Terragno, quien adoptó esa postura porque él mismo fue un
exiliado político. Además, anticipó que no iba a reclamar el
beneficio. Antes de que se comenzara a tratar la iniciativa, algunos
senadores se levantaron de sus bancas, entre ellos Eduardo Menem y
los tucumanos de Fuerza Republicana, el partido fundado por el
represor Antonio Domingo Bussi.
La indemnización a los exiliados políticos –el período exacto
que abarca es entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre
de 1983– es una vieja iniciativa del peronista Marcelo López
Arias que fue recuperada por el Gobierno. La presencia en el recinto
del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde –que de
hecho introdujo modificaciones al proyecto inicial–, ratificó la
postura oficial sobre el tema.
Para que la reparación económica a los exiliados políticos se
convierta en ley deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados.
El pago del beneficio implicará la renuncia a todo derecho por
indemnización de daños y perjuicios en razón de exilio.
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