Ayer se cumplieron tres años de los asesinatos de
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. También se cumplieron cuarenta
días desde que comenzó el juicio oral y público contra los ocho policías
que, en un escenario poco alentador, son hasta el momento los únicos
acusados por la Masacre de Avellaneda. El nuevo aniversario se encontró
así con el mismo reclamo de años atrás. Bajo el título “Sigue la
impunidad, sigue la lucha”, miles de personas formaron parte en el
Puente Pueyrredón de un pedido masivo para que la Justicia también
avance sobre los responsables políticos de la represión que dejó dos
muertos y 33 heridos con balas de plomo.
Un sol bien alto parecía hacer brillar más que nunca las caras de Maxi
y Darío estampadas en el centenar de banderas que cubrieron el Puente.
La columna arrancó desde la avenida Pavón, encabezada por los
representantes de las agrupaciones del Frente Popular Darío Santillán,
el MTD Aníbal Verón, Polo Obrero y el MST Teresa Vive. También
estaban Alberto Santillán, padre de Darío, Vanina Kosteki, hermana de
Maximiliano, así como varios de los heridos durante la trágica
jornada.
A más de un mes del inicio del juicio oral y público, los movimientos
de desocupados, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de
la masacre dejaron ver una vez más que las expectativas sobre proceso
judicial son pocas. Frente a la teoría oficial que sostiene que la
represión fue sólo producto de un exceso policial, las consignas de
ayer exigieron que las investigaciones avancen sobre la cadena de
responsabilidades. “A tres años estamos como al principio. Todavía
permanece instalada la versión de que Fanchiotti se puso loco. Sigue
reinando la impunidad y hay evidentemente una falta de voluntad política
para que esto cambie”, lanzó Alberto Santillán minutos antes de
subir al escenario improvisado en el puente.
El acto central había sido previsto para las 13 –hora en la que
murieron los dos dirigentes– pero se demoró porque el cordón
policial impedía avanzar a las organizaciones. Finalmente, tras casi
una hora de negociación, las agrupaciones pudieron llegar al centro del
puente y continuaron con el homenaje. Allí se leyó el documento
unitario que insistió en denunciar que los hechos del 26 de junio de
2002 fueron producto de un plan orquestado desde el poder político:
“La Masacre de Avellaneda no fue un producto de un desborde policial.
Duhalde junto con su plana mayor de funcionarios planificaron un preciso
diagrama represivo en el que actuaron cinco fuerzas de seguridad del
Estado”.
El gobierno de Néstor Kirchner tampoco quedó a salvo de las críticas.
La falta de voluntad demostrada por el oficialismo por investigar las
responsabilidades políticas de la masacre se transformó en blanco de
acusaciones que ni siquiera pudieron ser aplacadas por el anuncio de
abrir los archivos de la SIDE. Según consignó el documento, el decreto
firmado por el Presidente “no sólo restringió la facultad de decidir
sobre esos archivos a los tres jueces del tribunal, sino que también
pasó por encima de los familiares y la querella impidiéndoles su
acceso”. Con la caricatura de Duhalde y una estructura de metal
formada por cartuchos de bala oficiando como muestras simbólicas, el
texto prosiguió: “El manto de impunidad que se tendió sobre los
autores intelectuales y responsables políticos de la Masacre de
Avellaneda continúa hoy, tres años después, tan vigente como desde el
primer momento. Kirchner prometió justicia y garantizó impunidad”.
El pedido también fue levantado por los organismos de derechos humanos
y agrupaciones sociales que acompañaron la marcha, entre ellos la
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Asociación Madres de Plaza de
Mayo, Madres Línea Fundadora, HIJOS y los trabajadores de Parmalat y
Zanon. “No desconocemos la actual defensa de los derechos humanos por
nuestros 30 mil desaparecidos. Pero el Gobierno se olvida de los
desaparecidos vivos. El hambre y la desocupación son flagelos que
violan permanentemente los derechos humanos, y eso también es lo que
reclamamos hoy, que se terminecon esa impunidad”, dijo a Página/12 la
titular de la Asociación Madres, Hebe de Bonafini.
La masiva convocatoria –los organizadores calcularon entre veinte y
treinta mil personas– fue reivindicada por las agrupaciones piqueteras
como una “nueva demostración de unidad”. Así se encargó de
destacarlo Néstor Pitrola, líder de Polo Obrero: “Quisieron ahogar
el movimiento pero no pudieron. Todos los protagonistas hemos crecido
enormemente. Y hoy somos más los que aquí reclamamos que la Justicia
avance y se termine con el pacto de encubrimiento”. El amplio alcance
que tuvo la movilización no sólo se reflejó en el abanico de las
organizaciones presentes. También quedó expresado en las múltiples
consignas que acompañaron al reclamo central y que quedaron plasmadas
en la frase que cerró el acto: “En el puente están presentes los
presos políticos y los pibes de Cromañón”.
Las columnas comenzaron a desconcentrarse cuando un sol que pareció
desconocer los designios del calendario ya comenzaba a bajar. El corte
del puente, que duró alrededor de cuatro horas, concluyó la serie de
actividades que arrancaron el jueves frente al Tribunal de Lomas con una
obra de teatro y un balance público de la causa. Ese día las carpas
levantadas cuando comenzó el juicio fueron desarmadas pero volverán
cuando el tribunal integrado por Elisa Moyano, Roberto Lugones y Jorge
Roldán haga conocer la sentencia.
Informe: Carolina Keve.
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