EL
ABOGADO ARGENTINO CARLOS SLEPOY, IMPULSOR DEL JUICIO CONTRA LA
DICTADURA QUE INSTRUYE BALTASAR GARZON : “Hay
que terminar con todos los delitos impunes”
Avezado en dar batalla contra todos los pronósticos,
Carlos Slepoy, uno de los motores del juicio por genocidio contra
las dictaduras argentina y chilena, analiza por qué tiene sentido
juzgar a los marinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo en
España. Dice que en la Argentina todavía resta que la Corte
Suprema se pronuncie por la nulidad o no de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida. Advierte que el fin de la impunidad
contra la dictadura repercutirá en las demandas de justicia en
todos los niveles.
Por Victoria Ginzberg
El proceso abierto en España contra los
militares argentinos se aproxima a una definición. Los dos
marinos presos en Madrid, Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo,
están cada vez más cerca del juicio oral, pero el ex director
del Registro Nacional de Vehículos (Renave) de México reclamó
que su juzgamiento se lleve a cabo en la Argentina y la Corte
Suprema está estudiando su pedido. El abogado Carlos Slepoy,
impulsor de la investigación madrileña que fue medular para que
aquí se derribaran las normas que impedían obtener justicia,
explica por qué, a pesar de la anulación de las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida, el juicio iniciado por Baltasar Garzón
sigue teniendo sentido. Además, señala que es posible establecer
una continuidad entre las demandas históricas de los organismos
de derechos humanos y la masiva movilización encabezada por el
padre de Axel Blumberg. “El reclamo es el fin de la impunidad y
el fin del poder que tienen determinados sectores que monopolizan
el uso de la fuerza pública y que pueden cometer estos crímenes
porque cuentan con el poder para hacerlo. Mucha gente participó
con esa reacción instintiva de la mano dura, pero también,
confusamente, se expresaba en contra de la impunidad y contra los
factores que hacen posibles este tipo de crímenes. Resolver con
eficacia los crímenes que se cometieron durante la dictadura es
abrir la posibilidad de que el tratamiento de los delitos se
encare de otra manera en el país, especialmente los delitos económicos,
sociales y los delitos masivos contra la vida.”
–Si el juicio contra los militares
argentinos en España se inició ante la imposibilidad de hacerlo
aquí, ¿sigue teniendo sentido ahora que se reabrieron los
procesos aquí?
–La idea de la persecución universal de
quienes cometen crímenes contra la humanidad excede a un país
determinado, se justifica porque los crímenes ofenden a la
humanidad como concepto. Desde este punto de vista es legítimo,
importante y necesario que el juzgamiento se haga en cualquier país
del mundo. El juicio en España –o el de Francia o el de
Italia– tiene una justificación desde el punto de vista del
derecho internacional. En la práctica lo que ha hecho es
colaborar y servir como impulso para que la impunidad se
resquebraje. Aun así, a pesar de que se anularon las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida, hay una serie de razones por las
que el juicio está cargado de sentido.
–¿Cuáles son?
–Por una parte, respecto a las dos personas
que se encuentran en España (los marinos Adolfo Scilingo y
Ricardo Miguel Cavallo, que fue arrestado en México), el proceso
está muy avanzado, hay una enorme cantidad de pruebas y no
juzgarlos sería retrasar sin sentido el procedimiento. Hay que
entender que sólo desde el punto de vista geográfico se puede
leer esto como un “adentro” y “afuera”. Los juicios en
España son juicios logrados por la sociedad argentina, son
juicios que los argentinos celebran afuera. Hacerlos es valorar
todo lo que hicieron las víctimas, los organismos de derechos
humanos y los movimientos sociales argentinos para que los juicios
existan. Además en la Argentina, si bien se ha avanzado en los
procesamientos y en medidas cautelares, en este momento no hay
juzgamientos porque los acusados apelaron esas decisiones que aún
no se resolvieron en la Corte. Que se haga el juicio en España y
que tenga repercusión internacional va a poner de manifiesto todo
lo que queda pendiente por hacer en la Argentina y va a servir de
estímulo para que el proceso avance como lo ha venido haciendo.
–Pero la Corte tiene a estudio un pedido de
Ricardo Miguel Cavallo para ser juzgado aquí, ¿es atendible el
reclamo?
–El único modo en que pudiera pensarse que
Cavallo viniera aquí sería mediante un pedido de extradición
que un juez argentino debería hacer a España y que debería
resolver la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Los
tratados internacionales establecen distintas pautas para
determinar, en caso de que varios países reclamen a una persona,
cuál es el que tiene prioridad y no hay una regla rígida sobre
esto. Se supone que primero es el país en el que se cometió el
crimen, pero luego también el que tenga más facilidades para
juzgarlo, el que lo tenga en su poder, el país del cual pueda ser
la víctima. No necesariamente porque la persona sea reclamada por
el país en el que se cometió el crimen va a ser extraditada.
Nosotros nos opondríamos a la extradición porque el proceso está
muy avanzado.
–¿Cuándo serían los juicios de Scilingo
y Cavallo?
–Hay algunas cuestiones procesales
pendientes. Scilingo está más avanzado y casi sin ninguna duda
estaría en condiciones de ser juzgado este año. Cavallo está en
una etapa anterior, ya que ha planteado una serie de recursos. La
pregunta que surge es por qué Cavallo prefiere que lo juzguen acá.
Parece bastante evidente. El futuro previsible de Cavallo en España
es que cumpla una pena importante en las mismas condiciones que
cualquier criminal. Creo que en la Argentina, junto con la
voluntad política expresada por el Gobierno de terminar con la
impunidad, hay a la vez enormes dificultades para instruir los
juicios. Junto con jueces que han avanzado mucho en este tema, hay
otros que no dan señales de querer juzgar a los militares. Los
militares no tienen capacidad para dar un golpe de Estado, pero sí
tienen capacidad y relaciones suficientes para condicionar los
juicios. Esto se revela en la forma en que están cumpliendo sus
detenciones, que es escandalosa. Es escandaloso que los
responsables de los crímenes más graves tengan una situación de
privilegio. La represión efectiva de estos delitos tiende a
fortalecer determinados valores sociales: que estos crímenes no
se pueden cometer y que cuando se cometen merecen el máximo
castigo. Eso implica que los responsables estén en la cárcel
–y no en cuarteles militares ni en sus domicilios– el máximo
de tiempo que establece la legislación. Me preocupa que se
establezca una forma de realización de los juicios que los haga
realmente efectivos. Dada la diversidad de situaciones que se
plantean, la falta de medios de los juzgados y el hecho de que el
impulso está dado por los organismos de derechos humanos y las víctimas
que carecen de medios, se corre el riesgo de que esto tienda a
languidecer. Hay que hacer el Nuremberg argentino y el Gobierno
tiene que implicarse no sólo con mensajes sino apoyando
concretamente. Se podría establecer el avocamiento de jueces
exclusivamente al conocimiento de estas causas, dividir al país
en jurisdicciones, asignar recursos e impedir la dispersión de
las causas.
–La Corte Suprema analiza también la
imprescriptiblidad de los crímenes de la dictadura, criterio que
ya fue señalado por jueces y camaristas. ¿Cómo se fundamentó
esto en España?
–El tema es muy claro y ya estaba
establecido en la primera resolución del juez (Gabriel) Cavallo.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son nulas de nulidad
insanable por haber violado la Constitución y los tratados
internacionales y por lo tanto hay que retrotraerse al momento
anterior a su dictado. Esto, entre otras cosas, debería tener
efectos interruptivos de toda prescripción, sin perjuicio de que
como crímenes de lesa humanidad serían imprescriptibles. En el
Convenio del año ’68 se estableció la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y contra la humanidad. Se ha convertido en
lo que se llama una norma de ius cogens, de derecho
consuetudinario, el hecho de que todo este tipo de crímenes, en
la medida en que sean calificados como tales, son
imprescriptibles. El consenso internacional es que para estos crímenes
no hay posibilidad alguna de que en algún momento cese la
persecución. No hace falta una norma que diga expresamente esto.
Sobre este tema en la Justicia argentina ya no hay prácticamente
dudas. Tanto la jurisprudencia de la Comisión como la de la Corte
Interamericana que la Corte Suprema ha hecho suya endiversos casos
es muy clara. El tema es si se consideran crímenes contra la
humanidad; si es así, es clara la imprescriptibilidad.
–Los familiares de desaparecidos lograron
grandes hitos en el derecho interno e internacional. En la
Argentina surgió ahora un reclamo que proviene del padre de un
chico secuestrado y asesinado, pero parece destinado a exigir
cambios en otro sentido. ¿Es posible establecer analogías entre
ambas situaciones?
–Creo que lo peor que se puede hacer en
materia de política criminal es errar los ejes de la cuestión y
hay muchos interesados en desviar esos ejes. Los robos, asesinatos
y secuestros ocurren en todos los lugares del mundo, pero en la
Argentina ocurre algo muy peculiar que es la implicación en el
crimen de quienes deberían evitarlo. El eje está en destruir los
mecanismos que generan este tipo especial de criminalidad que
existe en la Argentina, es decir, tratar de desarticular las redes
mafiosas de la policías y su relación con muchos dirigentes políticos.
Es un sinsentido la polémica acerca del agravamiento de las
penas, porque eso no disuade a este tipo de delincuentes. Poniendo
a una persona en la cárcel durante cuarenta años se podrá
evitar que esa persona cometa otro delito, pero no se evita que el
fenómeno se repita una y otra vez. Esto está relacionado con los
crímenes de la última dictadura porque acá se ha instaurado el
fenómeno de la impunidad de los poderosos como un valor. Los
poderosos se saben impunes. Se saben impunes quienes han destruido
el país. Avanzar sobre las grandes impunidades es avanzar sobre
la resolución de los problemas que tiene la Argentina y la idea
de crear una sociedad nueva. Por eso los juicios a los militares
deben ser eficaces y ejemplares y deben continuar con el
juzgamiento de quienes han destruido el país en los últimos
treinta años. Una de las secuelas que ha sido instaurada por la
dictadura militar ha sido el tema de los cuerpos represivos con
autonomía para realizar cualquier tipo de delito. Soy consciente
de que la manifestación de la semana pasada fue manipulada, pero
el reclamo de la gente es legítimo y en un punto entronca con los
reclamos que han venido haciendo tradicionalmente las víctimas
del genocidio y los organismos de derechos humanos. El reclamo es
el fin de la impunidad y el fin del poder que tienen determinados
sectores que monopolizan el uso de la fuerza pública y que pueden
cometer estos crímenes porque cuentan con el poder para hacerlo,
porque es algo que ha sido consentido, ya sea durante la dictadura
o porque después ejercieron las presiones o tenían las
complicidades en los ámbitos políticos suficientes, no solo para
quedar impunes respecto de delitos anteriores, sino para seguir
cometiéndolos. Mucha gente que participó en la marcha lo hizo
con esa reacción instintiva de la mano dura, haciéndose eco del
discurso ideológico permanente que hay en este sentido pero también,
confusamente, la gente se expresaba en contra de la impunidad y
también contra todos los factores que hace posible este tipo de
crímenes. La gran paradoja es que los mismos que están pidiendo
el endurecimiento de penas para supuestamente terminar con esta
situación son los que la provocaron. Resolver con eficacia los crímenes
que se cometieron durante la dictadura es abrir la posibilidad de
que el tratamiento de los delitos se encare de otra manera en el
país, especialmente los delitos económicos, sociales y los
delitos masivos contra la vida. |
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