Claudio Tamburrini estuvo desaparecido durante la última dictadura
militar por 122 días, hasta que el 24 de marzo de 1978 logró fugarse del
centro clandestino Mansión Seré. Fue indemnizado por el tiempo que pasó
en el campo de concentración. Un dictamen de la Procuración General de
la Nación abre la puerta a que la Justicia discuta si también se le debe
reconocer en la reparación económica el tiempo que vivió
clandestinamente en el país y que estuvo exiliado en el exterior.
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal había
denegado el pedido de Tamburrini para que se revise el beneficio que
recibió por su detención. Los argumentos del tribunal para tomar esa
decisión fueron dos. El primero, que se había vencido el plazo
establecido en la ley para acogerse a la reparación económica. El
segundo, que por haber cobrado por los días en que estuvo secuestrado
Tamburrini había perdido el derecho a cualquier reclamo vinculado a su
indemnización.
El procurador general sustituto Luis González Warcalde rechazó el
planteo de la Cámara. En un dictamen firmado el jueves opinó que las
Justicia debe debatir el planteo de Tamburrini. Sin considerar el fondo
del reclamo –es decir si se debe indemnizar al ex detenido por el tiempo
de exilio interno y exterior–, González Warcalde señaló que no es
correcto afirmar que el pedido fue extemporáneo ya que el plazo para que
las víctimas del terrorismo de Estado soliciten la indemnización fue
prorrogado por dos leyes. Además, afirmó que al recibir la reparación
económica Tamburrini renunció “exclusivamente a plantear cualquier
reclamo sobre el quantum del resarcimiento que se le otorgó por los 122 días
de detención ilegal”. Por eso recomendó a la Corte que acepte tratar
el recurso realizado por Tamburrini.
Recién si el máximo tribunal acuerda con la opinión del procurador
sustituto, la Justicia deberá considerar si debe reconocerse el tiempo de
exilio como parte de la indemnización.
En otro caso, la Corte Suprema ya admitió que los años de exilio forzado
sean tenidos en cuenta al reparar económicamente a las víctimas de la última
dictadura militar. En 2000 consideró que la indemnización de Graciela
Susana Geuna debía abarcar desde el 10 de junio de 1976, cuando fue
secuestrada y llevada a La Perla, hasta el 28 de octubre de 1983. Dos años
después de su detención, Geuna obtuvo la libertad “bajo control” y
consiguió salir del país en mayo de 1979. Hasta ese momento, sólo
presos que habían estado a disposición del PEN (Poder Ejecutivo) habían
conseguido que se reconociera el exilio en su reparación. La Justicia
también le otorgó a Mario Bufano un beneficio por el tiempo que debió
permanecer fuera del país por ser perseguido por la dictadura. El hombre
estuvo secuestrado un día y logró escaparse, pero debió permanecer
oculto en un departamento por cinco meses hasta poder viajar a Uruguay
primero, luego a Brasil y finalmente a México.
Tamburrini fue secuestrado en noviembre de 1977 y cuatro meses después
logró fugarse de la Mansión Seré junto con otros tres prisioneros. Por
un tiempo vivió en casas de amigos hasta que salió del país por Puerto
Iguazú. Desde Brasil, viajó con status de refugiado hasta Suecia, donde
se doctoró en filosofía y sigue viviendo hasta hoy.
Hace cinco años el diputado peronista Marcelo López Arias presentó un
proyecto para que se indemnizara a las personas que debieron escaparse del
país durante la última dictadura y que no fueron secuestradas. La
iniciativa no prosperó, pero aún hay solicitudes de este tipo en la
Secretaría de Derechos Humanos, que sigue estudiando el tema.
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