En primer lugar quiero agradecer a los organizadores, en nombre de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos –Madrid la invitación a participar en este acto. 
Es para nosotros un gran honor compartir con Uds. la emoción del recuerdo de la esperanza, que significaba el gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular para quienes estábamos comprometidos en Latinoamérica con un futuro mejor para todos. 

Para esta ponencia me han pedido una reflexión, una mirada hacia la situación de los derechos humanos en Chile desde nuestro accionar en la lucha contra la impunidad en Argentina ante los crímenes de lesa humanidad. Y que avance algunas propuestas, en unos quince minutos, con lo que el análisis será muy sintético para poder luego, de ser posible, debatir entre todos. 

Hace 30 años, el 11 de septiembre de 1973, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la CIA y en connivencia con las élites civiles y militares locales, se cometió en Chile un crimen contra la sociedad y las instituciones democráticas, crimen que venía gestándose de tiempo atrás. La maquinaria del terrorismo de estado se puso al servicio de las élites dominantes para garantizar la paz necesaria a la acumulación de capital. El golpe de Estado en Chile fue el preludio de lo que sucedió en otros países limítrofes como Argentina. 

Los responsables de utilizar los asesinatos, las detenciones, las torturas masivas y las desapariciones forzadas para humillar y sojuzgar a los pueblos argentino y chileno, una vez asegurada la tranquilidad para los mercados, se procuraron inmunidad a través del dictado de leyes contrarias a derecho, con el objetivo – especialmente en el caso de Argentina – de continuar con el latrocinio en total impunidad. 

Desde nuestra asociación sostenemos que la impunidad ante crímenes atroces cometidos contra el derecho de gentes, ha pervertido la calidad de la democracia en estos dos países y en Argentina han propiciado ilícitos políticos y económicos y cobijado a los responsables de la grave crisis en que está inmersa. 

Como acusación popular en el juicio que se desarrolla en Madrid entendemos que los crímenes de lesa humanidad deben perseguirse y los responsables de la comisión de éstos, deben enjuiciarse en primer lugar en los tribunales nacionales, pero si existen leyes espurias que lo impiden, deben perseguirse y enjuiciarse en el tribunal que se declare competente.

Esto es así, porque los Estados tienen firmados convenios internacionales que los obligan a proteger los derechos humanos y amparar en consecuencia a las víctimas de delitos de lesa humanidad y algunos de ellos, han dado un paso más y lo tienen expresamente legislado. 

En este marco, la Audiencia Nacional española se declaró competente en noviembre de 1998 para enjuiciar a los militares argentinos y chilenos acusados de genocidio, terrorismo y torturas en aplicación del principio de justicia penal universal. Un mes antes, se había solicitado en el marco del procedimiento que se está desarrollando hoy día, la detención con fines de extradición de Pinochet al Reino Unido. 

Más allá de la conmoción política que rodeó este hecho – por todos conocido - y los titubeos y presiones de la clase política y militar chilenas que motivaron que el general Pinochet esté hoy día en Chile, recluido en su domicilio y aquejado de demencia en grados no comprobables, el hecho sirvió para demostrar algunas cosas: 
- Que los responsables de crímenes aberrantes, tienen muy limitada su inmunidad internacional. 
- Que sólo pueden refugiarse en los países en los que cometieron sus crímenes al haberse dictado leyes espurias de impunidad que los cobijan. 
- Que existen leyes que constituyen el cuerpo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos que obligan a los Estados, y que están al servicio de la dignidad de las personas y para amparar a las víctimas. 
- Que con decisión y afán de justicia, es posible aplicar estas leyes para perseguir la impunidad. 
- Que nuestras sociedades respaldan las acciones a favor de la justicia penal universal. 

Una situación similar se ha vivido en lo que respecta a los responsables del genocidio y terrorismo de Estado en Argentina. La lucha incansable de las víctimas, los familiares y militantes de organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y políticos, posibilitaron que se sustanciaran los procesos que se siguen en España y en otros tribunales europeos. 

Hoy día aquí están detenidos, el represor Scilingo y el torturador Cavallo del campo de concentración Escuela de Mecánica de la Armada. En el caso Cavallo tres Estados (Argentina, México y España) participaron para permitir que este criminal rinda cuentas ante la justicia. Pero también y en el marco del procedimiento se dictaron desde España órdenes de detención con fines de extradición contra civiles y militares argentinos acusados de terrorismo y genocidio. 

El mes pasado y a diferencia de anteriores solicitudes de detención cursadas a Argentina, el juez correspondiente – animado tal vez por el nuevo clima imperante en el país – procedió a las detenciones y quedó en espera de que el gobierno español cursara las correspondientes solicitudes de extradición. 
Todos sabemos que el gobierno español no apoyó la consecución de justicia. Más allá del cambio, todavía incipiente en la situación argentina y argumentado como fundamento para no cursar las solicitudes de extradición, resulta curioso comprobar la inconsistencia del discurso del presidente Aznar contra el terrorismo: por un lado, se manifiesta contundentemente contra éste, por el otro propende a la impunidad de quienes están acusados de este crimen en la Audiencia Nacional. 

Ahora bien, el sumario en España que brindó la oportunidad de que Pinochet fuera detenido en Londres, acusado de crímenes aberrantes y que los militares argentinos también fueran detenidos en su país con fines de extradición, sirvió de retroalimentación a los juicios al interior de Argentina y Chile, donde las luchas de las víctimas, a cuya cabeza se sitúan las Madres de Plaza de Mayo acompañadas por las organizaciones de derechos humanos, civiles, sindicales y políticas, nunca han dejado de exigir respeto por la memoria, la verdad y que se haga justicia. 

Ahora bien, ¿qué podemos resaltar como diferencia en las posibilidades de hacer justicia efectiva entre estos dos países? 

En Argentina la grave crisis institucional, económica y social había llevado a la población a mostrar su descontento y desprecio hacia la clase política al grito de que se vayan todos. En las elecciones pasadas y al ser elegido el presidente Kirchner, la sociedad argentina constata con grata sorpresa que el discurso presidencial conecta con los anhelos sentidos de la población: reparación histórica a través de la memoria y justicia, apuesta por la anulación de las leyes de la impunidad, lucha contra la impunidad y la corrupción. Pero además, el discurso ha estado acompañado de acciones claras en este sentido como por ejemplo, la no injerencia gubernamental en la extradición de Cavallo desde México a España, la ratificación del tratado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

En clara sintonía con las aspiraciones absolutamente explícitas de la sociedad y las manifestaciones del Ejecutivo, el Congreso y el Senado anularon las leyes de obediencia debida y punto final. Debe expedirse ahora el Poder judicial para conformar la terna de los poderes del Estado de derecho que envían estas leyes infames al cubo de la basura. Como consecuencia previsible, la anulación de las leyes en Argentina está propiciando la apertura y /o continuación de las causas contra el terrorismo de Estado y el genocidio en los tribunales de todo el país, como ejemplos la continuación del trámite de la causa del I Cuerpo de Ejército (Nº 450), la Reapertura de la Causa 761, ESMA y la reciente detención de Astiz, solicitada en dos causas distintas. 

El reclamo de justicia de la sociedad chilena es igualmente claro. Sin embargo el contexto hoy día es distinto. Las fuerzas militares en Chile siguen teniendo en el ámbito político y judicial un rol inusual en un Estado de derecho que deviene de la participación mantenida en la época de la dictadura. La democracia tutelada e incipiente que se instauró en Chile inmediatamente después de Pinochet y antes de su detención en Londres, hizo que coexistieran en un mismo ámbito verdugos y víctimas que – al día de hoy - no han obtenido reparación efectiva: ni moral, ni histórica ni material. 

El presidente Lagos aún no se ha desmarcado claramente de los criminales y cómplices que avalaron y justificaron el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra la sociedad chilena. El proyecto que ha presentado a principios del mes pasado sobre violación de los derechos humanos en Chile y que no incide en la nulidad de la ley de amnistía de 1978 - mejor seria llamarla ley de impunidad - incluye medidas como la de otorgar beneficios o inmunidad a cambio de información - que van a sustraer a los criminales de haber cometido delitos de lesa humanidad, de la acción de la justicia. 

Esta propuesta sitúa a Chile por fuera de la legalidad internacional vigente en materia de defensa de los derechos humanos que claramente establece que las torturas, las ejecuciones sumarias y las desapariciones forzadas son delitos de lesa humanidad y por tanto no prescriben y no se pueden amnistiar. Lo que significa que siendo Chile país signatario de estos convenios internacionales de protección de los derechos humanos, debe honrarlos investigando todas las violaciones sobre derechos humanos bajo la dictadura militar, castigar a los responsables y resarcir a las víctimas.

Desde nuestra asociación estamos convencidos – junto a otros – que no se puede construir un Estado de derecho que proteja los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población con componendas políticas antidemocráticas, que otorguen impunidad a los responsables de haber cometido crímenes atroces. 

Concluyendo, y en respuesta a la solicitud de propuestas de acción para avanzar contra la impunidad en Chile, creemos que podemos y debemos desde el exterior divulgar la situación de los derechos humanos en Chile, apoyar a las entidades que trabajan en este sentido y presionar a los poderes políticos chilenos pidiéndoles, entre otros que se consideren: 
- la profundización de la democracia removiendo los mecanismos de la impunidad, 
- un amplio debate sobre la Constitución de 1980, gestada por la dictadura pinochetista, 
- el pronunciamiento claro de los poderes del Estado a favor de la nulidad de la ley de amnistía de la dictadura y su anulación, 
- la creación de una comisión nacional de investigación sobre la tortura y la prisión política a los efectos de sancionar a los culpables y reparar eficazmente a las víctimas, 
- la restitución de los derechos civiles y políticos a todos los ex prisioneros políticos, 
- la rehabilitación de la ciudadanía para todos aquellos que han perdido sus derechos ciudadanos, 
- la reposición de todos sus derechos a los militares democráticos que resistieron el golpe de Pinochet. 

El gobierno del presidente Lagos tiene la absoluta responsabilidad de avanzar de forma efectiva en la consecución de justicia. Solo así podrá construir un futuro para todos los chilenos. Es la única forma de honrar al presidente Allende y seguir su gran ejemplo ético a favor de la justicia sin exclusiones 

Monica Cavagna