La recuperación de la memoria colectiva y la adquisición de una conciencia critica sobre los crímenes de Estado perpetrados por el gobierno militar, aspecto fundamental de la transformación necesaria de la cultura política y para la satisfacción de los legítimos reclamos de verdad y justicia, se vieron bloqueados por la herencia del terror - especialmente la gran herida infringida a través del genocidio y la política de las desapariciones forzosas - y la obstaculización posterior ejercida por los propios responsables, los cómplices directos de la dictadura y sus principales aliados. Ellos lograron impedir después del juicio a las Juntas el acceso a la verdad y la justicia, con el fin de imponer el olvido obligatorio y asegurar así la impunidad de los principales responsables de dichos crímenes.

Fue sin duda la tarea cotidiana de los organismos de Derechos Humanos a lo largo de más de veinte años la que fue logrando perforar en alguna medida la impunidad y el olvido, a pesar del retroceso que implicaron las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y el posterior Indulto a los Comandantes.

Así, la violencia provocada por el exilio impuesto por la dictadura a decenas de miles de compatriotas, a quienes se privó del derecho de vivir en su país, quedó sepultada en el olvido, dentro de las tantas heridas cuyo registro social se perdió dentro de la categoría de cuestiones de las que no se habla.

Mucho tiempo ha transcurrido desde el '83 y recién ahora comienza a analizarse este doloroso sufrimiento colectivo, que pasó al olvido después de un breve periodo inicial en el que funcionó la comisión para el Retomo de los Exiliados.

Para quitar el velo a este crimen adicional de la dictadura, conviene recordar en primer lugar que tal como lo definen los diccionarios de todas las lenguas y como aparece recogido en la historia de innumerables pueblos y naciones, el exilio consiste en la supresión del derecho a vivir en el propio país de residencia por decisión de gobiernos autoritarios. Esta expulsión forzosa del propio lugar de vida ha sido considerada desde la antigüedad un cruel castigo, para el que lo padece y los demás miembros de su familia.

La recuperación de la verdad y la justicia así como la construcción de una historia que no sea una burda farsa, requieren distinguir bien entre las formas del terror y de los crímenes de Estado cometidos por la dictadura, así como identificar correctamente a los responsables y víctimas de cada uno de ellos.

Gracias, sobre todo a los Organismos de Derechos Humanos y a su trabajo constante, se han ido aclarando responsabilidades respecto a diversos crímenes de Estado, tales como las privaciones ilegitimas de la libertad, la tortura sistemática, la desaparición y otras múltiples formas de persecución ilegal ejercidas contra ciudadanos definidos por la dictadura como el "enemigo".

Es ya tiempo de que también se saque a luz sin tapujos la responsabilidad directa de ese régimen en el exilio masivo de decenas de miles de residentes nativos y extranjeros radicados en nuestro país.

Con respecto al derecho fundamental violado por la dictadura al producir el exilio, es oportuno recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por la Argentina y anexada a la Constitución del '94, contiene varios artículos que se refieren explícitamente a él. El artículo 9 dice "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado". El artículo 13 establece que: a)Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado ...b) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio y a regresar a su país". El artículo 15 establece que "Toda persona tienen derecho a una nacionalidad. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad...". Desde luego nuestra Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipulan una amplia gama de otros derechos civiles y políticos fundamentales que como es sabido fueron conculcados por la última dictadura militar.

Los países que han sufrido historias de represión estatal similares, han explicitado y asumido la problemática del exilio. Con frecuencia pusieron en practica políticas de Estado tendientes a facilitar el retomo de los exiliados políticos y sus familias y promover su reinserción. También establecieron políticas de reparación económicas como las que se formularon en Italia o Alemania después de Segunda Guerra Mundial o en España del post-franquismo.

De la violencia que implica el exilio poco se ha hablado en nuestra sociedad en este largo periodo de la memoria anestesiada. Sin duda hay que experimentar la violencia y el dolor que implica tener que irse obligadamente de su propio país para poder entender de qué se trata esta forma cruel de cercenamiento de raíces y afectos. Para quien desee profundizar en el tema existe amplia bibliografía, que incluye aspectos tales como el examen de los graves problemas familiares desencadenados por el exilio y las dificultades y padecimientos de los hijos de los exiliados, padecimientos reavivados de distinta manera en la experiencia del retomo.

La supresión de la memoria post '83 en la Argentina incluyó también el mantener una imagen "light" del exilio, como si se hubiera tratado de un cuasi turismo, del cual se habrían beneficiado quienes pudieron irse, a diferencia de aquellos que se quedaron.

En este reclamo colectivo de verdad y justicia es muy importante ser precisos al avanzar en el esclarecimiento de aspectos fundamentales de lo que aquí pasó durante la dictadura que ha sido prolijamente omitidos del discurso publico -y a veces hasta del privado- en nuestra sociedad.

Como hemos indicado deben estar claramente especificados los delitos de Estado. En este caso es necesario ser preciso al referirse a conceptos como la deportación, el exilio, la relegación (residencia forzosamente limitada a una localidad o parte del territorio nacional), la pérdida del empleo por persecución o discriminación política, ideológica, racial, etc.

No hay ninguna forma de justicia posible frente a cada uno de estos y otros crímenes de Estado si ellos permanecen en la oscuridad discursiva y conceptual, o quedan relegados de la memoria, la conciencia y la historia colectiva. Una de las formas de olvido consiste precisamente en confundir todo, otra es la de cancelar un crimen de Estado porque se cometieron otros peores.

No se trata de cerrar ningún capitulo de esta tragedia, sino por el contrario de recordarlos y elaborarlos todos para que no vuelvan a ocurrir. En cuanto al Estado la claridad en esta materia constituye una obligación básica, sin la cual hay poca verdad y menos justicia.

Recientemente, al resurgir públicamente alguna preocupación sobre el exilio argentino masivo que tuvo lugar durante los años de plomo, vimos reaparecer nuevamente el discurso equívoco, el falseamiento intencional o irresponsable de nociones, datos y realidades.

Ya en el trabajo Dinámica Migratoria Argentina (1966-1984) de Alfredo Lattes y otros, editado en Buenos Aires en 1987, se ponía orden en los números, por lo menos en cuanto a la cantidad de argentinos radicados en el exterior en 1984, por país, lo que permite efectuar algunas estimaciones razonables sobre el numero de exilados de la última dictadura. De acuerdo a esas estimaciones difícilmente la cifra de exilados puede haber excedido los 50.000 (lo cual dista de ser poco, pero es mucho menos de lo que indico no hace mucho algún vocero del Ministerio de economía para intentar cerrar el tema).

Se ha hablado también en el caso de quienes padecieron el exilio, de formas de reparación estatal. Este es un principio que numerosos gobiernos democráticos han aplicado, en relación a las víctimas de distintos crímenes de estado perpetrados por dictaduras sufridas con anterioridad, en dichos países.

Está claro que no se trata de reparar lo irreparable (la muerte, el dolor, el sufrimiento padecido), sino por parte del Estado que cometió los crímenes, ofrecer ayuda económica que alivie la situación actual y futura de los individuos o familias que sufrieron dichos delitos. Luego la decisión de si aceptar o no estas reparaciones queda al arbitrio de cada persona que tenga derecho a percibirlas.