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Número 29

BREVE HISTORIA DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ESTADO ESPAÑOL

La historia más reciente sobre los consumidores de drogas comienza en el no lejano año de 1973, en pleno tardofranquismo, cuando gobernaba el almirante Carrero Blanco. En ese año se introduce el fallido art. 344 bis, en el Código Penal, que castiga el consumo y tráfico de algunas drogas, para adaptar la legislación española al “Convenio Internacional de Viena de 1961”, y a la “Convención Intemacional sobre sustancias psicotrópicas” de 1971.

Hasta ese año, también había en España el carnet de “extradosis” por el cual algunas personas consumidoras de opiáceos podían acceder a dosis legales de morfina en la farmacia. Es significativo que las primeras partidas de heroína en el mercado negro empezaran a circular en 1973. La eliminación del carnet de “extradosis” señala el fin de la pseudo “Pax Farmacrática” franquista y el inicio de la verdadera guerra contra las drogas.

En los años 70 se siguió vendiendo en las farmacias españolas anfetaminas, a pesar de la prohibición internacional. Ciudadan@s de toda Europa, en especial estudiantes, venían a por las denominadas “drogas españolas”; marcas como: Bustaid, Dexedrina, Centramina, Maxibamato, Minilip, Estil-2, Preludim Compositum, etc. “Anfetas” que fueron consumidas por toda una generación de usuari@s.

Cuando muere el general Franco en España había pocos consumidores de opiáceos, pero bastantes de derivados del cannabis (hachís), anfetaminas y “tripis”. En estos años se crea una red clandestina de tráfico de drogas vinculada a grupos sociales marginados y sectores de ciudadanos de ámbito geográfico perjudicados por las reconversiones industriales y económicas (Galicia, Canarias, País Vasco). Un ejemplo muy claro es la situación de los pescadores en Galicia. La reconversión naval, el agotamiento de los tradicionales caladeros debido a la sobrepesca y la contaminación marítima, y la ampliación a 200 millas de las aguas jurisdiccionales de muchos países, llevaron a la miseria y al paro a miles de familias trabajadoras. Muchos marineros se ven obligados a trabajar para subsistir en las incipientes redes de contrabando de hachís, creadas a partir de las mismas redes de contrabando de tabaco rubio americano que en Galicia existían desde los años 50. Hay que resaltar que los gerifaltes de estas redes siempre han mantenido una estrecha relación con el poder político y económico de la época franquista y posteriormente con sus sucesores (caciques de cada zona y miembros destacados de la UCD, Alianza Popular y en la actualidad del PP (Partido Popular).

En los años 80, las redes gallegas del tráfico de drogas dan el salto al Atlántico y entran en contacto con los cárteles de la cocaína de Colombia y México, para introducirla en España vía Europa. Los clanes de la comarca de Arousa seguirán importando hachís adulterado de Marruecos y verán ampliado su negocio con la cocaína. Los verdaderos jefes de los clanes gallegos nunca han sido molestados por el aparato policial judicial. Quienes si han sido sometido a un linchamiento mediático y social han sido algunos segundones del tráfico de hachís, como Sito Miñanco y Laureano Oubiña. El hecho de que hubieran sido de origen humilde ha jugado en su contra. La ciudadanía no perdona a estos nuevos ricos el haber hecho ostentación de su “ilegal” riqueza.

LOS AÑOS 80: TERAPEUTISMO Y REPRESIÓN

De 1975 a 1980 se crean las condiciones sociales y políticas que harán que en la década de los 80 se magnifique la “Guerra contra las drogas” hasta extremos nunca vistos. Los atracos a farmacias de esa época fueron realizados en su inmensa mayoría para proveerse de derivados opiáceos ya que el mercado clandestino de la heroína era aún incipiente. Hasta 1980, también se podía conseguir legalmente anfetaminas de calidad (como la dexedrina o el bustaid) en las farmacias.

El triunfo socialista de 1982 trajo consigo la reforma del Código Penal de 1983. La reforma de 1983, distinguía entre drogas que causan grave daño a la salud: las mal llamadas drogas “duras” (heroína y cocaína), y las denominadas drogas “blandas” (cannabis). La tan cacareada “Alarma Social” fue orquestada por los grupos periodístico-mediáticos de derechas para abortar la mini-reforma del Código Penal. En ésa época las prisiones estaban llenas de pres@s preventivos, que podían estar hasta 4 años sin ser juzgados. De hecho el hacinamiento en las prisiones españolas comenzó en esos años.
En 1985 el primer gobierno del PSOE aprobó el “PIan Nacional contra la Droga”. Este plan es la respuesta del Estado ante el enorme aumento del consumo de drogas ilegales en los años 80. El estado decide reorientar la “Guerra contra las Drogas” hacia una doble óptica: represiva y terapéutica. A la vez que comienza a articularse todo un aparato para-gubernamental de asistencia a los “drogadictos”, en manos de sectas y grupos religiosos mesiánicos y redentoristas. El estado crea su propio aparato terapéutico-represivo a partir de un “lumpen” mafioso, universitario y político cercano al PSOE: médicos, farmacéutic@s, psicólog@s, psiquiatras, trabajador@s sociales, etc., muchos de ell@s en paro, pero otros ya pluriemplead@s (en especial médic@s y farmacéutic@s) al servicio de distintas administraciones y negocios privados.
La contrarreforma del Código Penal de 1988 vuelve a aumentar las penas para cualquier clase de tráfico de drogas. Se crea la fiscalía especial antidroga. La “Ley Corcuera” vuelve a criminalizar a l@s consumidor@s. El art. 25 considera infracción grave a la seguridad ciudadana el consumo en lugares públicos. También es grave la “tolerancia” del consumo o la falta de diligencia en impedirlo en establecimientos públicos. Por esta disposición han sido multados y cerrados cientos de bares en toda la Península Ibérica.

LA DÉCADA DE LA MUERTE

La década de los años 80 fue una época terrible para l@s consumidor@s de drogas opiaceas. La aparición del VIH-SIDA, la reaparición de la tuberculosis, la extensión de las hepatitis y enfermedades infecciosas entre los usuarios de heroína callejera adulterada diezmó a toda una generación rebelde. Las personas que consumían “caballo” se veían abocadas a todo un círculo vicioso de robos, trapicheos y venta de todas sus pertenencias para poder comprar la droga. Si a esto sumamos la falta de una adecuada higiene personal en la inyección de la heroína (compartir jeringuilla, uso de aguas fecales, algodones y filtros contaminados y la adulteración del “caballo” con polvo de talco, yeso, polvos de ladrillos o tejas, estricnina, azúcar, colacao, aspirinas machacadas, etc.) vemos que no es de extrañar que a finales de la década, cientos de personas comenzaran a morir en las calles de todas las grandes ciudades. La falta de techo y alimentación regular, unido al estrés de las continuas detenciones y síndromes de abstinencia también tuvo una importancia decisiva en el deterioro físico y mental de l@s consumidor@s de heroína. Los años más graves en pérdidas de vidas humanas fueron el 89, 90, 91 y 92. Miles de personas, una parte significativa de la generación de los 60 y 70 murieron en la calle, en las cárceles y en las salas de “apestados” de los hospitales. Las crónicas de sucesos de los periódicos de esos años están llenas de noticias relativas a personas encontradas muertas por “sobredosis”. Nunca se hacían autopsias, ya que entonces se demostraría que el causante de las muertes era la “rascada de la pared” y la mezcla de somníferos y barbitúricos, en especial “Rohipnol”. La heroína era el culpable perfecto. El chivo expiatorio de tantos suicidios e incluso asesinatos. La metadona llegó demasiado tarde para miles de personas. El PNCD del año 85, ya preveía la creación de los C.A.S. (centros de atención y seguimiento de drogodependencia) donde se administraría metadona gratuita. La realidad fue que hasta el año 92 no empezó a darse metadona gratuita. El aparato médico se oponía, aunque muchos de ellos en sus consultas privadas la recetaban generosamente previo pago de 5.000 ptas. En un ejercicio de cinismo social, hoy en día son furibundos partidarios de la metadona y enemigos de los programas de heroína.

LOS CONSUMIDORES DE DROGAS EN LA ACTUALIDAD. LA DÉCADA DE LOS 90, UNA DÉCADA PERDIDA

Los años 90 han sido la época de consolidación del complejo terapéutico-represivo por medio de la extensión de los programas de metadona por toda la geografía española. Año tras año, los presupuestos de las distintas administraciones públicas (estado, autonomías, diputaciones, ayuntamientos) han ido aumentando sus partidas de “lucha contra la droga”.
El aparato médico-corporativo del sector público gobierna el 70% del presupuesto de atención a los “drogadictos”. El otro 30% está en manos de un sector privado compuesto mayoritariamente por sectas fundamentalistas, unas de carácter religioso y otras laicas como el famoso “Proyecto Hombre”. En lo que respecta al sector privado, más de 100 oenegés “antidroga” viven de las generosas subvenciones públicas y privadas de fundaciones, bancos y distintas confesiones religiosas. El lucro y el ansia de poder son su meta no confesada.

En los 90 también se aprobó el nuevo Código Penal. Código más represivo si cabe que el anterior. Las penas por tráfico de drogas aumentan significativamente de 5 a 9 años, además de que la eliminación de la redención de penas por trabajo llevará al cumplimiento íntegro de los condenados. Ciertos políticos parásitos como Diego López Garrido, autor intelectual del nuevo Código Penal, alabaron estas medidas “progresistas”. El 85% de todos los delitos penados en el nuevo Código Penal están relacionados directa o indirectamente con la prohibición de las drogas, por lo que las cárceles están atestadas de ciudadan@s que han ejercido su derecho a consumir o vender distintas substancias, prohibidas hoy en día por el Estado.

España tiene el mayor número de personas presas de la Unión Europea con relación a sus habitantes: 49.000 personas; 6.000 de ellas en Cataluña. En 1978, el año de la aprobación de la Constitución, había 10.500 personas presas en las cárceles españolas. En 20 años se ha cuadruplicado la población carcelaria y sigue en auge la política de construcción de nuevos “talegos”. Nunca ha habido tant@s pres@s en este país, desde el final de la última guerra civil. El 70% de la población reclusa es consumidora de drogas y gran parte de ella están enferma de tuberculosis, hepatitis, VlH-SIDA, etc. De 1985 hasta la actualidad, más de 3.000 personas murieron de SIDA en prisión o fueron excarcelad@s unos días antes de morir. Los suicidios, malos tratos y muert@s por torturas han sido la tónica general de los 90 en las prisiones españolas. Desde que en 1991 empezó a aplicarse el ilegal régimen FlES, la vulneración de los derechos humanos ha alcanzado cotas dignas de equipararse a cualquier estado nazi-fascista.

Extracto de un texto de la Associació Lliure Prohibicionista (Barcelona)
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