Una breve introducción sobre los precedentes inmediatos

El nacionalismo catalán tiene raíces históricas que aquí no vamos a tratar. No obstante, conviene tener en cuenta que el nacionalismo moderado catalán, que ahora se ha convertido en hegemónico del independentismo, ha contribuido durante cuarenta años a la estabilización del estado español. En el caso de CiU (ahora Pdecat/Junts per Catalunya), en un primer momento, mediante su participación en la redacción y aceptación de la Constitución de 1978 que consagraba la monarquía reinstaurada por la dictadura franquista, y luego, a través de su apoyo a los gobiernos centrales, de derecha (PP), como de izquierda (PSOE), a cambio de la obtención de ventajas administrativas para la autonomía catalana.

Por su parte, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) se abstuvo en la votación de la Constitución, pero al igual que CiU y actualmente el Pdecat/JxCat, siempre ha estado presente en el parlamento de Madrid, hasta el día de hoy, lo que en cierto modo legitima al gobierno central. Sin embargo, para intentar comprender la escalada del movimiento independentista de los seis últimos años que ha llevado a la actual situación, es necesario hacer un breve repaso a los acontecimientos de la última década. Después de las elecciones autonómicas de noviembre de 2003, en diciembre se formó un gobierno en Cataluña integrado por tres partidos (PSC-ICV¹-Els Verds-ERC), el llamado Primer Tripartito que duró hasta 2006.

Lo relevante de ese periodo es que desde el gobierno de Cataluña se presentó una reforma del Estatut d’Autonomia que recogía, entre otros puntos, una revisión de la balanza fiscal de Cataluña con el Estado Central² y el reconocimiento de Cataluña como nación. El PP denunció tal reforma ante el Tribunal Constitucional que falló contra dicha reforma en 2010, declarando inconstitucionales la mayor parte de las propuestas catalanas.

Fue a partir de ahí, del fracaso de la reforma del Estatut y ante la negativa del Gobierno central a cualquier negociación de un nuevo pacto fiscal, que el nacionalismo catalán, hasta entonces soberanista, autonomista, o sea, no secesionista, se fue inclinando hacia el independentismo. El independentismo representaba en el inicio del siglo XXI en torno al 17% del electorado, mientras que actualmente ronda el 48%.

El impacto de la crisis

Entre tanto, a partir de 2008 el impacto de la crisis agrava la situación socioeconómica en Cataluña, como en el resto del Estado Español, y aumenta los problemas de financiación de la Generalitat. El modelo de acumulación de capital en ambos países es similar, ya que la desindustrialización ha afectado a Cataluña y España, de manera que la estructura socioeconómica en ambos se caracteriza por la terciarización, donde el turismo³ y la actividad económica inducida (construcción y servicios de viajes, hosteleria, etc.) ocupa el lugar más importante.

El estallido de la burbuja inmobiliaria fue el aspecto superficial como se puso de manifiesto la crisis estructural del capitalismo catalán y español, con una fuerte dependencia respecto del ladrillo (construcción). Lo que aparecía como una crisis financiera, bancaria, etc., respondía en realidad a una crisis de acumulación de capital en Cataluña y en España que se traducía en el aumento del déficit público y del endeudamiento del estado y de la Generalitat. Al mismo tiempo, el desempleo experimenta un crecimiento vertiginoso en España, donde llegaría a acercarse al 25% (actualmente, 16,4%) y en Cataluña (actualmente, 12,5%)⁴.

Pero, sobre todo, las consecuencias de la crisis tenían -y tienen- repercusiones directas sobre el sistema de redistribución de la riqueza en el conjunto de comunidades autónomas que componen el estado español, mediante la transferencia financiera de las comunidades ricas hacia las más pobres.

Por eso, el centro de la polémica entre Generalitat y estado central gira en torno de la balanza fiscal, que es desfavorable a Cataluña (es decir, contribuye al fondo general del estado con más recursos financieros de lo que recibe en inversiones para infraestructuras, por ejemplo). La diferencia entre lo que aporta Cataluña, vía impuestos, al fondo estatal y lo que recibe (déficit fiscal) varía considerablemente según sean las fuentes y la manera como proceden a calcular el déficit desde los 16.000 M euros, según la Generalitat, a poco más de 2.000 M euros, según el gobierno central.

Pero más allá de las cifras, para las élites nacionalistas catalanas la posibilidad de retener una mayor cuota de los impuestos obtenidos en Cataluña sería la manera de compensar los efectos de la crisis (desempleo, caída de ingresos fiscales, etc.) que afecta a los sectores proletarizados de la población pero también a las capas medias, incluidas las beneficiarias del sistema clientelar articulado desde la Administración: funcionariado, personal contratado por la Generalitat y las entidades sociales subvencionadas.

Asimismo, dentro de esta secuencia de crisis estructural, las políticas de austeridad se traducen en recortes presupuestarios que inciden sobre la sanidad, la enseñanza y la asistencia social, en general, además de propiciar congelaciones salariales, que provocan una oleada de movilizaciones. Desde el Govern las medidas de austeridad se utilizan como excusa en un doble sentido: por un lado, para decir que los recortes se deben a que el gobierno central se aprovecha de una balanza fiscal que perjudica a Cataluña («Madrid nos roba») y, por otro, para continuar con la política de privatización, especialmente, en lo que concierne a la sanidad, enseñanza y servicios públicos, en general.

Durante esos primeros años de crisis económica –y política, después de que el Tribunal Constitucional liquidara la reforma del Estatut-, el malestar social va en aumento y las movilizaciones (ocupaciones de centros de asistencia sanitaria, las acciones contra los cierres de habitaciones de los hospitales, contra el deterioro de la enseñanza pública, etc.) desemboca en 2011 en la ocupación de la Plaza de Cataluña (el movimiento de los indignados del 15 M). El intento por parte de la policía catalana de desalojar violentamente la Plaza de Cataluña fracasa por la masiva resistencia popular, pero posteriormente los propios ocupantes deciden abandonar la plaza. Un mes más tarde se produjo el asedio al Parlament, con motivo de un pleno parlamentario en el que se debatía acerca de los recortes sociales. Fue una jornada humillante para el presidente de la Generalitat (Artur Mas tuvo que acceder al Parlament en helicóptero), consellers y demás parlamentarios de derecha como de izquierda que accedieron escoltados por la policía catalana. Fue quizás el momento de deslegitimación del sistema de representación más intenso («no nos representan») y también de crisis política y social más clara desde el final de la dictadura franquista.

Esa situación de relativa ingobernabilidad⁵ asustó a algunos de sus impulsores, provinientes del movimiento antiglobalización y de las ONG que, sin duda, les haría reflexionar sobre las implicaciones desestabilizadoras de las acciones de masas reivindicativas en torno a cuestiones materiales concretas como era el movimiento contra los recortes; de manera que dos años después (2013), publican un Manifest donde se declaran a favor de un procés constituent de una república catalana de contenido social, etc.

Se abre, así, un proceso de asambleas en pueblos y ciudades dentro de ese procés constituent con el fin de apoyar a las candidaturas de izquierda dentro del sistema de representación que recojan la reivindicación de esa república catalana de contenido social. Ahí se produjo el doble giro, institucional y nacionalista, de buena parte del movimiento social precedente. Algo que contribuyó a enfriar el movimiento reivindicativo, cuya escalada había desembocado en una nueva huelga general en noviembre de 2012 en la que una vez más los sindicatos llamados mayoritarios se vieron desbordados y la intervención de la policía catalana volvió a ejercer con plena contundencia su función represiva.

La facilidad con que la iniciativa del procés constituent consiguió desviar el movimiento reivindicativo contra los recortes se explica porque éste no se había consolidado como un movimiento reivindicativo de clase, como ya se puso de relieve en el movimiento del 15M cuya naturaleza regeneracionista democrática y ciudadanista expresaba la subjetividad de clase media proletarizada que sería muy receptiva al mensaje del procés constituent.

Por otra parte, en 2012, se crea la ANC, como satélite de la tendencia independentista de la Generalitat, con el fin de desviar la responsabilidad de los recortes y de las reivindicaciones sociales hacia el gobierno de Madrid y el sistema de compensación autonómica que perjudica a la Generalitat. Es decir, los recortes pasan a ser consecuencia del trato discriminatorio que sufre Cataluña respecto del Gobierno Central. Se creó así una especie de frente social amplio (sindicatos, partidos, ONG, asociaciones cívicas, culturales, deportivas, etc.) donde primaba la idea de que, puesto que «Madrid nos roba» y no hay manera de negociar con el gobierno central que se niega a cualquier forma de pacto fiscal, una Cataluña independiente tendría mejores condiciones de financiación de su política social.

Esa fue en síntesis la línea argumental básica de agregación social del independentismo. Hay que tener en cuenta, además, la importante función que desempeñan los aparatos de propaganda mediáticos catalanes (TV3, radios, prensa), como la amplia red de asociaciones de todo tipo (deportivas, culturales, asistenciales) que subvencionadas por la Generalitat actúan como agentes de difusión ideológica, de forma similar a como lo hacen sus organizaciones civiles homólogas españolas en la propagación de su ideología nacionalista.

De ese modo, se proyecta la promesa de la independencia como condición para el restablecimiento del estado de bienestar. Esa es la gestión política que hacen las élites catalanas de la crisis mientras prosiguen las políticas de recortes y privatizaciones y el deterioro de la enseñanza, sanidad y asistencia social. Además, esa gestión sirve igualmente para desviar la atención de los abundantes casos de corrupción que afectan a la Generalitat y a las élites nacionalistas catalanas.

La abrumadora propagación de la polémica institucional entre Generalitat y Estado central en torno al secesionismo catalán ha contribuido a desviar la atención de la oleada de corrupción que afecta a los partidos gobernantes en Cataluña y en España. En este sentido, ambas élites gobernantes se han visto favorecidas hasta el presente por esa gestión de la crisis social, política y económica en clave nacionalista.

Composición social del independentismo

El movimiento nacionalista e independentista catalán tiene su base social fundamental en las capas medias de la población que se ha visto fuertemente afectada por la intensificación de la crisis capitalista a partir de 2007. Es decir, funcionarios, profesionales, la pequeña burguesía comercial y agraria que sufre un intenso proceso de proletarización, empleados de organizaciones cívicas culturales, deportivas y asistenciales (ONG) y estudiantes⁶.

Hay que tener en cuenta también que dentro del sector sector servicios, que representa el 73’8% de la población total ocupada, el 38% corresponde a empleados públicos y a empleados de entidades que desarrollan actividades culturales y deportivas, prácticamente todas subvencionadas por la Generalitat. Asimismo, la población estudiantil de secundaria y universitaria, cuyas perspectivas de proletarización y precarización son claras, ha sido un componente muy activo en las movilizaciones independentistas.

En lo que se refiere a las distintas fracciones del capital y su relación con el independentismo, se puede decir que éste cuenta con el apoyo activo de dos organizaciones empresariales de pequeñas y medianas empresas, que no son mayoritarias ni siquiera dentro de la patronal catalana Foment del Treball⁷. En líneas generales, se puede afirmar que el capital tradicional catalán, nucleado en torno al Cercle d’Economia, y el capital transnacional presente en Cataluña⁸ se han manifestado contrarios a la independencia; así lo manifestaron públicamente, mientras que algunas asociaciones empresariales de menor importancia se han pronunciado a favor.

Por supuesto, el posicionamiento contra la independencia de las fracciones dominantes del capital en Cataluña no se debe a razones políticas o ideológicas, pues el movimiento por la independencia catalana no es ni mucho menos anticapitalista, sino que se debe al hecho de que el conflicto secesionista ocasiona cierta desestabilización e inseguridad jurídica que perjudica a sus intereses inmediatos, como ocurre igualmente con el boicot a los productos catalanes en el resto del estado español⁹.

Sin embargo, es importante subrayar que la gestión y dirección del independentismo corresponde a lo que podríamos denominar una burguesía emergente o una nueva élite gestora de los intereses del capital transnacional de reciente implantación en Cataluña.

Pues, de hecho, la élite que hegemoniza el independentismo está compuesta por una amalgama de altos funcionarios y profesionales de la representación política, gabinetes jurídicos, empresarios y profesionales vinculados al negocio del turismo, la construcción, los consultores y representantes de fondos de inversión internacionales, además de académicos, periodistas, artistas, etc.

Es decir, un segmento de la clase dominante de reciente expansión con intereses económicos y profesionales en la economía de los servicios y, particularmente, en el sector inmobiliario, el turismo y la cultura, ocio y entretenimiento, así como en la intermediación para la atracción y gestión de capitales transnacionales (sin despreciar la importancia de la actividad económica derivada del blanqueo de capitales). Esa fracción de clase emergente se amalgama con las altas instancias de la Administración pública catalana que gestiona la red de adhesión social clientelar subvencionada.

No obstante, el movimiento independentista experimentó un crecimiento en los ultimos diez años hasta alcanzar cifras cercanas al 50% de los votos emitidos, al tiempo que se extendió hacia algunos sectores populares. De hecho, en el nacionalismo catalán el rasgo étnico-cultural o racista es irrelevante, es un nacionalismo clasista pequeño-burgués, donde el rasgo dominante es fundamentalmente el administrativo (que los impuestos catalanes se queden en Cataluña). Eso se explica si tenemos en cuenta la composición demográfica del país.

De la población de Cataluña (7,5 millones de personas), según el censo de 2011, 2,7 millones de personas habían nacido fuera de Cataluña (1,446 millones en el resto del estado y 1,288 millones en el resto del mundo). Además, de la población restante, la mayoría de personas nacidas en Cataluña son hijas e hijos de inmigrantes españoles de los años 1960/70 que han sido escolarizadas en la escuela catalana y una parte de los cuales se alinean con el independentismo.

Sin embargo, la gran mayoría de la clase trabajadora que habita en los cinturones industriales urbanos mantiene una actitud indiferente hacia la independencia de Cataluña, sin que eso signifique que sea contraria o radicalmente adscrita al nacionalismo español. Aunque con la intensificación de la tensión entre Generalitat y estado central durante los últimos meses, la intervención de los partidos españoles de derecha y de izquierda institucional (PP, Ciudadanos y PSOE-PSC), se ha activado el nacionalismo español entre los sectores de la clase trabajadora, como muestra la distribución territorial del voto «españolista».

Con esto se quiere significar que, si bien el nacionalismo catalán es eminentemente pequeño-burgués, ya que está hegemonizado por la clase media en proceso de proletarización, responde a una cierta verticalidad social en la medida que incorpora a sectores minoritarios de la clase obrera tradicional; y lo mismo puede decirse del nacionalismo español presente en Cataluña, donde parte de la burguesía y de la intelectualidad catalanas se alinean con el estado central.

La izquierda política en Cataluña

En este contexto marcado por la crisis capitalista y la emergencia del nacionalismo independentista, la izquierda política en Cataluña se ha ido reconfigurando. Por un lado, la izquierda tradicional (PSC-PSOE y los herederos del PSUC) se han alineado, con diferentes matices, con las tesis centralistas del estado español. En cuanto a la nueva izquierda, surgida de los movimientos sociales de los útlimos años, CUP y Podemos/Barcelona en Comú, su posición respecto al independentismo varía de la reivindicación de una República Catalana Independiente mediante la declaración unilaterial (DUI), de la CUP, a la posición de corte federalista de Podemos /BenC y la reivindicación de un referendum con garantías legales dentro del principio del «derecho a decidir». En cualquier caso, ambas son expresiones representativas del giro institucional de parte de los movimientos sociales de base.

En el caso de la CUP, cuyo origen se remonta a las candidaturas municipales de 1986, a pesar de su verbalismo radical, anticapitalista, feminista, antirracista, etc., ha ido a remolque durante todo este proceso de las fracciones burguesas hegemónicas del independentismo representadas por PdeCat y ERC. La CUP se ha visto beneficiada, dentro del sistema de representación política, por su presencia en el Parlament con diez escaños¹⁰ que han sido decisivos para mantener la mayoria independentista en colaboración con PdeCat y ERC e impulsar el procés hacia la independencia hasta la inefable declaración de la República catalana del 27 de octubre con los resultados que todos conocemos.

Sorprendentemente, la CUP aceptó concurrir a las elecciones del 21 de diciembre de 2017, arrastrada por unas circunstancias en las que, una vez más, la iniciativa corresponde al estado español que suspendió la autonomía (artículo 155) y convocó unas elecciones autonómicas dentro del restablecimiento de la unidad de España que contempla la Constitución de 1978 y que constituye el dogma obsesivo del nacionalismo español.

La intervención de la CUP durante todo el procés ha consistido en dar el toque social a la reivindicación independentista y a jugar un papel importante en la movilización de base, aunque siempre a la zaga de sus socios mayoritarios en el proyecto de la República catalana. Dentro del sistema de representación juega el papel de la socialdemocracia radical, populista, o de lo que podría denominarse la extrema izquierda del capital, en la medida que se inscribe dentro de las categorías y prácticas del orden institucional capitalista democratico «para subvertirlo», como ilusoriamente ha venido preconizando la socialdemocracia en sus versiones más radicales.

De forma similar, Barcelona en Comú/Podemos, que es el resultado asimismo del giro institucional del movimiento del 15M y de prácticas reivindicativas de base social (PAH), cuya presencia al frente del ayuntamiento de Barcelona le otorga una relativa capacidad de intervención sobre los asuntos sociales. Como la CUP en las ciudades y pueblos donde ostenta la representación del ayuntamiento mantiene, al menos, una suficiente influencia en el gobierno municipal, Barcelona en Comú/Podemos ha impulsado políticas sociales, siempre dentro de los limitados márgenes de maniobra que ofrece el marco institucional. Respecto a la cuestión nacional, BenC/Podemos mantiene una cierta ambigüedad federalista con la que espera obtener rentabilidad en votos¹¹ entre el electorado catalán a costa del declive del PSC, cuyo espacio político socialdemocrático pretende ocupar.

Capítulo aparte merecen los CDR (Comités de Defensa del Referendum), reconvertidos posteriorimente en Comités de Defensa de la República que, formados el 1 de octubre, jugaron un papel fundamental en la resistencia a la represión de la policía española y dieron muestras de gran capacidad organizativa. Su composición es muy heterogénea puesto que se trata de asambleas de barrio o pueblo abiertas a la participación de todo el mundo. Así, hay comité donde el eje es la consecución de una República al estilo de las existentes en Europa, otros hablan de una «república social», otros propugnan una consigna de «construir república» desde la base, o bien un procés constituent sin un horizonte de estado claro, etc. Son formas de agregación práctica para la acción concreta antirrepresiva, antifascista o para la intervención en una huelga general que, por otro lado, son foros de opinión y de expresión de deseos de cada participante.

Sin negar su importancia, su significación y sus potencialidades, sin embargo hay que evitar caer en la mitificación o sobrevaloración de los CDR en el contexto del conflicto nacional entre Cataluña y España, pues hay que reconocer que aunque numerosos, son minoritarios y su exitosa intervención el 1 de octubre, como en las huelgas generales/paradas de país, tuvo como aliada circunstancial la inhibición de la policía catalana (mossos d’esquadra), represora tradicional de los movimientos de contestación social. Asimismo, no se debe olvidar que la organización del referéndum estuvo gestionada por la ANC en los diferentes niveles logísticos. Es decir, por las estructuras más convencionales y conservadoras del nacionalismo catalán.

Dos fracciones de clase burguesa enfrentadas

Para acabar este repaso esquemático sobre el conflicto político entre Cataluña y España, quisiera repasar algunos aspectos que me parecen dignos de atención. En primer lugar, que el trasfondo del conflicto es la pugna entre dos elites gestoras del capital por obtener una determinada cuota de representación dentro de la cadena de acumulación de capital transnacional y, al mismo tiempo de garantizar la gobernabilidad sobre su territorio impactado por la crisis.

Para la clase dominante española gobernante en Madrid, la unidad de España es la condición¹² fundamental para mantener un relativo equilibrio de paz social entre las diversas comunidades autónomas, mediante el sistema de compensación fiscal y financiera que gestiona el estado central. A su vez, para la élite dominante catalana, la independencia representaría, de acuerdo con sus cálculos, la disposición de mayores recursos financieros para emprender mejoras en sus infraestructuras y en políticas de asistencia social. Esa es la base de la promesa independentista.

Sin embargo, ambos países, ambas élites ahora concurrentes, naufragan en la misma ola de corrupción, mantienen las mismas formas de gestión clientelar de la vida pública y comparten las mismas políticas de ajuste, privatización de recursos y servicios públicos, y precarización del trabajo. La clase dominante catalana que hegemoniza el procés constituent tampoco se distingue de la española ni en la represión, donde acumula abundantes episodios en las últimas décadas (desahucios, desalojo de okupaciones, represaliados y encausados por huelgas generales y conflictos laborales, 15M, asedio al Parlament, Can Víes, etc.), ni en su carácter conservador y manipulador de la cuestión social.

Así lo puso en evidencia con la maniobra de recuperación y tergiversación de la huelga general del 3 de octubre cuyo contenido social fue sustituido por la única consigna de liberación de los presos politicos¹³ y la concepción misma de la huelga fue escamoteada tras la fórmula de «parada de país» y reconducida hacia una manifestación de ciudadanismo inocuo.

Ese es uno de los rasgos característicos del procés, a pesar de que la proletarización de las capas medias de la sociedad catalana es la causa profunda que subyace en la movilización social, paradójicamente, la perspectiva de clase está ausente o, más bien, subsumida en la representación del conflicto nacional. Los jóvenes independentistas de ambos sexos que son víctimas de la precarización rampante de sus condiciones de existencia no se reconocen en su condición proletaria porque, como sus progenitores, aún conservan ciertas expectativas de promoción social en la hipotética República catalana.

Solo recientemente, la campaña de intoxicación psicológica llevada a cabo por los partidos nacionalistas españoles acerca del peligro que supondría la independencia de Cataluña para las pensiones, el empleo, la enseñanza, etc., ha activado parte de la población trabajadora procedente de otras comunidades autónomas en torno al nacionalismo español.

Después de las dos manifestaciones españolistas del 5¹⁴ y 12 de octubre («hispanidad») que pretendían demostrar que las calles no eran de los independentistas, el nacionalismo español intenta atraer a esa parte mayoritaria de la población trabajadora que hasta ahora se mantiene alejada del conflicto nacionalista.

El indudable calado social del movimiento independentista catalán, cuya escalada va pareja a la profundización de la crisis económica, sin embargo responde a un impulso emocional que se nutre de un legítimo sentimiento que aspira a la autodeterminación del país, pero que ha acabo por convertirse en una ficción, en un espejismo sobredimensionado por la gestión mediático-espectacular llevada a cabo desde las instituciones de la Generalitat.

El procés constituent de la República catalana ha tenido un componente eminentemente emocional, capaz de impulsar la movilización de masas, pero ha evidenciado también sus limitaciones a la hora de su realización práctica en la realidad social y política actual. Que haya llegado al punto muerto en que ahora se encuentra no es solo debido a la incompetencia y aventurerismo de los líderes independentistas, tiene que ver sobre todo con la inadecuación de un proyecto de construcción de un estado-nación precisamente en un contexto histórico caracterizado por el estado transnacional, es decir, por la administración territorial sometida a los imperativos de la acumulación transnacional de capital.

Por lo demás, ni objetivamente, ni subjetivamente el movimiento por la constitución de una república catalana tiene una significación anticapitalista, más allá del verbalismo de la minoritaria corriente radical que encarna la CUP. Es por eso que para la mayor parte de la clase trabajadora, donde la población inmigrada cuenta en una elevada proporción, el conflicto entre el gobierno centralista de Madrid y la Generalitat se ve con indiferencia.

Tras el resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 en Cataluña¹⁵, se mantiene el equilibrio de fuerzas entre nacionalistas españoles y catalanes, lo que prolongará un conflicto en el plano político, jurídico y representativo sin una vía de solución inmediata en cuanto a la constitución de una eventual república catalana. A ello contribuye, además, el inequívoco alineamiento de las democracias capitalistas liberales con el estado español.

Nos hayamos en una situación política de estancamiento dentro de un equilibrio inestable que sólo puede romper la emergencia del problema social que acompaña el inevitable agravamiento de las condiciones de crisis. Es decir, el desplazamiento de la problemática de la constitución nacional hacia la auto-constitución de clase. Entenderlo así significa salir del atolladero de una autodeterminación nacional, cifrada en la tradición de los estados-nación nacidos en la fase ascendente del capitalismo, que se revela sumamente improbable para intentar, al menos, la posibilidad de emancipación social en correspondencia con la tradición histórica de la autodeterminación de clase en las actuales condiciones de crisis general del capital.

Corsino Vela

*Transcripción, con ligeras modificaciones y actualizaciones, de la charla mantenida en Berlín, el 19 de diciembre de 2017.

NOTAS:

1. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya -els Verds (ICV).

2. La contribución de Cataluña con sus impuestos es muy superior a lo que recibe en inversiones para infraestructuras del estado central)

3. En Cataluña, los servicios representan el 73,8% (2.448.800) de la población total ocupada, mientras que el turismo (465.100 empleos) representa el 14% del total de la población ocupada.

4. Por ejemplo, en Cataluña entre 2006 y 2017 el empleo industrial se redujo en un 25%, mientras que en la construcción el empleo se redujo a la mitad, pasando de 444.700 a 215.600.

5. Después de una mañana de bloqueo con miles de manifestantes del Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament de Cataluña, a mediodía el president Artur Mas amenazó con dar la orden de «liberar» a los acorralados parlamentarios, mediante una nueva y violenta intervención de los mossos d’esquadra, como la de un mes antes en la Plaza de Cataluña. En las primeras horas de la tarde algunas de las organizaciones y líderes convocantres del cerco al Parlament llamaron a abandonar el cerco y concurrir a una sentada ante el Palau de la Generalitat (Plaça de Sant Jaume). Hubo enfrentamientos verbales con quienes llamaban a dejar el asedio al Palrlament para ir a la Plaça Sant Jaume pero, a pesar de todo, y con dificultades, el cerco se mantuvo hasta última hora de la tarde, cuando finalizaba el pleno del Parlament, según se había acordado en la asamblea convocante.

6. En Cataluña, la administración pública representa el 5% de la población ocupada (164.500 personas), si añadimos las personas empleadas en la sanidad y la educación, la cifra de empleos dependientes de la Administración catalana se eleva a 654.000 (19,7% del total de la población ocupada en Cataluña). En cuanto a la población estudiantil, que juega un importante papel en la movilización de calle, la cifra correspondiente a la educación secundaria, profesional y superior se eleva a 502.000, según datos de Idescat.

7. Las dos organizaciones empresariales que se han pronunciado a favor de la independencia son Cecot y Cepime, minoritarias dentro de la confederación patronal catalana Foment del Treball, pero que apoyaron la huelga general/parada de país del 3 de octubre de 2017. El 8 de enero, la junta directiva de Foment abrió un expediente de expulsión por vulnerar las normas de funcionamiento interno de la patronal. La Cecot dispuso de un plazo de 15 días para dar una explicación.

8. Las facciones del capital internacional consolidado en Cataluña en los sectores químico, automoción, la logística, suministradores de tecnología de automatización, no están interesados en el procés independentista y así se han pronunciado públicamente representantes del capital alemán y norteamericano. La clase gestora emergente, que es la más vinculadada al independentismo, es la aliada de la facción del capital financiero transnacional formada por los denominados fondos buitre que compran deuda de países en bancarrota, invierten en inmobiliario, restuaración, complejos turísticos de lujo, macrocentros de ocio y juego, etc. Es decir, la burguesía gestora emergente, compuesta de altos funcionarios, consultores y representantes de los nuevos negocios especulativos, diferentes de las inversiones «productivas» industriales que caracterizaban a la burguesía catalana tradicional.

9. Un boicot bastante paradójico puesto que afecta negativamente a las empresas españolas suministradoras de productos intermedios a las firmas catalanas, lo que evidencia a pequeña escala la realidad transnacional de la producción de mercancías y de la acumulación de capital, pues, aunque la etiqueta del producto final tenga «nacionalidad», la composición del producto es multinacional.

10. Después de las elecciones de 21 de diciembre de 2017, su presencia en el Parlament se ha visto reducida a cuatro escaños.

11. Al igual que ha ocurrido con la CUP, en las elecciones del 21 de diciembre, ha visto mermada su presencia en el Parlament de Cataluña.

12. Para entender la diferencia en el trato fiscal del gobierno español con el País Vasco y Cataluña, es necesario hacer referencia a la importancia de cada uno de en la composición del PIB del reino de España. Mientras que el País Vasco representa el 5%, Cataluña supone el 20%. De ahí que el gobierno central haya sido más «comprensivo» a la hora de negociar la balanza fiscal con el País Vasco que con Cataluña, sin dejar de lado que la negociación del «cupo» vasco tuvo lugar en un contexto marcado por las actividad de ETA.

13. La Audiencia Nacional española había dictado acto de prisión contra los dirigentes independentistas, lo que significó el encarcelamiento de varios consellers de la Generalitat y de los representantes de Omnium Cultural y ANC, así como la huida a Bruselas de otros consellers y del propio president de la Generalitat.

14. Organizadas por Sociedad Civil Catalana, entidad satélite del gobierno central creada en 2014 que puede considerarse la réplica nacionalista española a la ANC.

15. Prácticamente, las elecciones de 21 de diciembre de 2017 vinieron a corroborar en líneas generales la situación precedente. El partido más votado fue el nacionalista español Ciudadanos, pero el bloque independentista, en su conjunto, obtuvo el mayor número de votos y de representantes en el parlamento catalán.

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