EUSKAL HERRIA: REPRESIÓN POLITICA Y ALTERNATIVAS CONTRADICTORIAS

Adaptación de las leyes a los intereses políticos

La conjunción de los intereses políticos y las actuaciones judiciales es algo cada vez más evidente, un proceso en marcha en el que podemos citar ejemplos clarísimos, como el aumento de las penas por delitos de terrorismo o la utilización de determinados aspectos de la nueva Ley del Menor para criminalizar a la juventud vasca. Pero no sólo es un problema de endurecimiento de las leyes, sino también de la interpretación, utilización y aplicación que se hace de las mismas. En este sentido, el establecimiento de amplios tipos penales para casos como el de “pertenencia a banda armada”, supone de hecho la represión contra todo tipo de actividades u opiniones disidentes.

Papel del Juez Garzón

Dentro de su megalomanía, Garzón quiere pasar a la Historia como la persona que desarticuló el movimiento independentista vasco, del cual considera que ETA es tan sólo una parte. Garzón ha tratado de monopolizar todos los sumarios relacionados con el tema que llegan a la Audiencia Nacional, quizás buscando establecer un macrojuicio contra el mundo de ETA. Lo que sucede es que, en cierta forma, el asunto se le está yendo de las manos al establecer un abanico represivo tan extenso (Egin, KAS, Ekin, Zumalabe, Xaki, AEK, Ardi Beltza, Haika…). Él diseña una serie de organigramas, en cuya cabeza está ETA, que es la que controla todo. A partir de ahí se establecen diferentes ramificaciones (línea política, línea ideológica, línea de acción, etc.), en las que se sitúan los nombres de organismos de “apoyo” o “sustento” social de la estrategia terrorista.

Dicho de otro modo, potencialmente cualquiera es susceptible de ser reprimido si se sale de lo “políticamente correcto”, que en este momento no es otra cosa que la sumisión a la idea de España y a las leyes del capitalismo globalizado. El objetivo es tratar de paralizar o entorpecer un proceso social, político y cultural que no interesa que se desarrolle en Euskal Herria. Jurídicamente no es posible establecer una ligazón entre lucha armada y esta dinámica social. Sería a la larga algo insostenible si no fuera por la enorme cobertura mediática que recibe y que provoca “alarma social”, es decir, el clima adecuado para una política de “manos libres” frente al “terrorismo”.

Así, en la práctica, nos encontramos con que hay mucha gente procesada, encarcelada o en libertad bajo fianza, y que cualquiera puede verse afectado, de modo que se extienda un clima de miedo y polarización social del que se nutren muchos intereses políticos. Este tipo de actuaciones se sitúan, por tanto, en sintonía con las directrices del Ministerio del Interior y tratan, en muchos casos, de encubrir la ineficacia concreta de ciertas actuaciones políticas y policiales. Se habla de la capacidad de trabajo de Garzón, pero lo cierto es que se lo dan todo hecho, y sus autos son, habitualmente, meras transcripciones de los informes policiales.

El Estado subvierte sus propias leyes

El poder ha perdido impunemente ciertas vergüenzas adquiridas en la llamada Transición. A ello contribuye su perfecto maridaje con la orquesta mediática, que una y otra vez legitima o señala las actuaciones judiciales, políticas o policiales. Los medios de comunicación adquieren un papel fundamental en este proceso, dentro de una estrategia de beligerancia y de falta absoluta (salvo honrosas excepciones) de respeto a la ética periodística. El terrorismo consigue consenso social y facilita que se establezca un “cordón sanitario” frente a la realidad vasca. En segundo término, este “consenso” trata de impedir cualquier cuestionamiento o crítica de la prepotencia del Estado y sirve además para ocultar otros temas como la ley de extranjería, las muertes laborales, etc.

El sistema legal funciona discrecionalmente contra los enemigos del Estado, entre los cuales se sitúa ahora principalmente el nacionalismo vasco, pero, por el mismo precio, actuará, según le convenga, contra cualquier movimiento o persona que sea tachado de “radical”, “peligroso” o “subversivo”.

Criminalizar la rebeldía

Cuando se habla de violencia al Estado le interesa que se extiendan ciertas ideas de “sentido común”, como el respeto a la vida, la democracia, etc., que hacen que la “opinión pública” no reaccione e incluso simpatice con determinadas actuaciones represivas “contra el terrorismo”, aunque éstas sean dudosas e incluso claramente arbitrarias o ilegales. Si de lo que se trata es de reprimir otras opciones legítimas, como la desobediencia civil, la actuación gubernamental no obtiene tanto consenso social, aunque se diga que cuestionan o subvierten el ordenamiento constitucional. La gente puede entender mejor, e incluso simpatizar con estas formas de lucha, más cercanas y quizás fáciles de explicar. La solución en este caso es tratar de deslegitimarlas señalando que se sitúan próximas a la izquierda abertzale y a ETA.

De todas formas, no podemos pensar que estas políticas represivas son algo específico del Estado español. En Europa no se habla de lucha armada, pero sí de nuevos enemigos como, por ejemplo, los movimientos alternativos antiglobalización, contra los que se pretende actuar con una nueva legalidad y con la construcción de una imagen mediática distorsionada (ej. cuando se muestran las movilizaciones contra la globalización económica apenas se habla de las reivindicaciones, sino de que se rompen cristales, de que se ataca a la propiedad privada, etc.) El Estado sabe perfectamente que va a seguir habiendo gente que cuestione el orden existente, la cuestión es aislarla socialmente.

La ilusiÓn democrÁtica

Esta avalancha represiva no deja de crear entre nosotr@s cierta perplejidad, un no saber muy bien qué hacer o por dónde van a atacar la próxima vez, y ello se debe a que quizás se ha interiorizado más de lo que creíamos la idea de que existe un verdadero estado de derecho con sus correspondientes garantías jurídicas. Hace unos años teníamos tal vez más sensación de riesgo, pero también de saber más o menos claramente dónde estaba la raya entre lo legal y lo ilegal. Ahora parece que esa raya es móvil y que nunca sabes dónde te la van a pintar.

Margen de maniobra de la desobediencia civil

La desobediencia civil puede ser eficaz a la hora de extender una reflexión social sobre por qué hay gente que pone los sellos al revés, que reniega de la nacionalidad española o que okupa. La Desobediencia civil tiene además un matiz didáctico fuerte y es observada socialmente con mayor simpatía. Esto es algo que no ocurre quizás con la lucha armada tal y como está planteada en la actualidad, porque, primero, no hay posibilidad de victoria, y, segundo, carece de este afán pedagógico.

Entonces, en ese sentido, la gente valora de otra forma una apuesta en la que la gente actúa pacíficamente de acuerdo a unas convicciones y asume las consecuencias. Además parece que el Estado, en principio, tiene menos herramientas para actuar (a veces simplemente multas). Ahí tenemos si no, como ejemplo, la acción de l@s Solidari@s contra el pantano de Itoiz en el que los jueces tuvieron que inventarse el delito de “detención ilegal” para poder criminalizar lo que jurídicamente era muy difícil de castigar con una condena ejemplar.

El riesgo de los actos de desobediencia civil es que se queden en algo meramente folclórico, en una serie de acciones realizadas para que resulten atractivas a los medios de comunicación, en una simple anécdota más o menos espectacular de la que sólo trasciende el qué se he hecho, pero no el por qué se ha hecho. En este sentido, se plantea el debate de la relación a establecer con los medios de comunicación de masas, cuyo modo de operar responde a intereses que no son los nuestros. Igualmente nos podemos plantear hasta qué punto nuestros propios medios son operativos, son capaces de trascender un ámbito de retroalimentación. Esta reflexión no sólo abarca a los medios contrainformativos, ya que se puede plantear también que no son más que un reflejo de la propia situación de los movimientos alternativos, donde se aprecia falta de reciclaje y la extensión de una cultura del “bienestar”, contaminada de consumismo, hedonismo y desinterés por la formación política. A ello se suma el cansancio de ciertas formas de actuar políticamente, sin que se hagan visibles nuevas alternativas. En cualquier caso, parece que cualquier “solución” pasa por plantearse un trabajo a largo plazo, creando base social, dando contenido a las acciones e incidiendo en la formación y el debate.

La Desobediencia Civil como ética o como estrategia
Siempre es menos noticia que se abra una oficina para hacer DNIs vascos que que ETA mate a un concejal. Desde luego la Desobediencia civil es una herramienta que no interesa divulgar, y cuando se hace es para decir que sirve de complemento o cobertura social de la violencia. La disidencia es diversa y es legítimo que cada cual utilice las herramientas que considere necesarias. Sin embargo, se corre el riesgo de que acabe siendo asociada únicamente a la estrategia de la Izquierda Abertzale, cuando es algo mucho más amplio. Entonces, el incidir en esta matización (en el dotar de un contenido diferente a la Desobediencia Civil o a la lucha política en general) en un momento de polarización social, inmersos en una dinámica de acción/represión, te coloca en una situación complicada, ya que es fácil que te acusen de situarte junto a los “buenos” y con ello contribuir a criminalizar a los “malos”. Es un tema que hay que tratar con mucho cuidado sin duda, pero sin que niegue el derecho de elaborar un discurso diferente, aunque éste cuestione aspectos que pueden ser “sensibles” (ej. Elecciones, democracia, idea de construcción nacional, etc.) También merecería la pena plantearse la cuestión hasta qué punto la Desobediencia Civil debe ser un mera táctica o algo más profundamente filosófico, que implique quizás tanto una ética como un tipo de construcción social diferente.

H

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