Desde la óptica de los movimientos sociales, una interpretación de la Ley del Voluntariado ha de responder a un por qué (los objetivos finales o las grandes tendencias), y a un cómo (los medios y estrategias).

¿POR QUÉ?

La razón de fuerza, la razón que entronca cualquier decisión sobre objetores, insumisos y otros agentes sociales y Ley del Voluntariado, es la Razón Militar (razón de estado para controlar la disidencia).

Esta ley tiene dos objetivos evidentes. Pretende garantizar el mantenimiento de la conscripción / obligación de prestar un servicio al estado, así se fortalece también la existencia de soldados voluntarios porque -«ya que tengo que ir, por lo menos que sea cobrando». El segundo objetivo es conseguir dinero para pagar a voluntari@s y profesionales, jubilaciones militares, actualización de equipamientos, comisiones de vendedores de armamento producido aquí,… ahorrando en otras partidas, es decir, en los gastos sociales. Y de alguna forma habrá que cubrir esas prestaciones sociales para las, que no hay dinero. ¿Que cómo?. ¿Nos imaginamos un ejército de 200.000 jóvenes (400.000 si se incluyen a las jóvenes) trabajando gratis todos los años en bienestar social, sanidad, etc.? Calculemos lo que se ahorraría el gobierno en gastos sociales que será invertido en gastos militares (con fondos necesarios pata la ansiada profesionalización) y sabremos por qué quieren imponernos la Ley del Voluntariado Social.

El gobierno ha ido moviendo hilos para poner en marcha pequeños experimentos como son los contactos mantenidos con entidades, asociaciones y objetores dispuestos a pasar por el aro y a hacer la prestación sustitutoria al servicio militar o servicio civil en lo mismo que de hecho venían haciendo: ONGs, grupos ecologistas, juventudes de partidos, organismos de la Iglesia, etc. Además, las entidades colaboradoras o de «voluntariado civil» tendrán la ventaja de que la cuantía de las subvenciones está en función del número de «voluntari@s» que acojan. El estado fomenta así un voluntariado robot no-vocacional, ajustado a la medida de sus perversos planes.
Por otra parte, los ayuntamientos, diputaciones, organismos autónomos, institutos paraoficiales, etc. se están convirtiendo en la infraestructura de organización de la prestación sustitutoria o servicio civil o voluntariado social. Esta descentralización está siendo imprescindible dado que el gobierno ha llegado a su tope en la creación de puestos y así resulta más económica la prestación.

Para el estado es importante que la implantación de la Ley de Voluntariado Social se haga bien, sea atractiva y se legitime socialmente. Lo hará de manera progresiva y tratara de garantizar el mantenimiento de la conscripción. Pero de entrada, la Ley de Voluntariado Social aprobada en el parlamento no ha tenido buena acogida por parte de las organizaciones sociales y de voluntariado. Estas no han participado en su redacción, ni quieren caer bajo el control del estado y así preservar su nombre de no-gubemamental. En toda Europa, la ley de servicios civiles es el nuevo marco que regula la solidaridad y pretende ponerla única y exclusivamente al servicio del estado, conculcando la generosidad e independencia de las ONGs.

FOMENTAR EL VOLUNTARIADO NO SIGNIFICA PREMIARLO

Para fomentar el voluntariado sería necesario fomentar valores solidarios, hacer ver la importancia de la participación ciudadana para conseguir un mundo más justo. Aportar información veraz sobre las causas han dado lugar al injusto reparto de la riqueza. Dar una imagen positiva del trabajo de l@s voluntari@s en cualquiera de sus formas. Dar a conocer a las muchas organizaciones con las que se puede colaborar.
Pero incentivar, premiar u otorgar cualquier privilegio para convencer a determinadas personas de que se apunten al voluntariado nos parece totalmente contradictorio con lo que debería ser un trabajo libre y solidario, y como tal, sin ningún tipo de contraprestación.

FOMENTAR EL VOLUNTARIADO NO SIGNIFICA FORZAR A SER VOLUNTARIO

Aún mas grave nos parece la curiosa forma de «fomentar el voluntariado» que recoge la Ley al plantear la posibilidad de convalidar el tiempo prestado como voluntario, por el tiempo del Servicio Militar Obligatorio o de su prestación sustitutoria. La ley no pretende convalidar servicios a la sociedad sino obligaciones a la sociedad. Un joven varón en edad militar debe saber que se enfrenta a partir de ahora a una obligación con tres variantes: mili, prestación sustitutoria o voluntariado oficial.

Comprendemos que un joven prefiera optar por el «voluntariado oficial» en esas circunstancias, pero estimamos que esto contribuirá gravemente al deterioro de los servicios que preste, por la falta de vocación y conciencia social. La solidaridad implica libre voluntad de ejercerla, jamás puede partir de una obligación externa. El gobierno no puede suplir su incapacidad para afianzar la prestación sustitutoria ni su falta de voluntad para fomentar un voluntariado solidario con el chantaje a l@s jóvenes ni con la complicidad algunas ONGs que, incapaces de tener el voluntariado deseado, se presten interesadamente a colaborar con esta medida.

Mucho nos tememos que esta ley reforzara la idea de «subvenciones a cambio de favores», se pretende «primar» e! voluntariado que se desarrolle en determinadas organizaciones que, curiosamente son las más grandes, las que cuentan con fuertes ayudas estatales y las que desarrollan una actuación menos crítica con la política del gobierno.

El potencial del movimiento social solidario y organizado es enorme y si se consigue controlar y dirigir es una enorme fuente de riqueza que permitiría amortiguar la cada vez menor inversión social. Una vez más queda patente que el modelo de defensa y desarrollo propugnado desde el estado y desde los movimientos civiles solidarios choca frontalmente. A modo de ejemplo, el presupuesto total de cooperación para el desarrollo para 1996 fue igual al gasto militar de cuatro días en la Comunidad Autónoma Vasca.

Seamos conscientes, además, de que en el proceso de profesionalización habrá sucesivos intentos de crear otro ejército, civil, paralelo y complementario al militar. Un servicio civil que extienda la obligatoriedad de la prestación sustitutoria a toda al población para educarla en los valores militares y para aliviar el gran coste social que generará el despilfarro de recursos económicos en manos militares. Un servicio adecuado a los intereses militares a pesar de ser «civil».

KEM-MOC

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