1. Nuestra sociedad está asistiendo a una progresiva concentración, en muy pocas manos, de bienestar, capitales y poder, que ahonda el abismo entre quienes disfrutan de todos los recursos que puede ofrecer la convivencia y quienes carecen incluso de lo más necesario para subsistir. Si no se controla de algún modo ese abismo, podrá llegar a originar estallidos y revueltas.
2. Al mismo tiempo confluye otro fenómeno, esencial para entender lo que nos pueda ocurrir. Quienes constituían la clase media, mayoritaria, en países más o menos satisfechos, ahora corren el riesgo de verse convertidos en excedente laboral y empujados por el paro hacia el sector más desfavorecido. La gente excluida del derecho al trabajo es gente propicia a lo que sea con tal de encontrar su medio de vida. De ahí la proliferación de ONGs, Arcas de Noé contra el paro, dedicadas al control del prójimo. La mayoría de las ONGs que conozco dicen aplicarse a los problemas de la infancia y juventud desfavorecidas, pero en realidad encubren con slogans piadosos su propia vulnerabilidad y complicidad.
3. «Las ONGs hablan de los problemas de “los desfavorecidos”, “la pobreza extrema”, “la discriminación sexual y racial”, sin enfrentarse al sistema social que produce estas situaciones… al incorporar a los pobres a la economía neoliberal a través del voluntariado, fomentan un ambiente político en el que la solidaridad y las acciones sociales aparentes encubren las estructuras de poder nacionales e internacionales… El resultado ha sido tal proliferación de ONGs que las comunidades pobres han terminado fragmentadas en grupos y subgrupos sectoriales, incapaces de hacerse una idea de todo el panorama social en el que radican las causas de sus males y aún menos capaces de unirse para luchar contra el sistema» (James Petras).
4. Las ONG se ofrecen de modo voluntarioso para ayudar a los pobres; pero enmarcadas en el pensamiento único, el Estado/Capital sólo les permite vivir a costa de ellos a cambio de que se los controlen rigurosamente. Desde hace 17 años, en todo lo que se refiere a infancia y juventud, la política española (UCD, PSOE y PP, indistintamente) siguiendo con fidelidad canina las directrices de Trevi/ Maastricht, se ha cuidado de que las cosas discurran por ese único camino, al exigir que toda actividad sin excepción esté encuadrada en una ONG y a su vez, que toda ONG esté registrada y controlada a través de un convenio, determinante para tener derecho a subvenciones «públicas»; convenio que, contra lo que su nombre indica, obliga a la aceptación global de todas sus cláusulas, sin posibilidad de discrepancia alguna.
5. Por otra parte, la legislación sobre infancia ha dado un paso gigantesco, sin que parezca preocuparle hacia dónde, al autorizar la expropiación/privatización de la tutela y de la guarda y custodia de los hijos. Si el Estado/Capital, para criminalizar la pobreza, expropia a los pobres un área del derecho natural, ¿qué posibilidades de alternativa les quedan?, y si inmediatamente el dicho Estado maltrata a sus hijos ¿qué posibilidades reales de recurso? Y por si fuera poco, lo que en principio se justificó por razones de presunto desamparo luego se generaliza al mero hecho de que algún exaltado sospeche situación de riesgo posible para cualquier niño.
6. Al atribuirse de hecho, la Administración, la representación jurídica de todos los niños y jóvenes sobre los que le interese intervenir, con exclusión explícita de cualquier interferencia, se convierte en protagonista única de incuestionables derechos. Tanto más peligroso cuanto que inmediatamente deposita el monopolio de su autoridad en unidades corporativas de responsabilidad difusa, como las «comisiones de tutela» o los «equipos técnicos», que son quienes convierten luego a las ONGs firmantes en meras empresas de servicios, sin más capacidad de criterio y acción que la que benévolamente se les otorgue y a los profesionales y voluntarios encuadrados en dichas ONGs, en mero pelotón de operaciones. Dentro de este marco cobran nueva significación infinidad de cosas que nos están ocurriendo.
7. La policialización de los servicios sociales, que ya ni intentan promover iniciativa alguna dentro de cada comunidad, ni siquiera apenas gestionar prestaciones oficiales cada vez más tacañas, sino llanamente invadir los espacios de la privacidad e intimidad para recabar del tejido social el máximo de información. De hecho l@s trabajador@s sociales se están convirtiendo en policías de paisano, puesto que los ocupan en detectar grupos de riesgo y crear registros de familias conflictivas. ¿Saben realmente est@s trabajador@s qué tupida red de delación recorren sus bienintencionados informes? ¿Tienen alguna posibilidad de controlar sus consecuencias si no estuvieren de acuerdo con ellas?
Una mamá en apuros económicos acude a los servicios sociales de su Ayuntamiento a pedir leche para su recién nacido. Probablemente no se la den, porque las prestaciones se nos están volviendo puro nominalismo; pero en cambio incluirán a su hijo en un peligrosísimo registro de «niños en situación de riesgo» que le va a estigmatizar en adelante de maneras imprevisibles.
8. Se nos ha dicho que los equipos técnicos al servicio de los juzgados de menores y los psicólogos en centros de reclusión servirían para humanizar las sentencias; pero estamos comprobando que en realidad sirven para policializar el ámbito de la psicología y la pedagogía.
Cuando unos niños o sus papás, en el ejercicio de un derecho constitucional, se niegan a declarar en una audiencia, el juez puede mandar al niño a «dialogar» con el psicólogo del equipo técnico, para luego, si se tercia, condenarlo, con los datos del informe psicológico, por el bien del niño naturalmente.
Cuando jueces y fiscales citan a comparecer ante su equipo técnico están obligando a hacer uso de un servicio, es decir, están fingiendo ignorar la diferencia entre hacer uso de un servicio y someterse a un deber, obligando a confundir sus intereses por perseguir un desorden con los intereses del acusado por el presunto desorden. Me pregunto (y le preguntaría yo a las comisiones deontológicas de mi profesión) ¿quién es el verdadero paciente del psicólogo? ¿La institución judicial que le paga un salario por la labor de explorar a la familia o la familia obligada a ser investigada? Y algunos siguen sin entender por qué tengo que renunciar a mi profesión de psicólogo para poder seguir asesorando a la población en situación de riesgo. Es decir, que nos han policializado como psicólogos y pedagogos. Igual que a los servicios sociales.
Por supuesto que todo eso lo hacen por «la supremacía del interés del menor» (art. II.2.a, Ley Orgánica 1/96), la Ley es taxativa y abrumadoramente reiterativa a ese respecto, lo malo es que al no poder definir la Ley cual sea en cada caso el interés del menor, pasa a ser esa entelequia quien legitime cualquier uso que se haga de la Ley, siempre que el pensamiento único lo legitime.
9. Y a propósito de pedagogía, so pretexto de la violencia en los colegios, leo con profusión en la prensa: «un profesor por la tolerancia se encargará en cada centro de mantener informada a la policía», «el programa establece las pautas que ha de seguir la coordinación de los centros educativos con los servicios policiales» (El País, 27-II-97), «el profesor por la tolerancia es un claro disfraz del chivateo, esperamos que ningún profesor se preste a ser el canal de información para posteriores acciones policiales, añade Comisiones Obreras» (El Mundo). Esperan y esperan mal, porque en diversos colegios de diversas Autonomías ya les han dado ordenes taxativas de denunciar a sus alumnos y lo están haciendo con fervor tridentino, que el hambre es muy negra y el paro una espada de Democles sobre las clases medias que aspiren a conservar su puesto de trabajo.
10. En una institución estatal un elevado porcentaje de niños presuntamente protegidos pululan meses y más meses por las calles, en una ONG tres niñas se vapulean con dos educadoras, sucesos ambos cada vez más frecuentes, de mutuo descontrol. Los educadores, las educadoras, inmediatamente acuden a denunciar a sus alumnos y alumnas a la policía, con el beneplácito de la Administración y de la ONG. No es probable que le presten la misma atención a las quejas de los niños o las niñas. Siempre he sostenido que el ámbito pedagógico (de interiorización de la norma) y el judicial (de imposición de la norma) son de distinta naturaleza; pero si el legislador se empeña en confundirlos, al menos debería atenerse a sus catastróficas consecuencias.
11. Un niño fugado de cualquier institución nos pide refugio en casa, el niño está en el mejor momento para iniciar un nuevo camino y contamos con recursos y experiencia, además tenemos la certeza de que en la institución lo están deteriorando, ¿qué podemos hacer? Según la legislación, absolutamente nada que no sea denunciar y entregar al prófugo. Ni siquiera han previsto el que podamos ser personas sensatas, con buen criterio y buenas intenciones, ni han previsto que el niño necesite protegerse de sus protectores; la legislación se limita a yugular cualquier brote de iniciativa o tejido social.
12. Tampoco estará de más mencionar el tema de los teléfonos gratuitos, subvencionados, que aprovechándose de los niños, facilitan todo tipo de denuncias anónimas de riesgos posibles; y de algunos equipos de algunas ONGs muy bien subvencionadas, que se dedican exclusivamente a rastrear grupos de riesgo y situaciones irregulares. Y precisamente, para esto sí, según su soberana opinión.
Comunidades, Ayuntamientos, Cruz Roja, Cáritas, Mensajeros de la Paz, las más variopintas ONGs, con el furor tridentino y repentino que requieren las instrucciones generosamente subvencionadas, se han puesto a brindarnos infinidad de teléfonos gratuitos, para invitarnos a padres e hijos, parientes y vecinos, a que nos denunciemos mutuamente. Olvidando que la convivencia sólo es posible sobre la confianza mútua (las más variopintas ONGs, las que nos ofrecen alguna confianza, como las que no nos ofrecen ninguna). Leo en grandes titulares en «Tribuna de Salamanca» (16-I-1997): «Denuncie a su vecino». No pasa de ser una ocurrencia de mal gusto; lo malo es que la Administración fomente lo peor de nosotros mismos.
Y lo peor, lo que revela mayor escasez de escrúpulos, es el hecho de que nos inviten a la delación anónima, que convierte en impunidad la comodidad o irresponsabilidad del delator y estimula a ahorrarse la presunción de inocencia sin riesgo de represalias.
13. El día 6 marzo del 97, en los Juzgados de Guardia de Plaza de Castilla, unos padres presentaron una denuncia contra el jefe de la Grume, policía «especializada» en menores. Tres agentes habían estado interrogando a dos niños de ocho y doce años (los gritos de amenaza y el llanto de los niños se oía desde el piso bajo), durante cuatro horas, sin presencia de familiar alguno ni de abogado (ambos preceptivos en la ley); hasta lograr arrancarles una acusación contra un vecino. Niños y madres firmaron sobrecogidos bajo amenazas, pero manteniendo que todo era falso incluso durante la firma. De hecho fiscalía ya intervino prometiendo que el procedimiento sería anulado.
El educador bienintencionado que un mal día puso a esos niños en contacto con una ONG parroquial y la voluntariosa parroquiana que advirtió a su Ayuntamiento de algún posible riesgo, seguramente ni sospechan aún ahora a qué riesgos condenaron a esos niños ni que rentabilidad les van a sacar en el futuro.
No se trata pues de un gravísimo divorcio entre la conducta policial y la dirección política. Al contrario, se trata de que los acuerdos de Maastricht llevan en sus tripas un proceso oligárquico, que ha decidido utilizar a los niños e instrumentalizar el miedo de las clases medias, para reprimir a tiempo la legítima rebeldía de la joven población excedente.
Enrique Martínez Reguera
(Extraído de «Canijín» – Madrid)