MAL DE ALTURA

Reflexiones a raíz de la huelga del control aéreo y por qué no llegó a remontar el vuelo

Se ha insistido hasta la saciedad en la complejidad del mundo en que nos ha tocado vivir, en la dificultad para alcanzar cualquier tipo de comprensión de carácter general ante la profusión de fenómenos que se pretenden a sí mismos indeterminados, singulares, o materia exclusiva para el estudio de sus correspondientes especialistas. Las reflexiones que siguen, quizás un tanto deslavazadas, toman como excusa la que para algunos no ha sido sino otra anécdota más dentro de la actualidad política del pasado año, pero cuyo análisis a nuestro juicio puede servir para poner de relieve algunas cuestiones fundamentales que atraviesan la actual coyuntura social y política. Sobre éste pequeño nudo gordiano se pueden ver confabuladas y en acción, algunas de las principales fuerzas que mueven una disgregación social que se ha convertido en nuestro “medio natural”, impidiendo que esta o cualquier otra lucha remonte el vuelo. El caso de la huelga del aire también resulta ejemplar para analizar cómo desde el pensamiento pretendidamente crítico se asume a pies juntillas el relato oficial de los hechos, reproduciendo el estereotipo que nos ofrecen sin demasiadas matizaciones. Invitamos al lector a que, aunque más no sea a modo de hipótesis de trabajo, rechace este retrato robot por el que los controladores aéreos son todos unos fachas de polo color salmón y club de golf, para intentar interpretar la huelga del aire desde las estrategias desplegadas para su sofocamiento, entre las cuales quizás cabría incluir dicha caricatura, esbozada desde el gobierno con la inestimable ayuda de unos medios de comunicación de masas cargando las tintas a pleno rendimiento, y con la clara intención de terminar de enfrentar a la población con los huelguistas.

Malos tiempos para volar (de las huelgas salvajes)

Corren tiempos aciagos cuando se hace necesario recordar que la función de toda huelga es en principio y por definición, la de suprimir la creación de beneficios con la intención de coaccionar a la patronal -se trate de una empresa pública o privada por igual-, bien bloqueando la producción propiamente material o como ha ocurrido en el caso de la huelga de controladores aéreos que tuvo lugar en diciembre de 2010, interrumpiendo la prestación de un determinado servicio. Por lo tanto y tratándose de un servicio público, una huelga no puede tener otro objetivo que el de chantajear a la administración, ya que ésta es precisamente la “fuerza de negociación” de la que disponen los trabajadores. Según una definición estrictamente jurídica, las huelgas salvajes son aquellas desencadenadas sin previo aviso y que no se ciñen a los requisitos legales que se les exigen[[Por lo que se trata de una categoría relativamente reciente, ya que el derecho a huelga es recogido por primera vez en Inglaterra en el año 1864, aunque recién a partir de los inicios del siglo XX la huelga deja de estar penada y es reconocida a nivel internacional. En el Estado español la primera -y última- ley de huelgas data del 27 de abril de 1909 y continúa vigente hasta la Guerra Civil. ]], aunque a esto habría que añadir que a partir del ciclo de conflictividad obrera que comienza en toda Europa a finales de los sesenta para prolongarse durante casi diez años, una definición de las huelgas salvajes que no implique que éstas hayan sido capaces de trascender las reivindicaciones sectoriales para poner en cuestión al conjunto de la organización social, estará necesariamente incompleta. Acotar su significado a lo relativamente sorpresivo de la medida indica un absoluto desdén por la historia política reciente. Dicho de otra manera, a partir del 68 sólo una huelga de métodos y aspiraciones desmedidas (que fueran más allá de las conquistas parciales) debiera poder ser calificada con propiedad como salvaje.

Asimismo, decir que los controladores aéreos, como élite económica que son, en ningún momento han intentado poner en tela de juicio a la organización social en su totalidad o al sistema económico capitalista, es una perfecta perogrullada. Aunque no menos cierto es que más allá de su voluntad y por tratarse de un sector estratégico de la economía, la medida adoptada por los controladores ha interpelado al corazón del modus vivendi capitalista en la actualidad, a saber: la movilidad generalizada de mercancías y personas. Desde esta perspectiva, su huelga ha respondido al esquema clásico de lo que se denomina “huelga tapón”, que es aquella cuya potencialidad estriba en su capacidad para bloquear un segmento fundamental que, precisamente por su ubicación, implica la paralización de un sistema productivo más amplio, en este caso la industria del turismo y la movilidad en general.

Plumas viperinas (de la opinión pública)

Resulta cuando menos dudoso que el recelo generalizado hacia los controladores aéreos haya surgido por generación espontánea. Bastante más probable parece que la demonización de la que han sido objeto haya respondido a una campaña de intoxicación mediática en la que la maquinaria propagandística del Estado se ha empleado a fondo. No se ha hecho esperar la letanía de amonestaciones de tantos opinólogos mercenarios, que de tanto machacar con su fraseología tan simplona como ponzoñosa, han conseguido dejarla aguijoneada en algún rincón del inconsciente colectivo. Y si hay mentiras que a fuerza de repetirlas terminan pasando por verdades, es entre otras cosas porque el malestar social ofrece un terreno fértil para que éstas arraiguen. Son precisamente los momentos de mayor inestabilidad política aquellos en los que más falta hace al Poder un enemigo -aunque deba fabricarlo- para ofrecer a la dilapidación pública, para cohesionar a la población y distraerla de los asuntos que de verdad le competen, porque si repararan en ellos, quizás tendrían que girar sobre sus talones y redefinir el blanco de sus piedras. En este contexto, un gremio cuyo salario acciona los más profundos resortes de la envidia de clase (sobre la que por cierto, no tenemos nada que objetar), parece un chivo expiatorio inmejorable.

Por poner un ejemplo acerca del lenguaje espurio con el que nos suelen bombardear los plumillas a sueldo del mejor postor, podemos citar la utilización del concepto de “rehenes” con el que durante la huelga de los controladores se ha querido identificar a los pasajeros quedados en tierra, invocando una supuesta vulneración del derecho a la libre circulación, cómo si a éstos se los hubiera secuestrado[[Cuando el único secuestro del que parece apropiado hablar, ha sido el de un debate escamoteado desde el momento en que a los controladores se las ha impedido pronunciarse, so pena de ser sometidos a un tribunal militar. Es decir, lo que podríamos llamar un secuestro de la opinión.]], cómo si no poder hacer uso de un servicio de transporte fuera equiparable a estar privados de libertad. Aunque a decir verdad, ésta es precisamente la naturaleza de la libertad que nos ofrece el mercado: poder desplazarnos a nuestro antojo (siempre y cuando se sea ciudadano de algún país desarrollado), comprar, vender y en fin… consumir y arrollar a todo aquel que se interponga en nuestro supremo ejercicio de libertad individual. Este es después de todo el corazón de la ideología liberal, cuya esencia en este caso se podría resumir en la máxima “tú ejerce tu libertad de patalear, mientras no salpiques sobre mi soberano derecho a viajar”.

Del mismo modo que un modelo económico basado en la producción de bienes ha dado paso a otro centrado en la oferta de servicios, un pasaje similar ha tenido lugar en lo que refiere a la siempre biensonante defensa de los derechos básicos. Así, de modo paralelo a la pérdida de centralidad de los sujetos involucrados en la producción (y flexibilización mediante) se ha dado la degradación de muchas de sus conquistas históricas, hasta llegar a la situación actual en la que los derechos de los consumidores (cuyo bastión ético es el libro de reclamaciones) suelen prevalecer por sobre los de los trabajadores, aunque en éste caso se de la paradoja de que éstos sean precisamente trabajadores fundamentales del sector de los servicios.

Ascenso y caída de AENA (de la culpabilización)

Pero para qué negarlo, la huelga de los controladores ha puteado a mucha gente de a pié, y aquí podríamos recrearnos con los casos de personas que viajaban por motivos de verdadera necesidad y se han quedado varados en aeropuertos a lo largo y ancho de todo el Estado, pero de eso ya se han ocupado generosamente los medios de comunicación de masas. Y lo han hecho con el sensacionalismo necesario para acusar al colectivo de controladores aéreos de insolidaridad, y con la misma ligereza culpabilizarlos de la crisis, del desaguisado de AENA, del paro, del estallido de la burbuja inmobiliaria y poco les ha faltado para responsabilizarlos de la expulsión del Edén. Porque a nadie se le escapa que se trata de un colectivo de trabajadores que goza de unos sueldos privilegiados[[Los sueldos base de los controladores en España son similares a los del resto de los países europeos, la diferencia radica en que según la cantidad de horas extras que estuviesen dispuestos a meter han llegado a trabajar hasta el 40% más que sus homólogos europeos: los alemanes trabajan 1.219 horas al año, los franceses 1.328; los españoles, 1799, con horas extras incluidas. Teniendo en cuenta que éstas han estado pagadas a razón de entre 39 y 105 euros, al sumarlas al salario base nos quedan unos sueldos que superan con creces la media europea. Ahora bien, los sueldos de la mayoría han oscilado entre los 3.000 y los 7.000 euros, lo cual es una burrada, pero que ni por asomo se corresponde con los números inflados que nos han vendido, creando una confusión en la que de modo interesado se ha hecho pasar máximos por medias.]], y esto conviene no olvidarlo, tanto para lo bueno como para lo malo, nos estamos refiriendo a empleados, lo que significa que cumplen una función en relación de dependencia por la que son remunerados. No estamos hablando de tránsfugas que se lucran de turbios chanchullos o del robo de la plusvalía de sus empleados, aunque a estas alturas a pocos parece preocuparle que cualquier empresario del ladrillo pueda llegar a facturar cifras obscenas a costillas del curro ajeno y demás malas artes especulativas.

Y ya que hablamos del sector inmobiliario, ha sido precisamente la crisis del ladrillo la que ha llevado a las constructoras a diversificar su modelo de negocio (contando eso sí, con una ayudita de sus amigos del Ministerio de Fomento valorada en la friolera de 38.522 millones de euros), inaugurando una política de inversiones descabelladas consistente en construir y ampliar aeropuertos hasta llevar a AENA a una situación en la que brinda cobertura a una red de 48 aeropuertos de los cuales solo 9 generaron beneficios a lo largo del 2009[[En el extremo opuesto podemos citar al aeropuerto de Huesca-Monflorite, que en el 2008 registró una media de 18 pasajeros diarios, o el caso esperpéntico de Puerto Real que con 75.000 habitantes posee uno de los aeropuertos más modernos de Europa, acondicionado para acoger un volumen de dos millones y medio de pasajeros al año y por el que tan sólo pasan tres vuelos semanales. Buena parte de esto financiado, como no, con fondos de la Junta de Castilla-La Mancha y del Banco de España.]]. Estos números son los que han propiciado la puesta en marcha del plan de privatización de la que era una de las últimas grandes empresas públicas cuya frágil situación financiera era sostenida únicamente por el sangrado de las arcas públicas. Teniendo en cuenta la gestión ruinosa que se había hecho de AENA, su privatización hubiera podido desatar una polémica muy inoportuna para la administración, por lo que la campaña de acoso y derribo del gremio de controladores aéreos vino de maravilla para justificar la liberalización del sector, sin apuntar jamás a las causas verdaderas de su déficit. Aunque mediante el recorte salarial del 40% que se les impusiera por decreto en abril de 2010 no alcanzaba para cubrir más del 2,3% de la deuda contraída tras años de respiración asistida por los fondos públicos, de cara a la opinión pública los controladores se convertirán en los únicos culpables de la inminente quiebra de AENA[[Este decreto contribuyó a caldear los ánimos, pero si entonces no desembocó en una huelga se debió precisamente a la conciencia de buena parte del gremio de controladores de lo escandalosas que eran las cifras que hasta aquel momento figuraban en sus nóminas. La del puente de la constitución no se trató pues, de una huelga por motivos salariales o por la defensa de sus privilegios, como se nos ha querido hacer creer.]].

Huelga decirlo, pero esto es una huelga (del doble filo de algunas conquistas)

Ahora bien, resulta que las desigualdades que hasta ayer eran toleradas e incluso fomentadas, hoy hacen rasgarse las vestiduras de los mismos profesionales hipercualificados y precarizados, a los que de repente les ha dado por invocar la supresión de los privilegios, como si ellos mismos fueran portavoces del proyecto proletario de abolición de la sociedad de clases, y no los aspirantes a cuadros superiores dentro de la actual organización social de los que en verdad se trata. Cabría preguntarse, cuántos de éstos alzarían la voz si sus rentas fueran tan elevadas como las de los controladores, y luego habría que consultarles a partir de qué salario exacto consideran razonable que un trabajador pierda sus derechos básicos, como ser la baja por maternidad.

Volviendo a los medios, otra de las sandeces que hemos tenido que oír, muy propia de los tiempos de corrección política rampante que corren, ha sido como se denostaba la huelga de los controladores por no ajustarse al derecho laboral. En la actualidad, cualquier medida de fuerza que pretenda ser llevada a cabo con cierta eficacia deberá, casi necesariamente, eludir la legalidad. La huelga encubierta a través de las bajas masivas fue la respuesta estratégica a una contingencia legal y a unos sindicatos mayoritarios[[Sobre la función de los sindicatos mayoritarios así como de las reacciones airadas de la inmensa mayoría de la población, se puede trazar una curiosa analogía con la huelga de PATCO en 1981. Sintetizando mucho, lo que ocurrió entonces fue que tras dos días de huelga, el 5 de agosto, Reagan despidió a los 11.350 miembros del sindicato de controladores aéreos norteamericano (PATCO) que habían desafiado su orden de regresar a las torres e ilegalizó el sindicato. Para esto contó con la ayuda de la principal central de trabajadores del país (AFL-CIO), la que pidió a sus agremiados pilotos, asistentes de vuelo, etc. que rompieran la huelga de los controladores yendo a trabajar, así como a sus sindicados de todos los demás ramos que continuaran viajando en avión.]] que, con ocasión de la última huelga general, habían pactado con AENA imponer al gremio de controladores unos servicios mínimos superiores al cien por ciento, lo que implicaba su completa desactivación como herramienta de presión. Dándose así la paradoja de que el mismo derecho que supo constituir una de las conquistas históricas de los trabajadores frente a la persecución de los patronos, pueda ser utilizado en la actualidad para criminalizar su protesta.

En este como en muchos otros asuntos, a partir del reconocimiento jurídico, el marco legal dispuesto para salvaguardar un derecho, al regularlo definiendo y acotando su margen de acción, termina por impugnar toda su potencialidad. Finalmente, alrededor del derecho a la huelga se ha instalado un falso debate, la huelga no es competencia exclusiva del derecho laboral, no corresponde a las instituciones decidir sobre nuestras herramientas de lucha, el ejercicio de la huelga es un asunto que está por encima de la legalidad y que se juega en el campo de la legitimidad moral. De no ser así, si ante el avasallamiento y la persecución no se dispone de la última prerrogativa que consiste en parar las máquinas -en este caso, apagar los radares- dejar caer los brazos y sencillamente negarse a seguir trabajando, entonces ¿quién es rehén de quién?

Animus provocandi (de la militarización)

Tal y como se han desarrollado los acontecimientos, parece bastante verosímil la teoría que sostiene que el derrotero seguido por la huelga del aire haya formado parte de una estrategia orquestada desde el Ejecutivo con la intención de precipitar una huelga que abriera las puertas a la privatización del sector, aunque para esto hubiera que exhumar el Estado de alarma[[Implementado el día 4 de diciembre y prorrogado “de modo preventivo” hasta el 15 de enero, el Estado de alarma es una figura legal creada a raíz del 23F (en aquel momento con la intención explícita de abortar posibles tentativas golpistas), y que en el caso que nos ocupa ha dejado a más de 2.000 controladores absolutamente desarmados y a merced del Código Penal Militar, por lo que luego serían acusados y juzgados por sedición.]]. Y aunque la militarización del control aéreo supuso un salto cualitativo en cuanto a las formas de sofocamiento de conflictos laborales y protestas de la población civil en general (a la que, a golpe de decreto, se podrá juzgar como si se tratara de efectivos militares), esto de dar al ejército el control de los servicios de transporte tampoco es nada nuevo. En el propio Estado español durante la huelga del metro de Madrid ya se había contemplado la posibilidad de convocar a militares para reanudar el servicio de la línea 8 que conecta Barajas con el centro de Madrid. Es decir que, para paliar una medida que de cara a la opinión pública interesaba denunciar como una extorsión cuyas víctimas eran los trabajadores que no podrían acudir a sus centros de trabajo, se planteó una intervención manu militari destinada exclusivamente a dar cobertura al flujo permanente de turistas que transitan por Barajas, no ya a garantizar esos servicios mínimos que permitieran a los habitantes de Madrid llegar a sus empleos. Lo cual nos lleva de nuevo a la huelga de controladores aéreos: el Estado y el capital se pueden permitir una jornada de huelga, incluso general, de parar la producción y la circulación interna de una ciudad, pero su talón de Aquiles es la industria de la movilidad.

Por afectar a una de las terminaciones nerviosas del actual modelo económico, ha sido la práctica concreta de los controladores más que un discurso que no han llegado a formular, la que a punto ha estado de remontar el vuelo, llevando la huelga hasta las puertas de la crítica radical de la realidad. Por desgracia ésta tampoco ha tenido lugar, y aun más que las medidas adoptadas por el Poder público, es la reacción del conjunto de la sociedad civil la que ofrece una buena explicación del por qué esta huelga de controladores no ha llegado a “asalvajarse”, por cuantiosas que sean las pérdidas que le haya producido al sector turístico. Hubiera hecho falta una solidaridad que no se ha dado, establecer previamente unas alianzas capaces de romper el aislamiento, la demonización y el ostracismo al que se han visto abocados, y que parece ser el destino de cualquier lucha demasiado puntual y que no sea capaz de articularse con una crítica general de la organización social.

Carduelis Barbata
Iruñea, diciembre de 2010.

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