EL NIÑO FRENTE A LAS INSTITUCIONES JUDICIALES
El Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de Ley que ha sido aprobado por unanimidad por los parlamentarios. A partir de ahora los niños mayores de 12 años pueden ser detenidos y juzgados en un procedimiento que es una adecuación del procedimiento penal abreviado de adultos. La edad penal es rebajada de los 16 a los 12 años.
Un niño que realice un acto que el Código Penal considera para los adultos como delito será detenido por la policía (GRUME) y puesto a disposición de un juez al que se priva de competencias de protección, dejándole únicamente las punitivas; iniciando un procedimiento con un fiscal que también ha dejado de ser el defensor nato de los niños para convertirse en acusador; con un abogado penalista procedente de un turno de oficio especial o de pago y con un equipo técnico sometido al mismo juzgado de menores. En un juicio oral (puede ser público) el juez decretará la pena que corresponde según lo establecido en la Ley, con posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de lo criminal. «En lo no previsto expresamente en esta Ley, serán supletorias las normas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Penal» (disposición adicional segunda).
Bajo la excusa de ofrecer garantías jurídico-constitucionales ausentes en la legislación anterior -1948 Ley T.T.M.- que permitía por ejemplo que un niño estuviera internado por tiempo ilimitado, se ha metido al niño, de hecho, dentro del sistema procesal-penal. Se pasa así de un sistema tutelar sin garantías jurídicas como el de 1948 a uno no tutelar y que sólo da garantías en la función penalizadora. «El menor que fuese detenido gozará de los derechos que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal» (Art. 15, 3º). Dichas garantías no tendrían que ser precisamente las del orden penal -por ejemplo en materia laboral o administrativa se dan las garantías jurídicas exigidas en la Constitución sin adentrarse en el campo penal-.
Los gobernantes, para camuflar este carácter penal, han utilizado una serie de recursos: cambio de lenguaje, confusión en las funciones y maquillaje pedagógico, por ejemplo:
– En el «escrito de alegaciones» reconocemos el escrito de acusación. En la «audiencia», un verdadero juicio oral. En el «acuerdo», una auténtica sentencia. En las «medidas», las penas impuestas.
– El fiscal, bajo la apariencia de seguir siendo protector de los derechos del niño, es el responsable de la instrucción acusadora.
– Todo el procedimiento se justifica bajo el criterio de que las penas impuestas pretenden educar. Este truco paternalista, típico de la denostada Ley de 1948, es el mismo que los regímenes totalitarios han utilizado desde siempre para justificar su razón de ser «por el bien del pueblo». La educación real de un niño es incompatible con las interferencias penalizadoras de esta índole.
CONSECUENCIAS
El mayor atentado que supone esta nueva Ley contra los niños es que acaba fulminantemente con su condición de inimputable. La propia naturaleza del niño, como principio de realidad, desmiente a esta Ley exigiendo respetar la inimputabilidad -la misma Constitución lo recoge así-.
• El niño es responsable personalmente. Cualquier proceso educativo debe hacer madurar esa responsabilidad. Sin embargo, hacerle responsable sólo en lo penal mientras se le niega esa responsabilidad o capacidad para el ejercicio de los derechos, sólo se explica por el interés del Poder en ejercer el control sobre esta población (30%) a través del mayor reproche social del que disponen las leyes: el enjuiciamiento criminal.
• Ignorar la condición de niño y atenerse a que haya robado, por ejemplo, sólo se explica por la filosofía que convierte la propiedad privada en derecho fundamental por encima de las personas y que prefiere defenderse de los niños antes que velar por el cumplimiento de sus derechos básicos.
• ¿Por qué a un niño no se le reconoce suficientemente responsable para ejercer el derecho a: votar, firmar un contrato, trabajar, hacer testamento, independizarse, no ir al colegio, llegar a la hora que le dé la gana a su casa, fumar, beber alcohol, etc., y sin embargo se le acusa, enjuicia y condena en nombre de una responsabilidad social descrita en el Código Penal de adultos?
• La misma existencia de los juzgados de menores y la participación en su procedimiento estigmatiza a los niños y va generando en ellos identidad de delincuentes.
• Al responsabilizar penalmente al niño se están encubriendo responsabilidades e incluso delitos de adultos (víctimas junto con el niño, negligentes, cómplices o explotadores…) e instituciones (escuela, medios de comunicación, instituciones tutelares, Instituto de la vivienda, Ministerio de Economía y Hacienda, M. del Interior, M. de Justicia, Iglesia, etc.).
• ¿Cómo este procedimiento procesal pretende ser pedagógico cuando se legitima e incita a la mentira -«derecho a no reconocerse autor de los hechos»-?
• So pretexto de educar se produce una grave intromisión policiaca en la vida privada de las familias- por ejemplo, un juez puede ordenar como pena que un niño llegue a su casa a las 10 de la noche-. El juez se pone la máscara de educador: «es por tu bien». El juez puede imponer como pena el acogimiento forzoso de un niño por el tiempo que él juzgue y bajo su vigilancia, en una familia o institución de acogida. Así familias acogedoras y educadores se convierten en carceleros y chivatos contra el niño. La posibilidad de ser sociable, es decir de disponer de vínculos espontáneos, libres, personales y duraderos del niño con una familia o educadores se corrompe de raíz por esa intromisión del juez. ¡Y nos quieren hacer creer que esto es por su bien!
• El poder penal ha necesitado para conseguir su maquillaje pedagógico y evitar confrontaciones con el poder científico y educativo, la connivencia de unos equipos multiprofesionales que sean sus guardaespaldas técnicos, privándoles así de cualquier objetividad y sesgando sus valoraciones. A la vez que limitan, de hecho, la libertad del juez al imponerle un peritaje sesgado.
El juez metido a pedagogo, psicólogo, educador. Educadores y familias convertidas en funcionarios de prisiones. ¿Se os ocurre una corrupción más efectiva?
• Esta Ley va dirigida fundamentalmente a los niños y sus familias más explotados, a los socialmente más necesitados y a todos aquellos que son víctimas de una sociedad violenta, desigual y cada día más ferozmente monetarista; amparada por los mismos códigos y gobernantes que han elaborado esta Ley.
Una vez más comprobamos cómo la desprotección de la infancia y juventud sirven para que psicólogos, jueces, abogados, fiscales, trabajadores sociales, educadores, investigadores, policías, comerciantes de la seguridad, etc., vivan a su costa.
ACCIONES QUE SE PROPUSIERON
Luchar contra la peligrosa desinformación que existe sobre este tema.
– No colaborar con los juzgados de menores, por ejemplo: no aportar información; no acudir a los juzgados; no ser recurso para las penas que impone el juez…
– Obstruir el desarrollo del procedimiento penal, por ejemplo: solicitar el Habeas Corpus ante cualquier detención, siempre ilegal, de cualquier niño; interponer recursos; autoinculparse…
– Abogar por la desaparición de los juzgados de menores y la derogación de la actual Ley Penal de Menores.
– Manifestaciones ante los juzgados, divulgación a la opinión pública…
– Exigir que se equiparen realmente derechos y deberes.
– Denunciar a los colegios profesionales de psicólogos, abogados, asistentes sociales… por su colaboración irresponsable en estas injusticias.
– Exigir una Ley Básica protectora de la infancia que acabe con la dispersión legal existente y no establezca la disociación niño delincuente/niño necesitado (reforma/tutela).
EL NIÑO FRENTE A LAS INSTITUCIONES TUTELARES
Desde distintos puntos del Estado se comprueba la situación de desprotección que sufre un gran sector de niños y niñas. Por múltiples factores esta situación ni siquiera se ha quedado estancada, sino que vemos que empeora progresivamente, aunque las instituciones del Estado intenten con sus políticas de imagen mostrar lo contrario.
Esta desprotección abarca múltiples aspectos: educativo, relacional, familiar, de vivienda, psicológico, alimenticio, económico…, castigando especialmente a colectivos inmigrantes, niños que viven en las cárceles con sus madres, núcleos chabolistas y población desfavorecida en general.
La actual Ley que regula la protección de los niños en España (21/87) provoca de hecho la desprotección jurídica otorgando la tutela de los niños desprotegidos a las entidades públicas administrativas.
Esta responsabilidad pública no se ha traducido en un servicio real a la protección de los niños y sus familias; por el contrario ha facilitado la creación de una superestructura burocrática que ejerce un poder sobre ellos.
Los órganos tutelares están compuestos por un pequeño grupo de personas con poder absoluto para apropiarse de los niños que caen bajo sus redes y decidir sobre sus vidas e indirectamente sobre las de sus familias. Un pequeño grupo de personas inmersas en un marco de administración autonómica dependiente del poder ejecutivo, ocupando su cargo en condición de político asignado a dedo y consecuentemente respondiendo en sus decisiones a intereses que nada tienen que ver con la complejidad, dinamismo, historias personales y vínculos afectivos que se tejen en la realidad de la desprotección.
Esto les hace intervenir sólo cuando la desprotección se torna inseguridad ciudadana, incompetencia de los responsables o cuando daña la imagen de políticos e instituciones. Incapaces y/o interesados en no atender las necesidades reales, prefieren protegerse a sí mismos ofreciendo una falsa eficacia a la opinión pública. Utilizando la institucionalización de los que absorbe este sistema, encubren la absoluta desprotección a la que condenan a miles de niños en este Estado.
En vez de incidir en los factores determinantes de la desprotección, las necesidades y carencias reales, se parchea con medidas aparentes.
La tutela es una responsabilidad personal y relacional. Los órganos tutelares la transforman en un poder que hace depender al niño de un ente anónimo y burocrático. Así se producen situaciones tan aberrantes como que las personas que cuidan y educan a los niños, de hecho, son privadas de los correspondientes derechos: representar al niño; acordar con él las relaciones que debe o no tener-con su familia, amigos, etc.-; decidir las autorizaciones laborales, de ocio… que sean precisas y otros.
Esta situación de dependencia condiciona la vida de los niños y de las personas que les cuidan en cuanto que alguien ajeno y amparado en el anonimato de un aparato institucional decide las cuestiones básicas de su presente y futuro. Los educadores y familias acogedoras se convierten en meros brazos de un poder totalitario; primeros en las obligaciones y últimos en los derechos.
Para poder ejercer su poder necesitan disponer de sistemas de información y control:
– Constatamos como la infancia desprotegida sirve para acumular datos que reúnen la vida íntima y privada de un sector de la población. Los servicios sociales trabajan para el control del Ministerio del Interior, de Economía, etc. Los archivos del aparato del Estado se nutren, entre otras cosas, de estos informes sociales y técnicos.
– A cambio de que educadores y familias acogedoras realicen su labor supuestamente protectora se les exige ser confidentes de la vida privada de los niños y sus familias; que no decidan nada con autonomía, hasta el punto de establecer cuando comienza y termina su vinculación con el niño.
– Las ayudas económicas a los niños y sus familias, las subvenciones a las personas y grupos que trabajan en la protección se utilizan como una moneda de cambio de sus intereses y controles. Un mero chantaje.
Con todo esto las instancias gubernamentales consiguen consolidar su poder en la sociedad y eliminar cualquier iniciativa fuera de su línea. Hasta el punto de llegar a afirmar que «el que paga manda» -burlando así a los contribuyentes al dar por supuesto que el dinero es suyo-.
Sus decisiones se toman en la práctica desde la pretendida objetividad de una llamada «distancia óptima», a través de unos informes técnicos que pretenden hacernos creer que reflejan fielmente la realidad, encubriendo así su desinformación y superficialidad con medidas que no responden a las necesidades de los niños. Las decisiones siempre las toma alguien que no les conoce de nada.
Aún a sabiendas de que los internados y mini-instituciones han sido cuestionados de forma rigurosa desde hace muchos años, comprobamos como en la actualidad siguen siendo el fundamental recurso. Las soluciones que está dando la institución tutelar pasan en la mayoría de las ocasiones por la separación del niño y su familia internándole en los centros. Esta separación se convierte, de hecho, en un secuestro donde el niño no puede comunicarse con sus personas queridas y su vida cotidiana está totalmente programada, controlada y hasta vigilada por guardas jurado. Las vivencias de indefensión que produce esta separación son sistemáticamente ignoradas.
Se gastan ingentes cantidades de dinero en superestructuras, burocracias y propaganda hurtando los recursos necesarios para atender las necesidades reales de los niños. Aparentan así que les están protegiendo, cuando lo que realmente pretenden es controlarlos mejor y lo que se consigue es que cada vez más personas e instituciones vivan a costa de ellos.
Con la prepotencia con la que actúan los órganos tutelares están promoviendo la desaparición total de la tradicional y espontánea solidaridad de las personas, incluso desacreditando su responsabilidad y madurez. Con el pretexto de dar respuesta a intervenciones de personas y grupos que no estén siendo beneficiosos para el niño lo que se hace es anular o someter toda posible respuesta.
Consideramos que no es posible encontrar respuestas a la situación de injusticia que viven los niños sino hacemos una seria revisión de en qué medida estamos siendo cómplices por nuestra pasividad o colaboracionismo con la violación de los derechos básicos de la infancia.
Cada persona tiene que plantearse si en su compromiso con los niños está optando con y por ellos y asumiendo como propias las cosas que les afectan.
Denunciar ante la sociedad, ante las instituciones y ante los medios de comunicación empieza a ser una obligación inherente a la opción de quienes se comprometen con los niños explotados.
ACCIONES QUE SE PROPUSIERON
Ser conscientes y responsables de las consecuencias que puede traer la utilización de las informaciones que demos sobre los niños y sus familias.
– Recurrir ante las instancias judiciales los procedimientos y decisiones de las instituciones que atenten contra la dignidad y derechos de los niños y sus familias.
– Exigir activamente que los niños y las personas que están implicados en su realidad participen y elaboren las alternativas más adecuadas para su protección.
– Demandar la elaboración de una Ley Básica Protectora de la Infancia (una posibilidad es recoger 500.000 firmas para promover su debate en el Parlamento).
– Denunciar por diferentes vías y ante la opinión pública los abusos y negligencias de las instituciones.
– Promover con nuestras acciones y actitudes que la gente de los pueblos y los barrios sea la que se comprometa solidariamente con la situación de sus niños -especialmente de los más desfavorecidos; haciendo posible alternativas personales frente a las institucionales.
– Evitar que los niños sean ingresados en centros de internamiento, promoviendo la acogida, incluso provisional, por familiares, amigos, grupos y personas vinculados al niño o integrados en su medio.
– Una propuesta, compartida por muchas personas, fue la de fortalecer nuestra lucha a través de algún tipo de Plataforma de defensa del niño desde las iniciativas que en este sentido se promueven por los distintos colectivos.
Siendo conscientes de que no va a resolver los problemas ni nuestras impotencias, debemos evitar darle un carácter institucional que reproduciría los males contra los que luchamos.
• Grupo de niños de la Coordinadora de Barrios de Madrid
• Centro Alternativo de Información sobre Niños y Jóvenes
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