LA NUEVA LEY ANTITERRORISTA BRITANICA ES UN ATROPELLO CONTRA LAS LIBERTADES

El pasado verano el gobierno británico aprobó una nueva ley antiterrorista que entró en vigor en febrero de 2001. Esta nueva ley supone un atropello contra las libertades individuales y colectivas y una violación de los derechos humanos más elementales. La nueva ley es un paso adelante hacia un estado aún más represivo.

Esta ley antiterrorista viene a sustituir a la antigua existente para Irlanda del Norte que fue suspendida dentro de las decisiones contempladas en el Acuerdo de Viernes Santo para garantizar la estabilidad en Irlanda del Norte. La paradoja de esta nueva ley antiterrorista es que ha sido aprobada en un momento en el que no hay una amenaza “terrorista” al haber abandonado la lucha armada los grupos involucrados en el conflicto irlandés (*).La nueva amenaza para el gobierno británico sin embargo parecen ser los grupos de acción directa.

Los mas preocupantes en la actualidad son los ecologistas (Earth First!, ELM), antimilitaristas (Ploughshares, CAAT), anti-modificacion genética (varias), activistas pro-derechos humanos y sobre todo, defensores de los animales, como el Frente de Liberación Animal (ALF). A este respecto, el ministro ya ha aclarado que no perseguirá a “l@s mundialmente aclamados activistas de Greenpeace.” A quienes no tengan la suerte de pertenecer a esta insigne organización, se les aplicaría el termino “terrorista”, pues si algo no hace esta ley es definirlo, relegando así la responsabilidad de hacerlo a las autoridades pertinentes. Según el ministro de interior, Jack Straw, “nada tiene que temer el que no ha cometido ningún delito, como con cualquier otra ley”. Sin embargo, para abogados y activistas pro-justicia, las experiencias de injusticias bajo la anterior ley no se han olvidado todavía: muchos irlandeses fueron detenidos aplicándoseles esa ley y sufrieron años de prisión siendo inocentes: Los 4 de Guildford (14 años), Los 6 de Birmingham (16 años) y otros muchos (ver artículo en Ardibelza 10). Los riesgos de injusticia con una ley tan susceptible a interpretaciones y tan arbitraria son alarmantes.

Bajo la nueva ley antiterrorista no se entiende simplemente como delito el daño a otras personas, sino también el daño a propiedades. Más aún: el mero hecho de informar sobre un acto que se entienda como terrorista sería también considerado delito: “el recoger información o datos presuntamente utilizables por una persona para cometer o preparar un acto de terrorismo (como lo define el estado) o el poseer un documento o dato conteniendo información de esta índole”. Por lo tanto, no sólo el daño material, sino también la producción, distribución o incluso la posesión de información son entendidos como un acto terrorista. La pena establecida para este delito es de diez años. Esto supone una flagrante violación de la más básica libertad de expresión. El subvencionar dichas actividades u organizar actividades benéficas con el mismo fin, también son estipuladas como crimen (5 años en este caso). La nueva ley permitirá a la policía los registros y accesos sin previa notificación o sin orden de detención o registro. Las posibilidades incluyen también la detención, simplemente por su imagen, de personas que se sospeche sean terroristas. Tampoco se incluye en la nueva ley la obligación de proveer un abogado. Ésta, como muchas de las ya mencionadas medidas, son violaciones del acta internacional de derechos humanos. La nueva ley se ha aprobado conjuntamente con el acta RIP (Regulación de Poderes de Investigación) que pretende impedir el uso libre de Internet a grupos de izquierda y subversivos (entre otros). La nueva ley antiterrorista incluye en su función el criminalizar a la nueva subversión cibernética o hackers. También se ha aprobado una nueva Acta de Información que está especialmente destinada a l@s periodistas y segun la cual “est@s se ven obligadas a informar de cualquier detalle que se pueda entender como “acto de terrorismo” a las autoridades”. Esta ley se puede considerar como una continuación del Acta de Justicia Criminal (CJA) que introdujeron los conservadores antes de que el laborismo tomara posesión del gobierno. En aquella ley, el derecho de asamblea y reunión era ilegalizado. Era una ley que se dirigía contra actividades como la ocupación, las fiestas libres (raves) y la obstaculización de cacerías con perros. Se entiende que esta ley ha sido aprobada para complacer a las multinacionales, preocupadas por los daños sufridos por los grupos de acción directa arriba mencionados y como reacción contra una nueva ola rebelde que se ha desatado desde que en noviembre de 1999, activistas impidieran la reunión de la Organización Mundial del Comercio (WTO) en Seattle. Aquí en Inglaterra, no obstante, las acciones de mayor envergadura habían ocurrido el 18 de junio anterior, coincidiendo con la reunión de los 7 Grandes en Colonia. Los daños a las multinacionales en Londres fueron cuantiosos.

EPILOGO

Desde que la nueva ley antiterrorista britanica entrara en vigor el pasado 19 de febrero pocas son las novedades. A principios de marzo, sin embargo, el Ministerio de Interior publicaba una lista con 20 organizaciones prohibidas bajo esta ley. Una novedad fue que, contrariamente a lo que se pensaba, la lista no incluía a grupos de accion directa (lo que no quiere decir que no vayan a utilizar la ley contra estos) ecologistas (desde un principio ya se adelantó que no incluiría al Greenpeace por gozar de cierto prestigio) ni activistas de la liberacion animal. Estos últimos han sido víctimas de una campaña de intoxicacion mediática en los últimos días en conexión con la campaña para cerrar Huntingdion Life Science, la mayor empresa de vivisección del Reino Unido. Otra novedad que cabe señalar es que esta lista incluye a dos organizaciones con las que se identifican un gran sector d ela comunidad de refugiados: el PKK kurdo y los separatistas Tamiles. En lo que concierne en Euskal Herria la novedad es que una de las veinte organizaciones es ETA. El hecho es significativo dado el alto número de vasc@s en Londres y el resto del país y teniendo conocimiento además de cómo la ley se está aplicando en el estado para destruir los movimientos ligados a la izquierda abertzale y de paso los próxim@s a otras ideas. Como podéis deducir, el apoyo de ETA aquí es más bien nulo y la comunidad vasca tampoco se prodiga en hacer política ni en estos tiempos duros de represión pepera. ¿Que conllevará esto? Esta por ver, pero no tiene buena pinta. El resto de organizaciones incluidas (17) son arabes desde palestinas como Hamas, argelinas o la organizacion del nuevo enemigo del imperio, Osama Ben Adin.

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