Ecologistas en Acción ha dirigido en el día de hoy un escrito de queja al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo en el que denuncia el inadecuado comportamiento del Fiscal encargado del caso por colocación de cebos envenenados y muerte de especies protegidas en una finca de Gerindote (Toledo). Este caso, cuya última vista fue celebrada el 4 de noviembre pasado, terminó con la absolución del único encausado al serle retirada la acusación por parte del propio Ministerio Público.

Los motivos de la queja se centran en la actuación del fiscal durante el desarrollo del caso, la cual se caracterizó en todo momento por la falta de diligencia a la hora de investigar los hechos y el escaso interés por contrastar los testimonios que incriminaban al único encausado. Esto llevó a que la propia fiscalía, en una actitud impropia de lo que son sus actuaciones habituales, acabara por retirar la acusación que había ejercido a la luz de las intervenciones de la Guardia Civil y de los Agentes Medioambientales.

Igualmente, el fiscal mostró una evidente intolerancia hacia los defensores del medio ambiente, que se tradujeron en una serie de afirmaciones e insinuaciones que realizó durante el juicio y que se vio plasmada claramente por su apoyo a que se retirara a WWF-ADENA la condición de personado en la causa aprovechando el extravío en el juzgado de unos poderes notariales.

Finalmente, y lo que es aun más grave, el fiscal se permitió introducir en el alegato final del juicio una serie de opiniones que nada tenían que ver con el desarrollo del mismo y que parecieron destinadas a los medios de comunicación y a criticar a los grupos ecologistas en un lugar en el que sabía no iba a tener réplica. Esta actitud poco elegante e impropia de quien dice representar los intereses públicos en los juicios, se constató en las afirmaciones y argumentaciones que realizó el fiscal en torno a la innecesariedad de dotar a Toledo de una fiscalía de medio-ambiente. El fiscal se permitió utilizar el estrado de un juzgado para criticar algo que viene demandado por la sociedad a través de las instituciones públicas a su máximo nivel en Castilla-La Mancha, esto es la Junta de Comunidades, y por las entidades de defensa de medio ambiente.

No cabe ninguna duda de que toda persona, incluido el fiscal aludido, tiene derecho a expresar sus opiniones, pero no es lícito ni moral que lo haga aprovechando un tribunal en el que se ve una causa muy concreta. El fiscal pone así en evidencia una posible falta de imparcialidad que le ha podido llevar a su vez a perder el caso que él mismo había iniciado.

Como resultado de todo lo anterior resultó verdaderamente patético observar en el día del juicio el agradecimiento del abogado defensor hacia el fiscal porque tras su alegato le había ahorrado toda necesidad de ejercer la defensa que había quedado ya sobradamente en manos de la fiscalía.

En el escrito de queja que remitimos a la fiscalía de Toledo, Ecologistas en Acción pide a la fiscalía que, por un lado, revise el caso para que verifique si ha sido correcta o no la actuación del fiscal, y que abra un expediente y, en su caso, sancione a este fiscal, por la forma en que ha llevado el caso y por utilizar el juicio para hacer valoraciones políticas y personales.

En Ecologistas en Acción creemos que el fiscal está legitimado para hacer públicas sus opiniones como cualquier ciudadano, en debates o ante los medios de comunicación, pero lo que no puede hacer es utilizar las instituciones judiciales a su antojo.

Ecologistas en Acción remitirá también sendos escritos a la Junta de Comunidades y al Ministerio de Medio Ambiente, para que valoren también lo ocurrido y, si lo estiman oportuno, apoyen la queja.

RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DEL FISCAL DURANTE EL CASO DE GERINDOTE:

1- No quiso profundizar en ningún momento en las graves contradicciones en que incurrieron los propietarios de la finca, quienes declararon primero que el imputado era el guarda del coto situado en dicha finca, en cuyas dependencias se encontraron una serie de especies protegidas muertas por disparo, así como cebos envenenados. Estas declaraciones luego fueron negadas sin más explicación.

2- El fiscal tampoco consideró relevante la declaración del Agente forestal que desvirtuaba la endeble línea de defensa del acusado basada en que su relación con el coto era meramente ocasional. El Agente identificó al acusado como el guarda de la finca precisamente porque los propietarios se lo habían presentado como tal.

3- Tampoco quiso en ningún momento averiguar quién era la sociedad fantasma que, según los propietarios, tenía arrendada la caza. Si se hubiera investigado se hubiera comprobado que realmente no existe como tal.

4- El fiscal, lejos de ver a la asociación ecologista WWF-Adena, personada en la causa como acusación particular, como un aliado y un colaborador de la propia fiscalía en la defensa de los intereses públicos, la ha visto desde el primer momento como un enemigo, centrándose más en conseguir que fuera apartada del proceso que en trabajar para el esclarecimiento y sanción de los delitos contra la fauna.

Este fiscal, hay que recordarlo, apoyó la propuesta de que WWF-Adena fuera expulsada de la causa por falta de legitimación, apoyando una solicitud que a nuestro juicio se produjo con clara mala fe procesal.

5- El fiscal calificó de forma insultante y despreciativa la actuación de las asociaciones ecologistas en la causa.

6- Resulta cuando menos sorprendente que en el propio juicio y de forma extemporánea el fiscal se pronunciara en contra de la creación de una fiscalía de medio ambiente. Precisamente su forma de llevar el caso y su actitud en el proceso son una prueba evidente de la urgente necesidad de tener una fiscalía medioambiental en Toledo.