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Editorial

Sin política ambiental

Para amplios sectores sociales resulta evidente que las dos legislaturas en las que ha gobernado el Partido Popular han resultado un retroceso en la cohesión social y política de la sociedad. La degradación ambiental que han supuesto, menos conocida y comentada, no desmerece del conjunto. El balance que podemos hacer desde el movimiento ecologista es muy negativo y, lo que es peor, con unas perspectivas de evolución, si continúan las tendencias actuales, bastante preocupantes.

El Partido Popular inauguró su mandato creando un Ministerio de Medio Ambiente, largamente reivindicado por el ecologismo, que pronto se mostró vacío de sensibilidad ambiental y de contenido. A pesar de su existencia, las políticas activas de protección de la naturaleza han brillado por su ausencia. Las Evaluaciones de Impacto Ambiental son un mero trámite que en muchos casos justifican políticas agresivas con el medio. Falta legislación y planes de protección, se han modificado leyes en sentido desregulador, falta presupuesto, la fiscalía de medio ambiente se encuentra sin medios suficientes y con trabas a su actuación; las directivas comunitarias medioambientales se transponen tarde o no se transponen y el Gobierno español se ha convertido en un gran obstáculo en el seno de la UE cuando se trata de aprobar medidas de protección ambiental y en el gran adalid de la desregulación y el liberalismo más salvaje (como ejemplo, exige el levantamiento de la moratoria al cultivo de plantas transgénicas).

Pero, posiblemente, los efectos más negativos para el medio ambiente de los gobiernos del PP provengan de las políticas sectoriales que, basadas en una economía productivista en la que el aumento de beneficios empresariales es el objetivo último y único, han supuesto un crecimiento en muchos casos desorbitado del consumo de recursos y energía y su consiguiente producción de residuos. La respuesta a los problemas generados ha sido siempre la de la oferta, en lugar de gestionar la demanda (ahí está el Plan Hidrológico Nacional), que se ha pretendido satisfacer a base de ofrecer la posibilidad de mayor consumo, que ha crecido de forma espectacular y junto a él, la escasez, la contaminación, las emisiones de CO2, la producción de residuos, la degradación del paisaje y de la vida urbana.

Entre las políticas sectoriales, hay dos que han adquirido un creciente papel como actividades destructivas y depredadoras y cuyo crecimiento desbocado lleva el sello de typical spanish. Se trata de las políticas de urbanismo y transporte que, al servicio del engorde de las cuentas de resultado de empresas de vieja raigambre en el capitalismo español más reaccionario (todo el sector de la construcción y los bancos), utilizan el conjunto del territorio como tierra de nadie (ya que para ellos no existen ni los pueblos, ni los paisajes, ni sus gentes, ni sus vidas), de la que sacar plusvalías especulando, o cementándolo, con la única función de servir de lugar de paso rápido entre dos puntos fuertes propicios para hacer buenos negocios.

La urbanización salvaje e incontrolada ha adquirido en estos años cotas mayores que en tiempos del desarrollismo franquista (casi medio millón de viviendas construidas en 2002, para un crecimiento de la población cercano a cero) y amenaza gravemente los pocos espacios vírgenes de la costa mediterránea, y casi todos los espacios agrícolas, forestales, de matorral, de prados o de dehesa, de una cierta calidad ambiental en el entorno de cualquier ciudad.

Por su parte, el espectacular aumento de la movilidad motorizada se basa en la construcción de grandes infraestructuras de transporte, especialmente autovías, autopistas y vías exclusivas para alta velocidad ferroviaria, pero también aeropuertos y superpuertos, con una inversión de más de 100.000 millones de euros. No existe en todo el mundo un programa similar de obras públicas; basta decir que España es el principal consumidor de cemento de la UE y el primer país europeo en kilómetros de vías rápidas, así como el único del mundo donde se construyen vías ferroviarias para circular a 350 km/h. El impacto sobre el territorio del Plan de Infraestructuras del Gobierno está siendo brutal, y no hay Comunidad, región o comarca que se vea libre de ellas.

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