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Editorial

La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible tendrá lugar en Johanesburgo (Sudáfrica) entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002. Diez años antes, la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, 1992), reunió al mayor número de gobernantes estatales jamás visto en una conferencia de la ONU. Se aprobaron varios documentos no vinculantes -la Declaración de Río, la Agenda o Programa 21 y los Principios para la Gestión y Conservación Sostenible de todo tipo de Bosques- y dos convenciones que fueron firmadas por la mayor parte de los estados presentes -la referente al Cambio Climático y la Convención sobre Biodiversidad-. Desgraciadamente, hoy día es difícil mantener el optimismo que, entonces, generaron todos los discursos y documentos que hablaban de la reconciliación entre desarrollo y medio ambiente.

Uno de los hitos más importantes de esta frustración tuvo lugar tres años después de Río, en 1995, en Marraquech, cuando el GATT se convierte en la Organización Mundial del Comercio, OMC. La discrepancia entre los objetivos de Río y lo que defiende la OMC es insalvable. Mientras que Río promovía la autoridad efectiva de los estados para legislar en favor del bien común ambiental, la OMC trabaja por debilitar el poder regulatorio de los estados en favor de la libre movilidad comercial. Como resultado, esta década ha acabado dominada por los repetidos intentos de crear un mercado mundial de libre circulación de capitales y mercancías, pero no de personas, dirigido por la ley de la oferta y la demanda. Uno de estos últimos intentos de convertir a la OMC en árbitro de todas las cosas es el que ha tenido lugar en la cumbre de Doha (Qatar).

A esta discrepancia de objetivos entre las promesas de Río y lo que defienden los grandes poderes económicos en el marco de la OMC hay que sumarle la muy distinta capacidad de presión para que sus políticas se lleven a cabo. A las recomendaciones que suponen la mayor parte de los acuerdos de Río se les oponen la importante capacidad sancionadora de la OMC y el descomunal poder y capacidad de presión de las empresas e instituciones que apoyan la tarea de este organismo.

Por otro lado, la ONU, en teoría una aliada de los pobres y desposeídos del mundo, ha dado un fuerte giro en los últimos años hacia las posiciones de los más poderosos del planeta. Ya en Río, la presión de las grandes transnacionales consiguió hacer desaparecer toda mención a su responsabilidad en la crisis socio-ambiental, y al mismo tiempo logró que no se adoptaran medidas vinculantes para la protección del medio ambiente que limitaran sus actividades.

Con vistas a Johanesburgo, las transnacionales están desarrollando un trabajo para lavar su imagen que sólo se puede calificar como de ímprobo. Como resultado, todo parece indicar que muchas de estas compañías, lejos de verse censuradas por sus actuaciones esquilmadoras de recursos y generadoras de injusticia social, conseguirán acuerdos con el "sello de garantía de Johanesburgo", lo que les permitirá aparecer como parte de la solución en la obtención del desarrollo sostenible.

Algunas cosas han mejorado en estos diez años, pero resulta diáfano que la situación ambiental y el reparto de la riqueza son mucho peores en el mundo que hace una década. Hasta ahora los gobiernos mundiales no han afrontado la contradicción existente entre el compromiso autoproclamado de las grandes empresas con el desarrollo sostenible, y la realidad de sus presiones para bloquear y debilitar las medidas necesarias para combatir las crisis ecológicas y sociales que padecemos hoy en día. Por ello, los líderes mundiales deben escuchar las demandas de todos los grupos de la sociedad civil, en el sentido de que no puede permitirse que las empresas continúen actuando como hasta ahora.

Más que nunca urge un giro radical en el sentido de ecologizar, de forma estructural y no decorativa, las relaciones sociales, con cambios sustanciales en el modo de producción y consumo, acompañados de la justicia social y la equidad y democracia participativa como herramientas de cambio político. No podemos esperar otros 10 años.

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