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Editorial

El Anteproyecto de Ley de Plan Hidrológico Nacional (PHN) presentado por el Gobierno el 5 de septiembre de 2000 ante el Consejo Nacional del Agua trataba, básicamente, de justificar la realización de un gran trasvase desde el bajo Ebro hacia la costa mediterránea, con la finalidad de cubrir unos supuestos déficit en las cuencas receptoras. Asimismo, se abordaban otros aspectos como el caudal ecológico, o un Programa de Infraestructuras en el que se incluía la construcción de más de un centenar de nuevos embalses, encauzamientos y depuradoras, así como numerosos proyectos de modernización de regadíos.

En este sentido, es destacable un cambio en relación con anteriores anteproyectos de PHN, que radica en la reducción de los trasvases a uno, el del Ebro, así como en la apuesta decidida por reducir las pérdidas en las redes de distribución, destinándose a este fin un presupuesto de 900.000 millones de pesetas.

En el Consejo Nacional del Agua del 5 de septiembre se decidió que la Comisión Permanente de dicho Consejo estudiara el PHN y elaborara un informe para su aprobación en la siguiente sesión del Consejo. A esa Comisión Permanente se incorporó, con voz pero sin voto, un miembro de Ecologistas en Acción en representación de los grupos ecologistas.

Tuvieron lugar trece sesiones de la Comisin Permanente, analizándose con detalle los estudios en los que se soportaba el trasvase, así como la totalidad de las alegaciones que se presentaron al PHN. Muchas de ellas -algunas de las más documentadas fueron presentadas por diferentes grupos de Ecologistas en Acción- además de criticar el trasvase y muchos de los embalses previstos, también señalaban graves carencias, fundamentales para la adecuada gestión del agua. Entre estas ausencias, destacar la protección del dominio público hidráulico por las ocupaciones y destrucción del mismo; la tipología constructiva de los encauzamientos, habitualmente muy dañina para los ecosistemas fluviales; o la necesidad de establecer un precio para el agua.

Como resultado de las alegaciones, las reuniones mantenidas en la Comisión Permanente, y las importantísimas movilizaciones sociales llevadas a cabo durante los cinco meses en que tuvieron lugar dichas reuniones, se consiguieron introducir en el anteproyecto de PHN varias cuestiones, algunas de ellas de gran importancia para la protección ambiental. Así, en el articulado se han incluido tres artículos: uno referido a la protección del Dominio Público Hidráulico y actuaciones en zonas inundables, que establecen la base para la eliminación definitiva de las construcciones y demás instalaciones situadas en estas áreas; otro sobre la consideración de las aguas subterráneas y su uso conjunto con las superficiales; y un tercero sobre la gestión eficaz de las aguas para abastecimiento.

También se han introducido modificaciones de una cierta entidad en seis artículos, destacando el relativo a la tipología constructiva de los encauzamientos, por el que se descarta prácticamente el uso del hormigón en estos encauzamientos fuera de los núcleos urbanos, y se apuesta por incrementar sustancialmente la anchura del cauce de máxima avenida y por su revegetación con especies arbóreas ripícolas autóctonas.

En lo que al Programa de Inversiones se refiere, se ha conseguido que desapareciese un total de catorce embalse de los inicialmente previstos, aunque, en el lado negativo está la inclusión de un nuevo embalse, el de Monteagudo (Ávila), cuya construcción ya se descartó hace diez años por su elevado impacto medioambiental.

Finalmente, la nueva propuesta de PHN se llevó al Consejo Nacional del Agua celebrado el 30 de enero de este año, aprobándose de forma mayoritaria con algunos votos favorables realmente sorprendentes, como fueron los de los gobiernos socialistas de Extremadura y Castilla-La Mancha, así como el del Gobierno Vasco. También votaron a favor la totalidad de los representantes de los regantes y de los usuarios de las diferentes cuencas. El representante de la Generalitat de Cataluña no asistió por ponerse repentinamente enfermo, aunque afortunadamente al día siguiente ya estaba completamente repuesto y en su puesto de trabajo. Por su parte, los tres representantes ecologistas votaron en contra, al igual que los representantes de cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, así como la mayor parte de los expertos y científicos.

El voto ecologista, contrario al PHN presentado a pesar de las mejoras incorporadas, se debe a que sigue contemplando la construcción del gran trasvase desde el bajo Ebro a la costa mediterránea, así como la construcción de una treintena de grandes embalses -de los cien previstos- con gran impacto. El trasvase, aparte de sus evidentes problemas ambientales, basa sus cálculos en hipótesis y supuestos a medio y largo plazo, que es más que dudoso que se cumplan. Así, por ejemplo, el cambio climático en marcha está reduciendo los recursos hídricos disponibles, por lo que es previsible que en algunas décadas no exista en el Ebro agua excedentaria que trasvasar. Por otra parte, el trasvase se justifica para cubrir déficit actuales existentes en la costa mediterránea; sin embargo, las demandas siguen creciendo en estas áreas de forma masiva, por lo que es muy probable que cuando el trasvase estuviese construido, los déficit fueran mucho mayores, no pudiéndose cubrir con sus aportes, como ya ocurrió con el trasvase Tajo-Segura.

Además, el trasvase tiene como finalidad favorecer a una agricultura intensiva, muy nociva ambientalmente, debido al uso masivo de fitosanitarios y abonos. Desde el punto de vista social también resulta inaceptable: se trata de un sector productivo donde se produce una brutal explotación de los trabajadores, pudiendo calificarse la situación de muchos de los inmigrantes como de semiesclavitud.

Los ecologistas consideramos que tanto el trasvase como sus posibles alternativas, las desaladoras, no son más que una huida hacia delante, y que lo que urge es frenar y disminuir la demanda, aunque para ello sea necesario abandonar regadíos -que casi siempre originan un aumento en los excedentes- o limitar el crecimiento urbanístico -a menudo no responde a las necesidades de crecimiento de la población local sino a incrementar las plazas para el turismo-. Por otra parte, muchos de los embalses proyectados en el PHN inundarían áreas de gran valor natural, bastantes de ellas incluidas en la Red Natura 2000, por lo que incumplen claramente las directivas europeas de aves y de hábitats. Tampoco se debe olvidar que, si se llevan a cabo las obras previstas, se inundarán varios pueblos, muchos de ellos ubicados en valles que se recuperaban de la pérdida de población que afecta a muchas zonas rurales gracias a nuevas actividades como el turismo rural.

Desde Ecologistas en Acción hemos recurrido ya ante los tribunales la construcción de seis de estos embalses, y seguiremos recurriéndolos conforme se vayan tramitando. Consideramos que estas obras son los últimos restos de una política hidráulica trasnochada y brutal, que originada en el siglo XIX, se continuó a lo largo del XX, pero que ya no tiene cabida en la actualidad.

Es urgente e imprescindible la apuesta por una política hidráulica basada en el uso sostenible del agua, lo que implica, simplemente, utilizar el agua disponible con la máxima eficiencia posible, respetando y recuperando los ecosistemas fluviales, y empleando el agua para satisfacer las necesidades reales de la población, y no como elemento básico para producir un desarrollo económico ambientalmente insostenible, socialmente injusto, que beneficia a unos pocos, y que responde sobre todo a las demandas de los mercados internacionales.

El pasado 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, prácticamente tal y como lo había aprobado el Consejo Nacional del Agua, remitiéndose el lunes siguiente al Parlamento. En la actualidad, esta cámara lleva a cabo su tramitación y discusión, para su aprobación definitiva como Ley. Sin embargo, ello no quiere decir que todas las obras que se contemplan en el mismo vayan a realizarse. Tanto el trasvase del Ebro como los embalses previstos, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que quizá algunas obras se desestimen si el procedimiento de evaluación de impacto ambiental se lleva a cabo de manera honesta, algo que, desgraciadamente, no resulta frecuente.

En todo caso, las multitudinarias manifestaciones llevadas a cabo en contra del PHN -Zaragoza, 8 de octubre de 2000, Barcelona, 25 de febrero y Madrid, 11 de marzo-, además de suponer un hito histórico en cuanto a movilización ciudadana por temas de carácter ambiental, delimitan un escenario de importante conflictividad social si el Gobierno continúa adelante con su Plan Hidrológico en los términos actuales.

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