Revista "EL ECOLOGISTA"

Muchos podíamos pensar que se trataba de una inocentada de mal gusto, pero no ha sido así: la juez de Sanlúcar la Mayor que ha instruido el caso "Aznalcóllar" ha archivado las diligencias penales. La mayor catástrofe ecológica que ha acaecido en Europa en la última década puede quedar impune, nadie es responsable del vertido de cinco millones de metros cúbicos de aguas y lodos contaminados a un río, a un parque natural y al mar. Sencillamente inaceptable.

La catástrofe ecológica que ha asolado el río Guadiamar y la comarca de Doñana es de un alcance sin precedentes, y debía haber servido para realizar una profunda reflexión sobre la seguridad medioambiental en nuestro país, y sobre el papel de las administraciones y de la justicia en la prevención y persecución de los delitos ecológicos. Hasta ahora el balance no puede ser más negativo, aquí los que contaminan cobran subvenciones, los que autorizan obras que se derrumban siguen en sus puestos, o ascienden. Nadie es responsable de nada.

La rotura de la balsa donde la empresa Boliden Apirsa tenía almacenados más de 20 millones de metros cúbicos de lodos altamente tóxicos, fue la crónica de una catástrofe anunciada. Desde 1994, los ecologistas venimos denunciando los vertidos sin control de esta empresa minera al río Guadiamar, y por ende, al Parque Nacional de Doñana. A principios de 1996 denunciamos ante la Consejería de Medio Ambiente las filtraciones de la balsa. Los responsables de la Consejería se inhibieron, limitándose a remitir la denuncia a la Consejería de Industria, que tampoco hizo nada al respecto. Las denuncias por delito ecológico en el Juzgado de Sanlúcar la Mayor también se archivaron, sin que se realizara investigación alguna. La juez que archivó las denuncias es la misma que ahora intenta dar otro carpetazo.

La instrucción de este caso ha estado plagada de despropósitos. A Ecologistas en Acción se nos exigió cinco millones de pesetas de fianza para poder ejercer la acusación popular, a la empresa Boliden no se le pidió fianza alguna, a pesar de que pudiera incurrir en responsabilidades de decenas de miles de millones de pesetas. De las más de veinte pruebas que hemos solicitado, no nos ha admitido ninguna, algunas de tanta trascendencia como la acumulación de las denuncias previas existentes, las declaraciones de responsables de las Consejerías de Industria y Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, o del técnico de Boliden que en 1995 denunció los graves defectos técnicos y el alto riesgo de rotura de la balsa. Ni siquiera se nos ha permitido incorporar el expediente que abrió la Consejería de Industria en 1996 por las filtraciones de la balsa. Nada de esto interesó a la juez, que ha intentado desde un principio desviar la instrucción hacia la vía civil entendiendo que aquí sólo ha habido daños a bienes y no un delito contra el medio ambiente. Igual de criticable ha sido la actuación del fiscal de medio ambiente de la Audiencia Provincial, que ha mostrado una absoluta pasividad, no solicitando pruebas de ningún tipo e inhibiéndose en los informes periciales. Si este vertido no es un delito contra el medio ambiente ¿qué hay que hacer para que la justicia aplique los artículos 325 y 326 del Código Penal?

Esta riada tóxica nos ha costado ya a todos los ciudadanos más de 30.000 millones de pesetas, sin contar los daños medioambientales, cuyas consecuencias a medio y largo plazo son impredecibles. Durante décadas quedarán inutilizadas para el cultivo miles de hectáreas; Doñana ha quedado afectada, pues la avifauna presenta altas dosis de metales pesados (ya han aparecido las primeras malformaciones en cigüeñas y esterilidad en rapaces); los acuíferos están contaminados; y en el estuario del Guadalquivir sigue prohibida la pesca y consumo de especies por la presencia de metales pesados. Boliden, tras cobrar 6.000 millones de pesetas de subvenciones, anuncia que se va, dejándonos paro, deudas y contaminación.

Ecologistas en Acción ha recurrido este auto, y confiamos que los magistrados de la Audiencia Provincial tengan más sensibilidad medioambiental y más cordura para acometer con valentía y profesionalidad la instrucción de un caso que se ha dilatado demasiado en el tiempo. Los ciudadanos, de donde emana en última instancia la justicia, exigen que se aclare quienes fueron los responsables de esta catástrofe y que paguen por ello. Lo contrario significaría un desprestigio para nuestra justicia, que demostraría ser incapaz de perseguir a los delincuentes medioambientales, y abriría las puertas a la más absoluta impunidad para las empresas que producen y almacenan residuos tóxicos.

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