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Un plan municipal contra los vecinos de Valladolid

Comunicado sobre la aprobación definitiva «condicionada» del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid

Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Valladolid

Jueves 28 de agosto de 2003

En el BOCyL de ayer miércoles, 27 de agosto, por Orden de la Consejería de Fomento se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, decisión administrativa que, salvo la corrección que pueda obtenerse por vía judicial, consolida un modelo de ciudad absolutamente planteado en favor de los intereses de las grandes empresas acaparadoras de suelo rústico.

En la línea de las salvajes y fraudulentas operaciones urbanístico-inmobiliarias al uso en el desarrollo especulativo y caótico de tantas otras ciudades españolas, de las que Madrid y su Comunidad autónoma y Marbella son claros ejemplos de los intereses económicos y políticos en juego, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid recalifica así 34 millones de metros cuadrados de suelo rústico, con lo que triplica el tamaño de la ciudad.

El nuevo suelo urbanizable permitirá a los «grandes señores del suelo» construir hasta 175.000 nuevas viviendas, con capacidad para albergar a más de 300.000 nuevos habitantes. Un panorama desarrollista descabellado para Valladolid que, abandonando la resolución de los problemas de la ciudad existente, mejora escandalosamente el patrimonio privado de los grupos inmobiliarios, a los que, por otra parte, se entrega prácticamente sin condiciones el determinar su futuro.

Las sustanciales modificaciones introducidas hacen inviable el reconstruir una ciudad sostenible y saludable, compacta urbanísticamente y socialmente vertebrada. A modo de ejemplo, entre otros efectos rechazables, proyecta:

1. La clasificación como urbanizable de buena parte del suelo de todo el término municipal.

2. La creación de un rosario de urbanizaciones inconexas, dispersas alrededor de la ciudad tradicional.

3. La multiplicación de los flujos motorizados con fuerte recarga del actual viario.

4. El crecimiento desproporcionado de los costes de gestión y mantenimiento de los servicios necesarios para atender las necesidades de esa nueva ciudad.

5. El incremento de los costes ambientales provocados por la desmesurada expansión de la ciudad y de la movilidad asociada a ésta.

6. El aumento de los consumos energéticos y las emisiones de contaminantes y residuos.

7. La destrucción de áreas agrícolas de gran valor productivo, paisajístico y cultural (Vegas del Pisuerga, Duero y Esgueva), con sus redes de acequias, huertas y granjas.

8. La concentración de los recursos económicos públicos y privados en desarrollar este tipo de «ciudad global», expresión de un modelo urbano duro y sometido a fuertes tensiones urbanísticas y sociales.

El foco desestabilizador, tanto en el plano social como en el ambiental, que convierte a Valladolid en la ciudad donde exclusivamente se hace dinero más que en el lugar en el que vivir, se fragua precisamente cuando las proyecciones demográficas oficiales prevén para Valladolid un incremento/decremento de población entre +8.000 y -10.000 habitantes.

Es inconcebible proyectar una nueva ciudad que desprotege suelos rústicos para permitir entre 80.000 y 175.000 nuevas viviendas, cuando el Plan General de Ordenación Urbana, que ahora se modifica, aún dispone de suelo para construir 23.000 viviendas y están en marcha convenios urbanísticos en suelos emergentes para otras 7.000 viviendas. Y esto sin contar con el añadido de otras 20.000 viviendas desocupadas, una buena parte de las cuales podría entrar en el mercado con políticas adecuadas de incentivación de su puesta en uso, extremo éste por el que evidentemente, dentro de su insensibilidad social, por el que no apuestan ni el Ayuntamiento de Valladolid ni la Junta de Castilla y León, interesados en favorecer los planes mercantiles y los proyectos económicos y antisociales de los grandes promotores y propietarios de suelo.

La Federación de Asociaciones de Vecinos lamenta que ambas administraciones, en conjunción con la Diputación Provincial, propicien el retorno al urbanismo vigente en el período 1950-1980, abandonando políticas de rehabilitación de la ciudad existente y de los barrios tradicionales, postergando la potencialidad de un Valladolid que, como ciudad abierta a los retos del siglo XXI, que comienza a partir de casco hist6rico habitado y convenientemente restaurado, que requiere un crecimiento agrupado que permita contemplar la ciudad como un todo y no como agrupación de partes, donde los barrios de siempre alcancen su pleno de actividad.

Actuaciones e intervenciones cercanas en el tiempo evidencian los procesos especulativos en que está inmerso Valladolid: el Plan Villa de Prado, el «pelotazo» de los terrenos de la azucarera Ebro, la práctica inexistencia de operaciones presentes y previsiones futuras para la promoción de viviendas sociales, la reducción paulatina del porcentaje de viviendas destinadas a alguno de los tipos de protección oficial, la opción de las administraciones por el tipo más caro de vivienda protegida (las denominadas de protección de la Comunidad, en detrimento de las protecciones de régimen especial y régimen general), la caótica venta de suelo público al mejor postor, la exclusión de las cooperativas de base en los concursos de suelo público, etcátera, a las que ahora se une un Plan General de Ordenaci6n Urbana que ofrece «barra libre» a los intereses de las grandes inmobiliarias.

Si los vecinos no se aprestan a cambiar los propósitos especulativos de Ayuntamiento y Consejería de Fomento, vuelven con toda su crudeza los viejos principios que rigieron la destrucción de Valladolid:

1º. El predominio de los intereses individuales sobre los colectivos, que erige el criterio de máximo beneficio privado en norma decisiva de la moral ciudadana y cuya manifestación más relevante ha sido y es la especulación del suelo y el altísimo precio de la vivienda.

2º. La supremacía de las iniciativas «espontáneas» de los particulares sobre la ordenación pública, que supone la expresa renuncia del Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León a la planificación social de la ciudad y la institucionalización del caos urbanístico.

La Federación de Asociaciones de Vecinos recurrirá la Orden de la Consejería de Fomento por la que se aprueba definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.

A la vez, presentará a la consideración de la opinión pública, para su conocimiento y debate, ciudadano, en todos los foros posibles, de base e intelectuales de Valladolid, del Plan Vecinal de Ordenación y Rehabilitación de la ciudad y sus barrios, una alternativa social y de futuro frente al Plan General oficial de las administraciones y el sector inmobiliario, en el que, bajo el lema «Proyecto Antípoda», viene trabajando desde hace meses, orientado hacia una visión integrada social y territorialmente, y basado en considerar tanto la necesidad de potenciar el crecimiento económico de Valladolid, como de corregir las deficiencias sociales, de calidad de vida y de mejora del entorno ambiental.