«El que contamina, cobra»

Empezamos el verano de verdad con una buena noticia, por fin. Hoy 6 de julio, después de cuarenta y dos años de sobresalto, cierra la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos. La última marcha a Garoña celebra a las puertas de la vetusta central una clausura determinada por la inseguridad intrínseca de la instalación y la negativa de sus propietarias, Endesa e Iberdrola, a asumir las inversiones derivadas del accidente de su reactor gemelo en Fukushima (Japón) y los problemas de fisuras en su vasija por defectos de fabricación.

Así que claro que Garoña cierra por razones económicas, como se esfuerza por recalcar el Gobierno. Y es que poner al día un reactor nuclear de primera generación con tecnología de los años 60 del siglo pasado no es barato. Nada barato. Claro que peor saldría hacerse cargo de la cuenta de un accidente nuclear grave, aunque para eso ya está el Estado, o sea tod@s, como hemos comprobado una vez más en Fukushima. Al fin y al cabo, la socialización de los riesgos es innata en la energía nuclear, la más subvencionada de las fuentes de electricidad.

Reconvertir el arsenal nuclear de la Guerra Fría en una industria “civil” exigió cuantiosas inversiones públicas aplicadas a la investigación y a la fabricación. Garoña fue posible gracias a los subsidios norteamericanos a su fabricante General Electric y a los beneficios otorgados por el tardo franquismo a las nucleares, uno de sus buques insignia junto a pantanos y polos de desarrollo. Este bajo coste privado de construcción hoy sólo es posible en el paraíso del capitalismo de Estado, China, el país donde el programa nuclear mantiene mejor pulso.

Luego llegaron la crisis del petróleo y los reactores de segunda generación, y con ellos las grandes inversiones privadas, en España en una quincena de instalaciones que casi llevan a la quiebra al sector, rescatado “in extremis” por la moratoria nuclear de 1984; algo así como el rescate bancario de ahora pero aplicado a las eléctricas. Todavía hoy seguimos pagando la aventura a través de la factura de la electricidad, donde hasta 2010 también se nos han venido cargando los costes estimados hasta 2070 de la “gestión” de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. Una gabela específica de Garoña es el reprocesamiento de su combustible gastado, que venimos pagando a través de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos ENRESA (18 millones de euros en 2012, según su último informe anual).

Con estas aportaciones extra de Estado y consumidores, no es de extrañar que hasta hace nada el lobby nuclear se jactara de que el kilovatio nuclear era el más barato, en pugna con el hidroeléctrico. Discurso que ha cambiado como de la noche al día, en cuanto los capitostes de las grandes eléctricas se han olido los nuevos impuestos a la producción de electricidad y a los residuos radiactivos, que entraron en vigor el pasado 1 de enero. ¿Lo que antes era jauja ahora es una ruina? Ni lo uno ni lo otro. Acerquemos el foco en el sistema de retribución, para entender algo mejor lo que se ventilan productores y Gobierno con el cierre de Garoña.

El Gobierno de Aznar aprobó en 1997 un sistema de pago de la energía eléctrica que por un lado abarataba el suministro por debajo de coste, y por otro abonaba las compras de electricidad al precio de la fuente de energía más cara que se necesitara cada día.

El resultado en el primer caso es el llamado “déficit de tarifa” que desde entonces viene reconociendo el Gobierno como deuda con las eléctricas, hasta ahora dicen que 26.000 millones de euros que supuestamente les tenemos que devolver entre tod@s vía factura de la electricidad o vía presupuestos. Este déficit incluye el desfase entre coste y precio del suministro, pero también las primas abonadas por los consumidores a las plantas de cogeneración a gas y a las energías renovables, los descuentos a las grandes industrias, las bonificaciones en las islas y Ceuta y Melilla, o la moratoria nuclear ya comentada.

En el otro lado de la balanza, tenemos los miles de millones de “beneficios caídos del cielo” que las compañías propietarias de centrales nucleares e hidroeléctricas, ya amortizadas, vienen acumulando año tras año por obtener una retribución muy superior a sus costes de producción, normalmente la de las centrales de gas natural, que son las que suelen marcar el precio diario de las compras de electricidad. O los 3.000 millones de “costes de transición a la competencia” que se estima se han abonado de más a las compañías eléctricas por una supuesta caída en sus ingresos, cuya devolución ningún Gobierno ha reclamado, que sepamos.

Más sorprendentes aún resultan los 1.000 millones de euros anuales que en concepto de “pagos por capacidad” abonamos a los propietarios de las centrales de gas (de nuevo las grandes eléctricas), que las construyeron en su día por su cuenta y riesgo, como compensación encubierta por su actual infrautilización a consecuencia de la crisis económica y el crecimiento de las energías renovables. O los 1.000 millones anuales que hemos pagado desde 2011 a las centrales de carbón (¿adivinan de quién?) por quemar mineral nacional y mantener de esta manera los cielos abiertos que arrasan la Cordillera Cantábrica, a beneficio de ladrones como Victorino Alonso, sin contar el resto de ayudas a la minería en estos años.

O sea, que con nuestras facturas y nuestros impuestos les estamos pagando cada año miles de millones de más a Iberdrola, Endesa y Gas Natural por sus centrales nucleares o por quemar carbón o gas, al tiempo que no dejamos de reconocerles el crecimiento del supuesto “déficit de tarifa”, deuda que encima el Gobierno le adjudica con total desfachatez a las energías renovables, cuyas primas han sido suprimidas. Una estafa energética que amenaza con suceder a la financiero-inmobiliaria en el “crack” permanente en que nos han instalado los Gobiernos del “España va bien” (de Aznar a Zapatero) y del delegado de la Troika, Rajoy.

Menos mal que tenemos ahí a la Junta de Castilla y León, que mientras se rasga las vestiduras por el cierre de la central de Garoña o la paralización de los cielos abiertos de Laciana le carga una tasa a los parques eólicos por su “impacto medioambiental” y asiste impasible al desmantelamiento del tejido industrial y el empleo asociado a las energías renovables. Es conocida la sumisión de nuestros gobernantes a los intereses de las grandes compañías eléctricas, de Aznar a González, pasando por Solbes, Salgado, Guindos, Acebes o Ana Palacio, por mencionar sólo los Presidentes o Ministros (sobre todo de Economía) que trabajan o han trabajado para las eléctricas después de cesar en su responsabilidad pública.

Pero al menos hoy no nos pueden quitar la satisfacción de ver como cierra una de las centrales eléctricas que más ha cobrado por contaminar.

Miguel Ángel Ceballos Ayuso
Geógrafo y miembro de Ecologistas en Acción de Valladolid